Aumenta la sospecha en el Gobierno de que AENA se regaló: ahora vale 6.000 millones más

La cotización del gestor aeroportuario se ha estabilizado en el entorno de 95 euros tras la euforia inicial. Las voces más críticas con la privatización, especialmente Hacienda, cargan ahora contra Fomento porque se podrían haber ingresado 2.700 millones más.

La privatización de AENA sigue dando de qué hablar más de cuatro meses después de su culminación, con la colocación en Bolsa del 49% del capital. El proceso provocó en su día fuertes disensiones en el Gobierno, desavenencias que no sólo no se han olvidado sino que se incrementan cada día. Los que fueron más beligerantes con la operación, especialmente el entorno del Ministerio de Hacienda, vienen deslizando en las últimas semanas la sospecha de que la red de aeropuertos públicos fue prácticamente regalada, toda vez que, hoy en día, el mercado valora a la compañía en 14.400 millones de euros, casi 6.000 millones más que el precio al que AENA salió a Bolsa.

La operación permitió al Estado ingresar algo más de 4.250 millones de euros, una cifra nada despreciable, pero que palidece frente a los cerca de 7.000 millones que hoy, apenas cuatro meses y medio después del debut bursátil de la empresa, vale el paquete que fue vendido.

Pasado un periodo de euforia inicial que originó la OPV de AENA y las operaciones especulativas de inversores institucionales, entre ellos los de Morgan Stanley y Merrill Lynch, colocadores de la operación, y Lazard, asesor del Gobierno en la salida a Bolsa, la acción se ha estabilizado en el entorno de los 95 euros. Los críticos con el papel del Ministerio de Fomento en la privatización consideran que ha transcurrido tiempo suficiente para determinar que la valoración de la compañía no fue correcta y que este aspecto ha hecho que el Estado ingrese cerca de 2.700 millones menos por la operación, mientras que algunos inversores internacionales han obtenido rentabilidades del 60% en un tiempo prácticamente récord.

Con el precio de la salida a Bolsa, 58 euros por acción, AENA valía aproximadamente 2.000 millones de euros menos que uno de los referentes del sector en el mundo, la francesa Aéroports de Paris, participada al 50% por el estado galo. Hoy, la capitalización bursátil del gestor aeroportuario español se aproxima a la resultante de sumar las de Aéroports de Paris y Fraport (gestor del aeropuerto de Francfort), otra de las comparables de referencia.

Estabilidad bursátil

Precisamente, las variables de estas compañías fueron tenidas muy en cuenta para fijar el precio definitivo de la privatización de AENA. Los comprables cotizaban por entonces a un equivalente de diez veces su beneficio bruto (Ebitda) menos su deuda. Con estas premisas, la valoración de la compañía española se situaría en el entorno de los 8.000 millones de euros, cifra muy próxima a la que finalmente fue vendida.

La cotización de AENA se vio alterada por el hecho de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se haya posicionado en contra de la congelación de las tarifas aéreas durante diez años, uno de los grandes atractivos de la OPV. AENA llegó a perder la referencia de los 90 euros pero no tardó en recuperarla, toda vez que la decisión ha sido recurrida tanto por la compañía como por el fondo TCI, el segundo mayor accionista de la compañía.

Los que en su día fueron detractores de la venta de AENA le recuerdan a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que incluso pretendió que la privatización fuera más barata, toda vez que los precios de referencia en el intento frustrado de salida a Bolsa que se produjo en noviembre eran inferiores. El proceso se suspendió por un supuesto defecto de forma que retrasó la OPV hasta febrero y que puso de manifiesto las disensiones en el Ejecutivo en torno a la operación.

Aquellos que defienden la operación tal y como se hizo, recalcan que era el último momento para llevarla a cabo y recuerdan que, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones autonómicas, hubiera sido imposible la venta ya los aeropuertos hubieran sido utilizados como arma por parte de los gobiernos regionales para pactar.