- Dos años después de la declaración del estado de alarma, los familiares de residentes fallecidos culpan a la Fiscalía de que “no se esté haciendo justicia”
- Entre las lagunas de las investigaciones del Ministerio Público destacan la falta de análisis de los protocolos que impidieron traslados a los hospitales y que no se llama a declarar a posibles testigos de cargo
- Tampoco se intenta saber quiénes son los responsables de la falta de medios de las residencias y se pide a los denunciantes que aporten pruebas que ellos no pueden conseguir
Manifestantes en Madrid reclaman justicia para las víctimas de las residencias // EP
El decreto del estado de alarma, del que este lunes se cumplen dos años, cambió la vida de todas las personas que residían en España. El confinamiento obligatorio en los domicilios era la confirmación de que la crisis sanitaria iba a ser muy seria, aunque probablemente nadie podía imaginar aquel 14 de marzo de 2020 que la pandemia iba a destruir en un par de meses la vida de 20.000 mayores en las residencias. Y en unas circunstancias terribles. Morían solos, porque sus familiares estaban encerrados en casa, y en miles de casos sin recibir la más mínima asistencia sanitaria. Y los enterraban de forma casi clandestina, al quedar prohibidos los velatorios y limitarse a un máximo de tres las personas que podían asistir al funeral.
Dos años después, hay familiares que siguen preguntándose si la persona que enterraron sería realmente su madre o su padre, porque ni siquiera pudieron verla y la única “prueba” era su nombre escrito en un papel sobre la caja fúnebre.
Al dolor por la pérdida de un ser querido, pronto se añadió la rabia cuando empezaron a conocerse los conocidos como protocolos de la vergüenza en comunidades como Madrid o Cataluña que impidieron el traslado de los mayores a los hospitales, o se supo que la prometida medicalización de las residencias no se había llevado a cabo, o se desveló el caos organizativo en el que naufragaron algunos centros.
Ante esos hechos, los familiares de las víctimas empezaron a exigir «que se conozca la verdad y se haga justicia«, especialmente a través de sus dos principales organizaciones: La Plataforma y Marea de Residencias.
La primera demanda chocó pronto contra un triple muro. El de algunos políticos que, como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, mintieron sobre las decisiones que habían adoptado. El de los cómplices de esos políticos: medios de comunicación que ocultaron de forma sistemática la verdad sobre los protocolos y sobre la prohibición de derivar residentes a los hospitales, mientras difundían el bulo de que Pablo Iglesias era el responsable de lo ocurrido en las residencias. Y el de personajes relevantes como el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, que se dedicó a hacer de altavoz de discursos políticos que manipulaban la realidad sobre los protocolos y las derivaciones.
Sin embargo, muchos familiares confiesan que lo que no esperaban en absoluto es que su segunda demanda tampoco fuese a ser atendida. Y a la hora de denunciar de quién es la máxima responsabilidad de que “no se esté haciendo justicia” apuntan de manera casi unánime en una dirección: la actuación de la Fiscalía.
No están solos en esa denuncia. En un demoledor informe presentado el pasado 31 de enero, Amnistía Internacional señaló que la mayoría de las investigaciones del Ministerio Público “no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia» para aclarar lo ocurrido y criticó que no se hayan “investigado adecuadamente” los protocolos de no derivación a hospitales, “responsables directos” de que miles de personas no recibieran asistencia sanitaria “al menos en Madrid y Cataluña”. La conclusión de la organización era elocuente: “Corremos el riesgo de una generalizada impunidad«.
Después de casi dos años de pasividad, la Fiscalía General del Estado pareció reaccionar al informe de Amnistía Internacional. Dos días después de su publicación, el 2 de febrero, el órgano que dirige Dolores Delgado envió un escrito a las Fiscalías de Madrid, Barcelona y Castilla-La Mancha reclamando que, en el plazo de 30 días, le remitiesen información sobre los procedimientos penales abiertos en sus respectivas demarcaciones. Ha pasado casi mes y medio y la Fiscalía General no ha vuelto a informar sobre el asunto.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado // EFE
Cuatro grandes lagunas en la investigación fiscal
Un análisis detallado de las actuaciones del Ministerio Público, como el realizado por Aministía Internacional, demuestra que esa “deficiente investigación” fiscal se basa en cuatro grandes lagunas que se han repetido de forma casi sistemática desde que familiares de víctimas empezaron a presentar las primeras denuncias y querellas en la primavera de 2020.
