Fuentes de EH Bildu consideran que la decisión del Tribunal Supremo hecha pública hoy de repetir el juicio del caso Bateragune es el precio a pagar por haber apoyado las cuentas generales del Estado.
Este año ha sido clave para la imagen pública de EH Bildu: han participado en acuerdos de Gobierno, en actos de condena al terrorismo —como otros años pero, en esta ocasión, han trascendido— y han aprobado los Presupuestos Generales del Estado. Todo iba demasiado viento en popa para la coalición soberanista vasca y, cuando el viento sopla a favor de la normalización democrática en el País Vasco, no hay más que azuzar el fantasma de ETA para volver a empañar el horizonte. Fuentes de EH Bildu consideran que la decisión del Tribunal Supremo hecha pública hoy de repetir el juicio del caso Bateragune es el precio a pagar por haber apoyado las cuentas generales del Estado. Un juicio por el que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, junto con otros cuatro líderes políticos y sindicales, pasó seis años en prisión y fue inhabilitado de todo cargo público hasta 2021.
El Tribunal Supremo dictaminó en su sentencia que los acusados eran miembros de ETA —en el juicio previo, la Audiencia Nacional incluso les nombró dirigentes de la organización terrorista— y que seguían sus directrices para diseñar una estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas. El caso se juzgó cuatro meses antes de que ETA anunciara su cese definitivo y después de que, durante los años previos, Otegi animara a las bases de su partido a alejarse de la violencia.
En el mediodía de hoy, el alto tribunal ha mandado una nota de prensa en la cual anunciaba que, por unanimidad, el Pleno de la Sala —compuesto por 16 magistrados— ha acordado repetir el juicio que en 2012 determinó que los cinco condenados eran miembros de ETA, una sentencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbó en 2018 al considerarla injusta, debido a que la jueza Ángela Murillo vulneró el derecho de los acusados a tener un juicio imparcial.
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La Abogacía del Estado declinó recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que finalmente el Tribunal Supremo no tuvo más remedio que anular su propia sentencia condenatoria el pasado 31 de julio de 2020.
Cuando ya parecía que el caso Bateragune iba a quedar zanjado, a falta del juicio por indemnizaciones para las cinco personas encausadas, que cumplieron íntegramente la condena de hasta seis años y medio en la cárcel, el Tribunal Supremo ha dado una vuelta de tuerca e insiste en que, en cumplimiento del artículo 4.2 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se puede volver a juzgar en supuestos como el que ahora resuelve. Es la primera vez que la judicatura española, ante un tirón de orejas de la judicatura europea, decide volver a celebrar un juicio en vez de centrarse en la reparación de las personas absueltas.
El primer partido político en mostrar su opinión ha sido Ezker Anitza-Izquierda Unida, quien han valorado “muy negativamente” la decisión del Tribunal Supremo de volver a juzgar a las personas encausadas “en un proceso que nunca debió iniciarse”. En su día, la sentencia del caso Bateragune fue muy criticada incluso por líderes internacionales, como el expresidente de Uruguay José Mujica, la filósofa y activista Angela Davis o el exalcalde de Londres Ken Livingstone.
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