Este repaso de sentencias judiciales muestra la mentira y el insulto como modus operandi recurrente por parte de varios periodistas de la derecha contra dirigentes políticos, con especial saña contra los de Podemos
Pablo Iglesias e Irene Montero en una reunión de Podemos
Son recurrentes las noticias y las críticas a diferentes políticos, pero especialmente a los de Podemos, a los que se les acusa de presionar y coaccionar a los periodistas. Detrás de esa percepción se encuentra la tesis de que el político es fuerte y el periodista es débil. Se trata de una visión ingenuamente liberal que considera al político como parte de un Estado poderoso y coaccionador, y al periodista como un profesional libre y defensor de buenas causas.
Habría que empezar aclarando que el periodista es débil o fuerte en función de para qué medio trabaja. Y de que el político es fuerte o débil en función de qué poderes fácticos le apoyan. Hay muchos periodistas que no representan a nadie, pero que tienen detrás a emporios económicos y financieros importantes; y muchos políticos que a duras penas pueden sacar adelante sus propuestas a pesar de contar con apoyos ciudadanos masivos porque se enfrentan quizás a los poderes que sostienen a esos periodistas.
Si repasamos la casuística judicial, que no es precisamente un campo de poder comunista que embista contra los periodistas de la derecha, podemos encontrar numerosos casos en los que se ha demostrado que quienes acosan hasta el punto de ser condenados por los jueces, son más algunos periodistas a políticos que al contrario.
El columnista Hermann Tertsch fue condenado a indemnizar con 12.000 euros al padre de Pablo Iglesias por vulnerar el honor de la familia del vicepresidente del Gobierno en un artículo de ABC, publicado en 2016. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia dictada en julio de 2017 por un juzgado de Zamora. Además de la indemnización de 12.000 euros, Tertsch deberá publicar el contenido de la sentencia y tendrá que hacerlo «en los mismos medios utilizados para vulnerar el honor del demandante, es decir, a través de su publicación en el diario ABC y en su cuenta de Twitter».
En 2019 Tertsch fue de nuevo condenado por «intromisión ilegítima y una vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen» del padre de Pablo Iglesias. El periodista debió indemnizarle con 15.000 euros por relacionarle en Twitter con el asesinato de un policía en 1973, además de sufragar las costas, publicar la sentencia en la mencionada red social y correr con el coste de eliminar los tuits y todo su rastro en los buscadores de Internet. Los hechos denunciados ocurrieron el 5 de marzo de 2018. El periodista tuiteó un mensaje que decía: «Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutierrez (sic) asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie». Era falso porque el padre de Iglesias estaba en la cárcel en el momento del asesinato por repartir propaganda a favor del Primero de Mayo.
Otro insigne periodista condenado en numerosas ocasiones por atacar a políticos mediante mentiras es Eduardo Inda, tertuliano de LaSexta y director de OkDiario. Ya en 2007, trabajando en El Mundo, fue condenado como autor de un delito continuado de calumnias contra el ex alcalde socialista de Mahón, el arquitecto Borja Carreras-Moysi. La condena consistió en la pena de 18 meses y una multa, con una cuota diaria de 6 euros, además del pago de las costas procesales del pleito promovido por Borja Carreras como acusación privada. Los dos periodistas condenados tuvieron que asumir una indemnización de 9.000 euros.
En 2016, ya al frente de OkDiario, el Juzgado de Pamplona estimó la demanda presentada por el Gobierno de Navarra y le condenó a publicar un escrito de rectificación especificando la información inexacta que difundió sobre la adjudicación de la ampliación de un instituto.
Y continúa Inda vapuleado por los jueces. En 2018 un juez de Madrid decretó la apertura de juicio oral contra Eduardo Inda por un delito de calumnia, tras la querella presentada contra él por el secretario general de Podemos Valdepeñas, Luis Benítez de Lugo, al que atribuyó una falsa condena sobre un delito contra el patrimonio. Inda tuvo que depositar una fianza de 100.000 euros por responsabilidad civil y se enfrentó a una condena de dos años de prisión.
Eduardo Inda no ha dejado de acusar a Pablo Iglesias y a Podemos de numerosos delitos, entre ellos el de financiación ilegal de dinero procedente de Irán y Venezuela, sin que los jueces hayan dado credibilidad a ninguna de sus noticias.