La primera laguna es que son los familiares de las víctimas quienes tienen que impulsar las investigaciones, ante la pasividad generalizada del Ministerio Fiscal. Así lo denunciaba Safira Cantos, responsable de la investigación en Amnistía Internacional España: “En muchos casos, son los propios familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones, muchas veces inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensión”. Por ello, la organización reclama “un papel proactivo” de la Fiscalía, de forma que impulse las investigaciones cuando se inicia un procedimiento y actúe de oficio cuando tenga conocimiento de un posible hecho delictivo relacionado con lo ocurrido en las residencias.
Una segunda laguna es que la Fiscalía evita tomar declaración a cualquier persona que pueda disponer de alguna prueba de cargo. La lista es enorme. No pregunta a los familiares de las víctimas, hasta el punto de que solo en Madrid y Barcelona se han archivado diligencias de investigación de al menos 129 casos “sin haber llamado a testificar a familiares para que pudieran participar en el procedimiento y aportar información”, según datos de Amnistía Internacional. No llama a directoras de residencias o dirigentes de la patronal, que ofrecieron información en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la prohibición de las derivaciones. No llama a trabajadoras, como la terapeuta ocupacional de la residencia Beltrán i Oriola Clàudia Garcia, que aportó un testimonio escalofriante ante el Parlament. Ni siquiera llama a un político como Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales en Madrid durante la primera ola de la pandemia, que denunció entonces por escrito y luego en diversas entrevistas que las residencias no fueron medicalizadas y que el protocolo aprobado por el Gobierno regional impidió el traslado de los mayores a los hospitales [infoLibre publica este lunes una entrevista con Reyero que puedes leer aquí].
Una tercera laguna es la falta de investigación sobre esas órdenes conocidas como protocolos de la vergüenza. El documento más brutal fue el aprobado en Madrid, que impedía el traslado a los hospitales de los residentes más vulnerables, aquellos que tenían un mayor nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Pero en Cataluña también se aprobó un protocolo, más matizado en el lenguaje, pero que recomendaba no ingresar en la UCI a mayores de 80 años y que según Amnistía Internacional fue “determinante” para la exclusión hospitalaria de residentes por razones de edad.
Los datos sobre lo que ocurrió en ambas comunidades durante los meses de marzo y abril de 2020, desvelados en su día por infoLibre, despejan cualquier duda sobre el efecto que produjo la aplicación de esos protocolos. En Madrid, fallecieron 7.291 personas en las residencias sin recibir atención hospitalaria, un 77% del total de decesos registrados aquellos dos meses entre los residentes madrileños. En Cataluña, murieron 2.797 mayores en los centros sin ser trasladados al hospital, un 72% de quienes perdieron la vida en ese periodo con covid o síntomas compatibles. Ese porcentaje, en las cuatro semanas críticas en que se frenaron casi por completo las derivaciones –la segunda quincena de marzo y la primera de abril–, superó algunos días el 80%. Por tener un dato para comparar: en circunstancias normales el número de fallecidos en residencias ni siquiera se acerca al 20% y ello ocurre siempre con el consentimiento de los familiares, cuando se trata de enfermos terminales que no tiene sentido atender en un hospital.
La cuarta laguna es que las investigaciones de la Fiscalía se han centrado en la posible responsabilidad del personal de las residencias en los fallecimientos, llegando a la conclusión de que no pudieron hacer nada porque carecían de los medios adecuados para luchar contra la pandemia, y sólo tenían “una obligación de medios, no de resultado”. Es decir, no se les puede culpar por el hecho de que fallecieran residentes (el resultado), sino que en todo caso la responsabilidad sería por no poner los medios adecuados para evitarlo. Pero esto último también lo descarta el Ministerio Público porque en los geriátricos no disponían de recursos. Hay múltiples casos de esta forma de argumentar, como por ejemplo el decreto de archivo de la Fiscalía de Alcalá de Henares (Madrid) sobre el centro de Amavir en Coslada: “En definitiva, la residencia tuvo que gestionar los medios escasos de que disponía, con carencias de material médico, de recursos, con profesionales sanitarios y auxiliares trabajando en condiciones extremas y desbordados ante la multitud de contagios –muchos de ellos también infectados– intentando tratamientos desesperados y tomando las decisiones que estaban a su alcance”.
