La presidenta continúa así con el legado privatizador de la exlideresa y lo hace en plena desescalada sanitaria. La dirigente conservadora ha aprovechado un plan de ampliación del centro por valor de 21 millones de euros para camuflar la decisión.
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La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso durante su visita al Hospital Niño Jesús // Comunidad de Madrid – EFE
La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso apenas ha necesitado un día en la fase 1 para avanzar por la senda privatizadora del PP en la región. La dirigente popular ha aprovechado una visita al Hospital Niño Jesús de la capital para anunciar la entrada de capital privado por primera vez en esta institución, que hasta ahora ha funcionado íntegramente con fondos públicos.
De esta forma, Ayuso continúa con el legado privatizador de la expresidenta Esperanza Aguirre, quien durante sus años al frente de la Comunidad de Madrid dio luz verde a la entrada de empresas privadas en la gestión de hasta siete centros hospitalarios madrileños: el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Sofía (Alcobendas), el Hospital del Tajo (Aranjuez), el Hospital del Sureste (Arganda), el Infanta Cristina (Parla), el Hospital del Henares (Coslada) o el Hospital de Valdemoro. Un modelo que puede haber generado unos sobrecostes de 3.000 millones de euros para las arcas públicas, según denunció en febrero Más País.
Ciudadanos se unió a la oposición en contra parking bajo El Retiro que promovía Almeida
Eso sí, este anuncio ha llegado camuflado entre el plan de la presidenta madrileña para ampliar las instalaciones del centro hospitalario infantil con un nuevo pabellón de unos 9.000 metros cuadrados y la construcción de un aparcamiento subterráneo.
Este último proyecto, por cierto, recuerda mucho al parking que el alcalde de la capital, el también popular José Luis Martínez-Almeida, intentó llevar a cabo en el Ayuntamiento. Finalmente, el regidor no pudo materializar sus intenciones, dado que sus socios de Gobierno (Ciudadanos) se opusieron a la medida y se unieron a la negativa de oposición y vecinos.
El macroproyecto que supone la ampliación del complejo tendrá un coste estimado de 21 millones de euros, por ahora. La financiación, según ha explicado Ayuso, correrá a cargo del sistema de colaboración público-privada. Así, el Hospital Niño Jesús dejará de ser un centro de financiación 100% pública.
En concreto, el coste de la inversión total según el plan de viabilidad es de 10.997.840 euros para el nuevo pabellón, y de 10.100.000 euros para el aparcamiento. La obra se realizará mediante un contrato de concesión administrativa de la explotación del aparcamiento subterráneo, con una duración máxima de 40 años y el concesionario deberá asumir las dos partidas de inversión.
En cuanto al coste de construcción del aparcamiento se ha valorado en función del número de plazas mínimas con un coste por plaza de 12.500 euros, incluyendo gastos generales, beneficio industrial, honorarios y licencias.
El movimiento de la presidenta madrileña llega con la región estrenando la fase 1 de la desescalada y con un sistema sanitario público exhausto tras dos meses de lucha contra la covid-19. De hecho, desde el Colegio de Médicos de Madrid se considera necesario que las inversiones se realicen en la contratación de personal para hacer frente a posibles rebrotes y mejorar el sistema de rastreo.
«Al ICOMEM le consta que los profesionales de la Atención Primaria; cuyo papel es clave en la detección de nuevos casos, continúan en la misma situación de precariedad que hace una semana«, avisó el pasado sábado la institución en un comunicado.
De hecho, el propio presidente del ICOMEM, el doctor Miguel Ángel Sánchez Chillón, aseguró que les sigue «preocupando» que el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid no tenga la capacidad para aguantar una nuevo aumento de los contagios en la región. «Dudamos de la capacidad de resolución que podemos tener en la nueva fase ante el inminente regreso a las consultas de pacientes con patologías crónicas o en seguimiento de enfermedades agudas no relacionadas con el coronavirus», advertía el sanitario.
El anuncio, un día después de la protesta sanitaria
Además, el anuncio de Ayuso sobre el hospital de la capital llega unas horas después de que los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud protagonizaran una de las primeras movilizaciones del sector en la región desde el comienzo de la pandemia.
Frente a las puertas de varios complejos hospitalarios de la Comunidad, como el de La Paz, el 12 de Octubre o el Infanta Sofía, el movimiento Sanitarios necesarios convocó a los profesionales del sector que durante estos meses han trabajado de forma incesante para dar la mejor respuesta posible a la epidemia de covid.
«Lo realizamos enteramente por la población, por sus derechos y para poder prestar la mejor atención sanitaria posible siempre. Lucharemos hoy y siempre porque la Sanidad sea pública y de calidad», manifestaba la plataforma en su redes sociales tras la multitudinaria protesta.
Lasquetty, el cerebro de las privatizaciones
Dentro del Ejecutivo madrileño hay una figura que destaca por su inclinación por las privatizaciones del sector sanitario: Javier Fernández-Lasquetty. El actual consejero de Hacienda, una de las áreas más relevantes del Gobierno regional, fue uno de los mayores impulsores de la entrada de financiación privada en los hospitales.
Lasquetty ha sido uno de los máximos exponentes del liberalismo y la ausencia de intervención pública durante los 25 años en los que la Comunidad de Madrid ha estado gobernada por los populares. Siempre cerca de Esperanza Aguirre, a la que debe sus nombramientos como consejero de Inmigración y Cooperación (2008-2010) y de Sanidad (2010-2014).
Fue en este último periodo cuando Lasquetty trató de aplicar sus recetas privatizadoras con más firmeza. Finalmente, su intención de poner en manos de empresas privadas la gestión de seis hospitales de la red pública madrileña y 27 centros de salud le acabaron costando el cargo.
La oposición total de las calles y de los propios profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid dieron lugar a las protestas conocidas como Marea Blanca, en defensa de la sanidad pública. Los tribunales acabarían por tumbar estos planes de privatización, dejando a Lasquetty sin más opción que dimitir.
