Ayuso pasa en 48 horas de manifestarse contra la ‘ley Celaá’ a despedir a 388 maestros de educación especial

  • La presidenta madrileña participó este domingo en una marcha contra la LOMLOE, que según sus convocantes intenta acabar, entre otras cosas, con la educación especial
  • Este martes acaban los contratos de los casi 400 profesores de apoyo que reforzaron a los alumnos con necesidades especiales
  • Educación defiende que su cese no impedirá que los alumnos sean “perfectamente atendidos por sus maestros que no son de refuerzo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la concentración contra la ley Celaá celebrada este domingo en Madrid // EP

El domingo acudió a una manifestación contra la ley Celaá para, entre otras cosas —y siempre según sus convocantes—, defender la educación especial, en supuesto peligro tras la aprobación de la nueva Ley de Educación. Dos días después, se deshace de 388 profesores y profesoras de refuerzo para los alumnos con necesidades especiales.

Es el doble rasero que ha mostrado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las últimas horas. Hace apenas un mes, el pasado 25 de noviembre, la dirigente conservadora mantuvo un encuentro con representantes de las familias con alumnos en centros de educación especial en la que mostró su apoyo al colectivo. “Cada familia y cada niño es distinto y son ellos los que saben qué camino han de tomar y nosotros no debemos confundirles ni obligarles a coger un itinerario y perder tiempo fundamental, sobre todo, en atención temprana”, dijo. El apoyo que mostró entonces ahora se ha disipado.

La presidenta madrileña ha sido una de las voces más críticas contra la ley Celaá dentro de su partido. La de este domingo, de hecho, no fue la única aparición pública en una manifestación contra la nueva ley que ha realizado. El pasado 22 de noviembre la derecha política recorrió las calles de 30 provincias españolas en una marea naranja convocada —igual que esta vez— por la Plataforma Más Plurales, que ha denunciado en distintas ocasiones que la ley Celaá aprobada en el Congreso de los Diputados conduce a los actuales centros de educación especial “a su progresiva desaparición”. Una afirmación que ni siquiera es cierta. Según explica la propia norma recién aprobada, el objetivo del Gobierno es que “en el plazo de diez años, […] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad“, que seguirá teniendo como opción acudir a centros de educación especial.

Sin embargo, mientras Ayuso tendía la mano derecha a la educación especial mostrándose como una de sus grandes defensoras, usaba la izquierda para coger la tijera y despedir a un total de 388 maestros que dan apoyo a miles de alumnos con necesidades especiales, tal y como ha denunciado este lunes la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional (PATDI). De todos ellos, 340 son profesores de pedagogía terapéutica y 44 de audición y lenguaje, algo que, según la organización, aumentará la brecha entre el alumnado. “La pandemia y los seis meses que los ACNEEs [alumnos con necesidades educativas especiales] han estado sin asistir a clases presenciales han acentuado la brecha de dificultades que este colectivo viene sufriendo por la escasez de recursos específicos de apoyo: pérdida de rutinas y hábitos de trabajo, afectación emocional, etc. Los recursos humanos eventuales contratados no solo deben permanecer, sino incrementarse: más profesionales y más contratados a jornada completa”, critica la Plataforma.

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid explicó inicialmente a preguntas de infoLibre que todos estos profesores han sido un “refuerzo fuera del horario lectivo que nada tiene que ver con el normal desarrollo de la actividad docente de los centros”, por lo que “todos estos alumnos seguirán a partir de ahora perfectamente atendidos por sus maestros que no son de refuerzo“. Sin embargo, en la misma respuesta remitida este lunes, Educación reconocía que el refuerzo “estaba pensado para dar un apoyo extraordinario a los alumnos con más dificultades” y, por ese motivo, “parte de los maestros contratados han estado atendiendo a alumnos con necesidades educativas especiales”.

Tras la publicación de este artículo, el equipo del departamento dirigido por Enrique Ossorio se puso este martes en contacto con este periódico para hacer varias matizaciones. “No se trata de un despido, puesto que estos profesionales firmaron su contrato con fecha de finalización, el 22 de diciembre, con lo que se cumple su contrato, no se despide”, según la Comunidad, la única en deshacerse de estos profesionales en plena pandemia. Además, aunque parte de estos docentes atendieron a alumnos “con necesidades educativas especiales”, según reconoce la propia consejería, “ninguno” de ellos “han ejercido su labor en los centros de Educación Especial”, señalan.