Que estamos ante una obligación de medios es incuestionable al hablar del principio de culpabilidad penal, puesto que a nadie le pueden exigir lo que no está a su alcance. Lo que resulta llamativo es que una vez detectada esa carencia, los fiscales no consideren que deben indagar si hay responsables de la falta de medios o de las restricciones para acceder a los recursos sanitarios.
No hace falta tener una mente jurídica privilegiada para entender que si se pretende que sean los familiares de las víctimas quienes impulsen la investigación, no se llama a testificar a nadie que pueda tener una prueba de cargo, no se analizan los efectos de las órdenes políticas que prohibieron el traslado a los hospitales de miles de mayores enfermos y no se intenta saber quién es el responsable de la falta de medios que tenían las residencias, lo lógico es que no se encuentren indicios de la comisión de delito alguno.
El cuadro se completa, según las denuncias de familiares de víctimas y de abogados de la acusación, con una desidia de los fiscales en los pocos procedimientos judiciales abiertos que llega al extremo de no acudir a las testificales clave o a las declaraciones de los imputados. “Esto ha ocurrido incluso en los pocos casos que se iniciaron a raíz de una denuncia de la propia Fiscalía”, explica a este periódico un letrado que lleva decenas de querellas.
La perplejidad de los familiares y de Amnistía Internacional se incrementa, si cabe, cuando recuerdan que el propio Ministerio Público se declaró consciente de lo ocurrido. “En las residencias se vulneraron derechos fundamentales de las personas mayores”, declaró en una entrevista con infoLibre María José Segarra, la fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. “Hubo una situación de vulneración objetiva de derechos de las personas mayores en entornos residenciales”, admitió la misma Segarra en este reportaje de TVE.
A continuación, se describen tres ejemplos paradigmáticos de ese atlas de las víctimas de las residencias ignoradas por la Justicia. Ocurrieron en Barcelona, Leganés (Madrid) y Tomelloso (Ciudad Real), pero hay otras muchas localidades por toda España donde es posible encontrar relatos similares.
Militares de la UME se dirigen a desinfectar una residencia en Barcelona, en 2020 // EP
Barcelona: Archivo de una denuncia sobre 30 residencias
En mayo de 2020, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona 190 familiares de mayores que vivían en 30 residencias. Muchos de los ancianos habían fallecido en las semanas anteriores. Además de un texto general, los denunciantes incluían testimonios y documentación sobre cada uno de los centros. También aportaron el protocolo de la Generalitat que recomendaba no ingresar en la UCI a los mayores de 80 años. Y, el 2 de noviembre, entregaron el informe de una terapeuta ocupacional de la residencia Bertrán i Oriola, Clàudia Garcia, en el que se ponía de relieve “la mala gestión por parte de la empresa Eulen” y “el abandono institucional sufrido durante la crisis sanitaria”.
En la denuncia se explicaba que a muchos mayores “no se les derivó a los centros hospitalarios ni se les pudo atender en las propias residencias, por lo que se les dejó morir en condiciones absolutamente indignas”. Y en algunos de los casos en que los residentes fueron trasladados a hospitales, “los familiares han sido informados de que habían ingresado desnutridos y deshidratados, siendo esto último especialmente grave por el riesgo de padecer una insuficiencia renal aguda, además de ser claros casos de maltrato y desatención”. Las firmas de los denunciantes iban encabezadas por la de María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora de Residencias 5+1, una asociación fundada en 2017 para luchar por los derechos de los residentes.
La fiscal Virginia Sánchez Prieto firmó su decreto de archivo, sin realizar ni una sola actuación investigadora, el 18 de noviembre de 2020.