Sin embargo, pese a las acusaciones desmontadas en los juzgados y con varias sentencias en su contra, Inda sigue denunciando que son los políticos los que acosan e intimidan a periodistas como él, un mantra con el que ha recibido, incluso, el apoyo de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Y seguimos con más ejemplos. En octubre de 2017 el Tribunal Supremo ratificó la condena de la Audiencia Provincial de Madrid contra el director de Periodista Digital Alfonso Rojo. El delito fue vulnerar el honor de Pablo Iglesias llamándole «chorizo», «mangante» o «gilipollas». Los hechos ocurrieron en marzo de 2014 durante dos debates televisivos en La Sexta noche y en El Cascabel. Si bien se bajó a 6.000 euros una indemnización que primeramente se estableció en 20.000 euros.
Más recientemente, el pasado mes de junio, el Tribunal Supremo condenó a Federico Jiménez Losantos por los comentarios que vertió en 2016 contra la entonces diputada de Podemos Carolina Bescansa por acudir con su bebé al Congreso de los Diputados. El periodista afirmó, el 10 de marzo de 2016 en un videoblog emitido por Libertad Digital, que la diputada había llevado al Congreso al niño «dopado… con anís o valium y el niño a dormir, el niño grogui» y añadió: «Pobre bebé de la Bescansa, debe de estar en algún contenedor porque ya no lo han vuelto a sacar, no sé qué habrán hecho con él, lo habrán dado en adopción…». Fue condenado a pagar 5.000 euros a Bescansa por intromisión ilegítima en su derecho al honor. A juicio del Supremo, esas expresiones muestran «desprecio hacia la dignidad de la demandante como persona, siendo indudablemente injuriosas y desconectadas de la crítica política propia de una sociedad democrática y plural».
Ni el Supremo, finalmente, ni la Audiencia Provincial de Madrid ratificaron otra condena a Jiménez Losantos por haber dicho en un programa radiofónico el 20 de enero de 2016: «Es que veo a Errejón, veo a la Bescansa, veo a la Rita Maestre, y me sale, me sale el monte, no el agro, el monte… si llevo la lupara disparo. Menos mal que no la llevo».
Un año antes, Jiménez Losantos fue condenado a por la propia Audiencia Provincial de Madrid a pagar 3.000 euros a Irene Montero por «intromisión ilegítima en el derecho al honor». La sentencia se refería a las descalificaciones y los insultos que realizó en antena el locutor en su programa Es la mañana. Se refirió a Montero como «analfabeta funcional», «matona barata», «incompetente», «inánine intelectual», «meganalfabeta», entre otros.
Montero llevó todos estos insultos que se produjeron en junio de 2017 ante la justicia, que le dio la razón. Además de tener que abonar solidariamente con la emisora la indemnización a la entonces portavoz parlamentaria, Jiménez Losantos fue obligado a leer la sentencia durante tres días seguidos en los boletines horarios de las 6, las 7 y las 8 de la mañana.
Este repaso de sentencias judiciales muestra la mentira y el insulto como modus operandi recurrente por parte de varios periodistas de la derecha contra dirigentes políticos, con especial saña contra los de Podemos.
Sin embargo, y aunque con frecuencia escuchamos y leemos alharacas indignadas sobre acosos de dirigentes de Podemos contra periodistas, no existe sentencia alguna que lo muestre o lo confirme. Una vez más la realidad es una: periodistas que atentan y acosan a políticos; y no la que cuentan: políticos que atacan y persiguen a periodistas. Con otro agravante: a los políticos podemos cesarles cada cuatro años en las urnas, a los periodistas los tenemos que aguantar mientras los que mandan en las empresas de prensa, radio y televisión quieran.
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Los daños en la tarjeta de Bousselham habrían sido producidos por un laboratorio especial, no por Iglesias – cuartopoder.es, 26-08-2020
La tarjeta SIM no estaba destruida. La empresa ha dicho que estaba físicamente intacta y se podrían haber recuperado los datos de haber abonado el servicio.
Pero miente y difama, que algo queda.
Aunque lo que acabe de verdad destruido sean las reglas del juego de la democracia. pic.twitter.com/5DkBMkFiVg
— Pablo Echenique (@pnique) July 25, 2020
