El juez Escalonilla descarta que Gara Santana o Teresa Arévalo, de Podemos, cuidaran de los hijos de la pareja y añade que la investigación permite concluir que tampoco otras personas ajenas a la formación lo hicieron
Irene Montero y Pablo Iglesias // Alberto Paredes / Europa Press – Archivo
El magistrado Juan José Escalonilla ha archivado la investigación acerca de las supuestas cuidadoras de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias en un auto en el que dice que no consta un solo indicio de que las imputadas Gara Santano y Teresa Arévalo se dedicaran a esa tarea, como ni siquiera consta que lo hiciera cualquier otra persona mientras ambos políticos percibían ingresos del partido o del “erario público”.
En un auto con fecha del miércoles, 27 de julio, el magistrado concluye: “De las diligencias de investigación practicadas no sólo no consta acreditado que Teresa Arévalo Caravallo o Gara Dolores Santana Suárez se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público”.
El juez Escalonilla abrió esta investigación como una pieza separada del caso Neurona, que parte de una denuncia de José Manuel Calvente, un empleado despedido de la formación de forma improcedente, según reconocieron los tribunales, y que llegó a denunciar una caja B en el seno del partido que el magistrado instructor también descartó. En este caso fue otra extrabajadora, Mónica Carmona, quien aseguraba que Iglesias y Montero urilizaban a una trabajadora del partido como cuidadora de sus hijos. A raíz de esa denuncia, el juez Escalonilla abrió una investigación que se ha dilatado 15 meses.
La denunciante hablaba de una denuncia interna y confidencial que no pudo investigar por su despido como responsable de Cumplimiento Normativo del partido. Carmona también adjuntaba, como presunta prueba, una factura de un viaje electoral a Alicante al que también había acudido la supuesta cuidadora Teresa Arévalo, pese a que era cargo del partido y estaba justificado en ese sentido el desplazamiento a un acto de la formación, según concluye el propio magistrado.
Una testigo también señalaba a Gara Santana, en aquel momento asistente del Grupo parlamentario de Unidas Podemos y, por tanto, asalariada del Congreso de los Diputados. Los hechos, por tanto, serían constitutivos de malversación de caudales públicos, lo que ahora descarta el juez. Es el argumento del juez Escalonilla para justificar la investigación de 15 meses con el siguiente párrafo: “No parece que los hechos a priori resultaran intrascendentes, salvo que se considere indiferente y por ello intrascendente la percepción de dinero público sin el consecuente desempeño de la función determinante de su percepción, dedicándose el perceptor a actividades privadas ajenas a la función pública asignada”.
Fuentes de Podemos han reaccionado esta mañana al archivo de la causa preguntándose “quién repara todo el daño reputacional causado a Irene Montero, a Teresa Arévalo y a Gara Santana”. “Han sido acusaciones falsas que tenían el propósito de perseguir a la gente de Podemos”, añade las mismas fuentes oficiales del partido.
El caso tuvo un amplio seguimiento por varios medios de comunicación. Vox ejerce la acusación popular en la causa
“Una investigación periodística sin valor probatorio”
El juez afirma que con lo que respecta a lo que él denomina “investigación periodística” del caso, no se le puede “otorgar valor probatorio alguno” y que, por tanto, la citada causa se circunscribe a la factura del viaje que aportó Carmona y a la declaración de una testigo, “dejando al margen la declaración de las investigadas”.
Esa testigo es otra despedida de Podemos, que ha denunciado al partido por ello, y quien aseguró ante el juez que Gara Santana iba todos los días a casa de Iglesias y Montero cuando los mellizos salieron del hospital, donde pasaron una temporada por complicaciones relacionadas con su nacimiento prematuro. La declaración de la testigo, María Elena González Jiménez, hablaba de visitas diarias, luego de dos por semanas. Igualmente de comentarios que había oído a Santana hablando por teléfono, pero añadiendo que no sabía lo que pasaba en la casa porque ella no entraba.
La testigo era una empleada que hacía labores de seguridad y traslado de los cargos del partido que mantiene un contencioso por su despido. “Cabe apreciar que dicha testigo pueda albergar un cierto resentimiento respecto de dicho partido y sus dirigentes”, admite el propio Escalonilla.
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