Lo primero que llama la atención en esa resolución fiscal es el tono que emplea con los familiares de las víctimas: “En el presente caso, del relato de hechos contenidos en el escrito de denuncia no se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad que hayan de dar lugar al inicio de un procedimiento penal, tal y como pretende la denunciante y todos los familiares a los que ha llamado a adherirse a su acusación”, escribe Sánchez Prieto, como si Carcelén hubiese presionado al resto de firmantes y hablando de “su acusación” cuando es una denuncia de 190 personas.
El escrito de la fiscal continúa en ese mismo tono: “En definitiva, la denunciante solicita al Ministerio Fiscal que se sumerja en todas y en cada una de las residencias, analice los hechos sucedidos para ver si tienen relevancia penal y determine a quien/es se le imputan”, señala Sánchez Prieto, como si esa pretensión fuese algo disparatado y no un resumen ajustado de lo que debe ser el trabajo del Ministerio Público. Y tampoco parece que “sumergirse en todas y cada una de las residencias” hubiese sido una excentricidad para la Fiscalía si se tiene en cuenta que en esos 30 centros fallecieron en total varios cientos de personas.
La actuación de la fiscal de Barcelona incurre en prácticamente todas las lagunas reseñadas. No llamó a testificar ni a los familiares de las víctimas, ni a la terapeuta ocupacional Clàudia Garcia, ni a trabajadoras de los centros. En realidad no interrogó a nadie porque decretó el archivo sin realizar investigación alguna. En su resolución ni siquiera se menciona el protocolo de la Generalitat que recomendaba no ingresar en UCI a los residentes mayores de 80 años, como si no hubiera existido.
Sánchez Prieto también traslada a los familiares la responsabilidad de aportar las pruebas: “La denunciante no puede concretar situación alguna en la que se haya eludido de forma intencionada socorrer a algún mayor fallecido, tampoco se desprende de las manifestaciones de los familiares”, escribe. Los familiares lo que explicaban en su denuncia es que muchos mayores no habían recibido la atención sanitaria a la que tenían derecho y que otros llegaron “desnutridos y deshidratados a los hospitales”, hechos por los que pedían al Ministerio Público que investigase. Lo que no sabían es que la fiscal esperaba que fueran ellos también quienes aportasen las pruebas.
La fiscal explica que “durante la crisis generada por la citada pandemia, se aunaron en las residencias varios factores a destacar: una gran concentración de personas mayores con patologías varias, la proximidad física de los residentes, la falta de atención sanitaria de los mismos, la poca cultura de la prevención, el gran trasiego de familiares, el alto absentismo laboral y el poco apoyo institucional a estas residencias durante la emergencia sanitaria”. Una descripción que da una idea correcta de los múltiples factores que concurrieron, pero que al mismo tiempo plantea una cuestión evidente: si considera que existió “falta de atención sanitaria” y “poco apoyo institucional” a las residencias, ¿por qué no investiga quiénes son los responsables de esos dos hechos y cómo afectaron a la hecatombe sufrida por los mayores?
El decreto contiene algunas afirmaciones sin contrastar y otras que no son ciertas. Un ejemplo de lo primero es la siguiente frase: “Es la pandemia que nos acecha la que hizo enfermar a estas personas, y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros autonómicos”. ¿Cómo lo sabe Sánchez Prieto si no investigó ni la actuación de los directores de residencias ni la de los consejeros? No lo explica en su escrito. Una muestra de lo segundo la encontramos aquí: “Incluso en los casos que se describen, las víctimas estuvieron recibiendo tratamiento hospitalario o médico, y, aun así, no pudieron superar la enfermedad”. La verdad es que decenas de víctimas de esas residencias no fueron trasladadas a los hospitales, como prueban los datos oficiales de la propia Generalitat, y que tampoco consta que hayan recibido asistencia médica adecuada en los centros.
Como argumento de autoridad, la fiscal recurre a unas declaraciones de José Augusto García Navarro, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que había destacado por su defensa pública a ultranza de la gestión del Gobierno de Ayuso en las residencias madrileñas. Además, Sánchez Prieto señala que “el drama de las residencias se ha producido en todas las comunidades”, lo que en noviembre de 2020 era manifiestamente falso, porque había territorios donde la pandemia prácticamente no había provocado víctimas entre los residentes (Canarias, por ejemplo). Una afirmación que en todo caso obvia la acusación central: los denunciantes no acuden al Ministerio Público porque se haya producido “un drama” en los centros, sino porque consideran que ese “drama” fue consecuencia de una violación de derechos humanos de los mayores. La fiscal de Barcelona, en fin, se permite incluso en su decreto dar consejos sobre quién debe investigar lo ocurrido: “Una comisión de investigación para analizar lo ocurrido sería uno de los cauces adecuados”.