Como admite el propio equipo de Ossorio, 60.959 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (el 91,7% del total en la Comunidad de Madrid) “están integrados en centros ordinarios”. Es decir, que mucho antes de que la Ley Celaá entre en vigor, la Comunidad ya atiende a la abrumadora mayoría de estos alumnos en centros ordinarios a los que estos 388 docentes no volverán después de las vacaciones de Navidad.

Madrid, la única comunidad que se deshace de docentes

Esos 388 profesores forman parte de los 1.117 maestros de refuerzo que se contrataron para este curso con el objetivo de acabar con las carencias derivadas de la crisis sanitaria del covid que la Comunidad de Madrid despedirá este martes 22 de diciembre. Será la única región que lo haga. Según informaron los sindicatos UGT y CCOO a infoLibre, la mayoría de autonomías prorrogarán los contratos de los docentes hasta el 30 de junio, aunque algunas como la Comunitat Valenciana lo harán hasta el 31 de agosto. Madrid, en cambio, explica que todos ellos “firmaron sus contratos para el primer trimestre del curso”, así que “conocían la caducidad de sus contratos”. La decisión, según estimaciones de los sindicatos, deja casi en pañales a 20.000 alumnos madrileños.

En cualquier caso, y según afirmaron los sindicatos, estos despidos afectan a muchas más personas. Según sus cálculos, a alrededor de 1.500 si se tiene en cuenta al personal no docente que también verá cómo el contrato que firmó a principios de curso finalmente no es renovado.

Según la Consejería, el objetivo de la contratación de esos 1.117 docentes de refuerzo era cumplir con el Plan específico de refuerzo “con el objetivo de desarrollar medidas educativas concretas para determinados alumnos con desfase curricular debido a la pandemia“. En otras palabras: ayudar a que las carencias que los alumnos más desfavorecidos pudieran haber desarrollado tras meses de confinamiento. Pero la realidad no ha sido esa. Tal y como criticaron los sindicatos, los maestros cumplieron todo tipo de funciones. Por eso son aún más imprescindibles. Educación, no obstante, insiste en que esos docentes “fueron contratados de forma excepcional para ayudar a aquellos alumnos, que por diferentes razones no habían seguido la actividad educativa a distancia durante el confinamiento, a alcanzar los objetivos educativos establecidos para su nivel”. Fueran de escuelas de educación especial o de educación ordinaria.

Defiende su gestión de la educación especial y olvida la atención temprana

A pesar de la decisión y de que a partir de este martes 388 profesores de educación especial desaparecerán de las aulas madrileñas, desde Educación aseguran que la Comunidad destinó el pasado curso más de 310 millones de euros para la atención a la diversidad en los centros sostenidos con fondos públicos. “Esta cantidad refleja la importancia de la educación inclusiva para el Gobierno regional, que considera que es la que da la mejor respuesta a la necesidad de cada alumno y por eso defiende la labor que se realiza con los alumnos con necesidades educativas especiales tanto en los centros de educación especial, como la que se realiza en los centros ordinarios con apoyos educativos”, explican.

“La Comunidad de Madrid ha incrementado este curso escolar un 23% el número de aulas TGD [para alumnos con trastornos generalizados del desarrollo], lo que se traduce en 110 nuevas más”, insiste la Consejería, que cifra en 2.955 el total de plazas destinadas a estos alumnos.

Desde la PATDI, en cambio, denuncian que estos despidos se suman “a una serie recurrente de agravios en los ámbitos educativo, sanitario y social”. “Recordamos que a 30 de noviembre en la Comunidad de Madrid había 1.612 niños en listas de espera para acceder a una plaza en la red pública de atención temprana; que ya son más de ocho meses de media para ser valorada la necesidad de atención tempraa; y que la cobertura de esta red es de las más bajas de España, cubriendo sólo a un 14% de los niños que se estima lo necesitan”, denuncian.


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