Banqueros y familiares de políticos de Vox y el PP: las últimas sicavs que se han dado de baja

El goteo de cierres prosigue, con 29 desde mayo; la última, la de la familia de un senador de la formación ultraderechista

El senador de Vox Jacobo González-Robatto, junto a Abascal y Espinosa de los Monteros en el Congreso // EFE

Sigue el goteo de cierres y bajas de sicavs, uno de los vehículos de inversión predilectos de las grandes fortunas. La clausura de este tipo de sociedades se aceleró tras el comienzo de la desescalada y la tendencia ha continuado en las últimas semanas.

Entre las bajas recientes hay dos sicavs administradas por antiguos ejecutivos de banca vinculados a políticos del PP y de Vox. La última es Mugardos Inversiones, que el pasado jueves aprobó su conversión en sociedad anónima. Con un patrimonio de 2,943 millones de euros en marzo y gestionada por Credit Suisse, está administrada por el ex banquero Jacobo González-Robatto (presidente), su esposa (que ejerce como consejera y secretaria) y un hijo de ambos.

González-Robatto fue consejero delegado de Barclays en España, director general corporativo y financiero del extinto Banco Popular y presidente de Nueva Pescanova. Es padre del senador y parlamentario autonómico de Vox en Andalucía Jacobo González-Robatto Perote, que hasta abril de 2019 fue consejero de esta sicav. En su declaración de bienes en el Senado (fechada en diciembre de 2019), el ex asesor financiero de la formación ultraderechista decía tener acciones en una sociedad de este tipo a la que no identificaba, con un valor de 29.129,62 euros.

Se trataría de Mugardos, cuyos principales accionistas eran hasta marzo dos personas físicas que tenían el 95,45% de sus acciones, según la información disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resto de socios (tenía 230 accionistas) eran lo que en el argot del sector se conoce como mariachis, sin apenas participación. elDiario.es contactó con Vox el viernes para confirmar si el senador González-Robatto participa en esta sicav. La formación de extrema derecha no respondió. Su política, recordó una portavoz del partido, es no atender a este medio.

El 26 de junio comunicó su liquidación a la CNMV Lampione Sicav, presidida por otro banquero, Juan Manuel Delibes Liniers, ex consejero ejecutivo de Banesto. La administraba junto a su esposa e hijos y en marzo tenía un patrimonio de 2,466 millones. Este financiero, sobrino del escritor Miguel Delibes y descendiente por parte materna de Jacques de Liniers, conde de Buenos Aires y virrey del Río de la Plata durante el reinado de Carlos IV, es hermano de Alicia Delibes, actual presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, donde cobra 82.295,52 euros anuales.

Alicia Delibes, ex viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre (su jefa era Lucía Figar), ex concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid y recientemente repescada para lo público por Isabel Díaz Ayuso, está casada con otro exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid, Regino García-Badell, sobrino del expresidente franquista Carlos Arias Navarro y primo del empresario corrupto Gerardo Díaz Ferrán.

La mano derecha de Jaime Botín

Por patrimonio gestionado, la baja más relevante de las últimas semanas corresponde con diferencia a la sicav C&S Pamel Inversiones. En marzo acumulaba 32,46 millones y su liquidación se aprobó el 9 de julio. Su presidente es Rafael Nebreda, «experto en planificación fiscal» y tesorero de la Federación Española de Golf. Como consejero figura Ricardo Luis Egea Marcos, ex directivo de Bankinter y mano derecha de Jaime Botín. Egea estuvo imputado en el caso de fraude fiscal del banquero con la compra de un jet privado que desveló en 2014 elDiario.es. Esta sicav no aclara en sus cuentas quiénes son sus accionistas. En 2018, cuatro personas físicas tenían el 82% de sus títulos, según sus últimas cuentas publicadas.

También manejaba un importante patrimonio, 27 millones a cierre de 2019, otra sicav dada de baja recientemente, Syriane Capital, que tras los reembolsos realizados en el primer trimestre llegó a marzo con 6,11 millones bajo gestión. En 2019, el 87,45% de sus acciones estaba en manos de la sociedad Cardasi SA, de la familia Perán, dueños del conocido fabricante alicantino de calzado Pikolinos.

Vinculada a otra gran empresa, el grupo vasco Velatia, está Atienza de Inversiones, administrada por Begoña Ormazábal, de la familia que controla ese grupo industrial y tecnológico vizcaíno. Fue liquidada el 16 de junio y en marzo atesoraba algo más de 4 millones.

Como viene siendo habitual, entre las bajas recientes también hay alguna relacionada con miembros de la nobleza, como Inversiones Iberbaum, administrada por los hermanos Fernández-Ullivarri, hijos de la marquesa de Campo Ameno, Ana María Fernández-Corugedo y Fernández de Cotarelo. Fue transformada en sociedad limitada el 25 de junio y tenía unos 4,2 millones de patrimonio.

Desde el 8 de mayo, cuando ya se había aliviado el confinamiento por la emergencia sanitaria, hasta el 23 de julio, 29 sicavs habían comunicado su baja de este régimen a la CNMV, lo que supone más de la mitad de todo 2020 y equivale a un cierre cada 1,9 días laborables. En mayo se batió un récord de bajas en lo que va de año, con trece en el mes, según datos recopilados de los registros de la CNMV. Son datos provisionales, porque muchas bajas se comunican al regulador bursátil con meses de retraso. En lo que va de 2020, han abandonado ese régimen 51 de estas sociedades.

El número de sicavs lleva años en retroceso, tras las repetidas promesas de incrementar los controles sobre ellas. Antes del parón provocado por la gran reclusión, el goteo de cierres se intensificó, tras un 2019 en el que se dieron de baja sociedades vinculadas a políticos del PP y millonarios acogidos a la amnistía fiscal que aprobó este partido en 2012.

El acuerdo programático de PSOE y Podemos planteó, dentro del paquete de medidas de lucha contra el fraude fiscal, «un mayor control» sobre estos instrumentos, otorgando «a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las SICAV en la normativa financiera» y con un coto al uso de los llamados mariachis. La promesa, como tantas otras cosas, quedó en suspenso tras el tsunami del coronavirus.