Homenaje a los fallecidos en la residencia Vitalia Home de Leganés, en julio de 2020 // EP
Leganés: el ‘Protocolo de la vergüenza’ que nadie investiga
Las residencias de Leganés sufrieron con dureza los estragos del virus durante la primera ola de la pandemia y la localidad madrileña se está convirtiendo también en uno de los símbolos de la ausencia de justicia que denuncian los familiares de las víctimas.
En el Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés se instruyen desde 2020 dos querellas. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de las que 29 fallecieron, mientras que las otros seis lograron sobrevivir.
La jueza encargada de la Instrucción, Mónica Boticario Martín, ni siquiera admitió a trámite la primera querella. Y lo hizo con el respaldo de la fiscal, Raquel Fernández Alonso, quien también defendió que era innecesario investigar. En noviembre de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid obligó a abrir la instrucción.
Ocho meses después, la instructora Boticario archivó el procedimiento y la fiscal Fernández volvió a mostrarse de acuerdo con el entierro de la causa. “No es sólo que se archive la querella sin practicar una investigación mínima, es la inhumanidad que destila el auto de la jueza», lamentaron entonces familiares de los fallecidos.
Los hechos recogidos en el propio auto de archivo son impactantes. Por ejemplo, así describe Boticario lo ocurrido con Juliana, que tenía 86 años y vivía en la residencia Los Frailes: “El 24 de marzo se pone la residencia en comunicación con el Servicio de Geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, exponiéndole el caso de Juliana, indicándoles desde el hospital que no es una paciente derivable, por lo que debe mantenerse en la residencia con oxigenoterapia. Ese mismo día es trasladada a la unidad de aislamiento. Se mantiene contacto con Geriatría por los brotes de agresividad que presenta la paciente, y desde el hospital pautan la medicación y el tratamiento a seguir. El día 26 de Marzo empieza a presentar picos de fiebre y agitación, quitándose las gafas nasales todo el rato. Escupe la medicación y la comida y se muestra muy agitada. La médico de Geriatría del hospital insiste en mantener la pauta de hidratación. Se le colocan muñequeras para conseguir tratarla y se le coloca el día 28 mascarilla de oxígeno pediátrica. En analítica presenta alteración en niveles de sodio. Pese a las muñequeras sigue arrancándose el oxígeno y la vía y no cesa de dar patadas. El mismo día 28 presenta cuadro de adormilamiento y mal estado general. El día 30 de marzo, la Médico de Geriatría del Hospital, tras ser informada, manifiesta que la paciente está ya para cuidados paliativos que empiezan a serle administrados, con aumento de la morfina paulatinamente. Fallece el día 9 de Abril”. Dieciséis días de aislamiento y agonía.
Ni la jueza ni la fiscal mostraron extrañeza porque desde un hospital se calificase a una persona como “paciente no derivable”, ni consideraron que esa circunstancia merecía al menos una investigación mínima.
Por poner otro ejemplo. Boticario y Fernández tampoco ven nada anómalo en lo ocurrido con Esperanza, de 86 años, que residía en Vitalia Home: “El 19 de Marzo de 2020 amanece en malas condiciones en general. Con fiebre, y disnea. En el Severo Ochoa no les cogen el teléfono. La doctora de la residencia recomienda comenzar con paliativos, morfina, buscapina y midazolán y no derivar al hospital porque está colapsado (Doctora Esther). Diagnóstico ITU. Se suspende el resto de la medicación. Fallece ese mismo día. Nunca fue diagnosticada de covid”.
En total, de las 29 personas fallecidas, hay tres casos en los que consta una prohibición expresa de derivación, otros tres donde ni siquiera cogen el teléfono en el hospital y diez donde en el auto de archivo no consta por qué no fueron trasladados.
Y, sin embargo, ni jueza ni fiscal se detienen a analizar el protocolo de no derivación hospitalaria aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el auto de Boticario se mencionan hasta 22 resoluciones “aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros». Pero justo el protocolo de exclusión hospitalaria no figura entre esos 22 documentos, lo que es ciertamente notable teniendo en cuenta que fue la orden utilizada para no trasladar a pacientes enfermos a los hospitales.
Los familiares recurrieron ese auto de archivo de Boticario, pero se encontraron de nuevo con el muro de la fiscal Fernández, quien se opuso a su recurso. Como desveló infoLibre, lo hizo por medio de un escrito de apenas tres folios de extensión y en el que se obvia por completo el elemento central que denuncian los familiares: que los mayores que caían enfermos no eran trasladados a los hospitales como consecuencia del protocolo que impedía su derivación.
En su escrito, la fiscal destaca que las residencias informaron sobre “las gestiones para derivar a los enfermos a los hospitales” y que en todo momento actuaron “conforme a los protocolos e instrucciones dadas por la Administración Pública”. Como resulta obvio, la clave no es saber si las residencias informaron o no sobres sus gestiones para derivar enfermos, sino cuál fue el resultado de esas gestiones. La respuesta está en el propio auto de archivo de la juez Boticario: al menos 16 de los 29 fallecidos no fueron trasladados al hospital. También destaca que los directores de las residencias actuaron conforme “a los protocolos y las instrucciones recibidas”, pero sin entrar a analizar si la aplicación de esas instrucciones influyeron en los fallecimientos. La conclusión de la fiscal es que las muertes de los mayores fueron inevitables y que no hay culpables, salvo el virus.
El pasado 10 de enero, la Audiencia Provincial de Madrid corrigió por segunda vez a Boticario y Fernández, mediante un auto en el que ordena continuar con la actividad instructora. En concreto, ordena tres actuaciones. Primero, tomar declaración a los responsables de “implementar los protocolos” en cada una de las cuatro residencias. Segundo, interrogar en calidad de testigos a los responsables médicos de los centros, “en relación a la deficiente atención sanitaria a la que hacen referencia los querellantes […] así como al seguimiento de los protocolos para la derivación hospitalaria”. Y tercero, llamar a declarar también como testigos a los responsables del servicio de geriatría del Hospital Severo Ochoa, para que entre otras cuestiones “ilustren acerca de la decisión de no derivación hospitalaria de algunos de los residentes, todo ello a los efectos de establecer la relación con el fatal desenlace”. La declaración de estos últimos es relevante porque el protocolo del Gobierno Ayuso convirtió a los geriatras de los hospitales en las personas que decidían si un mayor podía ser trasladado, de acuerdo con los criterios de no derivación establecidos.
El director de la residencia Elder, José Manuel Sampedro // Ismael Herrero (EFE)
Tomelloso: La fiscal no interroga porque «está de vacaciones»
Junto a Madrid y Cataluña, las dos Castillas fueron las otras dos comunidades más golpeadas. De hecho, entre esos cuatro territorios sumaron el 75% del total de residentes fallecidos en la primavera de 2020. La residencia Elder, en Tomelloso (Ciudad Real), figura destacada en ese ranking catastrófico: no solo fue la más afectada en Castilla-La Mancha, sino que es una de las diez de toda España donde más personas fallecieron durante la primera ola del covid.
En la primavera de 2020 murieron 75 residentes, casi la mitad de los 160 que vivían allí. Ocho familiares presentaron una denuncia y el Juzgado de Instrucción número 1 de Tomelloso inició una investigación. Pero el juez Daniel Vicente Pérez terminó pronto con la esperanza de los familiares en que se hiciera justicia. El 9 de diciembre de 2021 archivó la causa contra el único imputado: José Manuel Sampedro, director de la residencia Elder en marzo de 2020, periodista de formación y concejal del PP en Tomelloso hasta su imputación. Las muertes se debieron a “circunstancias desafortunadas”, sostiene el juez.
El auto de archivo del caso Elder ha sido recurrido por el abogado de las ocho familias que denunciaron a Sampedro al entender que su actuación encajaba en los delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. La decisión está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. La fiscal del caso, Alba Tenorio Gontán, ya presentó un escrito pidiendo que se confirme el archivo.
Para hacerse una idea de cuál ha sido la actitud del Ministerio Público puede servir el siguiente hecho: ese escrito de Tenorio pidiendo que no se siga investigando, es el primero que ha presentado durante toda la instrucción. Pero no es solo que no haya pedido ninguna actuación, es que ni siquiera asistió al interrogatorio del único imputado. ¿El motivo? “Estaba de vacaciones”, según confesó a infoLibre el fiscal jefe de Ciudad Real, Luis Huete.
En concreto, en relación con la ausencia de Tenorio de la declaración del director de Elder, Huete explicó lo siguiente: “La fiscal estaba comprometida para asistir a las declaraciones de los testigos citados el día 9 de abril y el día 16 de abril para la declaración del investigado. A las declaraciones del día 9 asistió la fiscal, aunque debido a que se prolongaron bastante, no pudieron ser vistos todos los testigos (creo que fueron tres testigos) y la declaración del investigado prevista para el día 16 de abril fue suspendida por el Juzgado. Ambas declaraciones se aplazaron y se convocaron para los días 26 y 27 de julio de 2021 y esos días la fiscal que despacha el asunto estaba de vacaciones y no existía en ese momento ningún fiscal libre de servicios que pudiera asistir a las declaraciones”.
Es decir, en una investigación sobre lo ocurrido en una residencia en la que fallecieron 75 personas, la fiscal adscrita al caso no consideró necesario interrumpir sus vacaciones para interrogar al único imputado y a varios testigos clave, y el Ministerio Público tampoco fue capaz de encontrar a nadie que la sustituyese porque todos sus miembros estaban en otros “servicios”. ¿Qué servicios había en Ciudad Real el 26 y 27 de julio de 2021 que reclamasen la atención de los fiscales antes que la muerte de 75 personas? La Fiscalía no lo ha aclarado.
Si Tenorio hubiese tenido tiempo para asistir al interrogatorio del investigado y a las tres testificales a las que tampoco acudió (entre ellas la de Ángel S.M., coordinador de auxiliares y persona de confianza del director, y la de Marisa R.A., la gobernanta de la residencia), habría escuchado un auténtico relato del horror.
infoLibre tuvo acceso a las declaraciones de los seis testigos y publicó una amplia crónica explicando su contenido. Los tres testimonios del equipo directivo que quedó al frente de Elder cuando entró el virus –el coordinador de auxiliares, la gobernanta y la supervisora de Enfermería, María del Mar H.M.–, fueron detallados, coincidentes y mostraron a un José Luis Sampedro completamente incapaz de hacer frente a la situación.
Primero, despreció la importancia que podía tener el covid. “Estoy hasta el chocho del coronavirus”, respondió a la responsable de Enfermería cuando le pidió que se tomasen medidas para prevenir los efectos del virus entre los mayores.
Después, abandonó el centro cuando ya había residentes con síntomas compatibles para acudir a Madrid a declarar en el Tribunal de Cuentas como testigo del periodista Nacho Villa, que se sentaba en el banquillo acusado de malversar fondos públicos durante su etapa al frente de la Radiotelevisión de Castilla-La Mancha. Villa había nombrado en aquella época a Sampedro delegado territorial en Ciudad Real de la televisión pública. Mientras estaba en Madrid esperando a declarar en el Tribunal de Cuentas, Sampedro se enteró de que en Elder tenían el primer positivo. Casi de inmediato, comunicó a su equipo de confianza en la residencia que se encontraba mal y no podría regresar al centro. Estuvo cinco días sin aparecer.
Finalmente, cuando el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) realizó una primera intervención en Elder, Sampedro se recuperó de forma repentina y regresó al centro. Su primera preocupación fue hacerse una foto con un residente que no tuviera síntomas para poner un mensaje en redes sociales diciendo que todo estaba bien, cuando en los dos días anteriores habían muerto una decena de mayores.
Estas son solo algunas de las cuestiones narradas por los testigos que muestran el horror y el caos vivido en Elder hasta que el Gobierno autonómico intervino la residencia y apartó temporalmente a Sampedro de la dirección. Ni para el juez ni para la fiscal merecen reproche penal alguno, y tampoco entienden que sea necesario seguir investigando, como piden los familiares que denunciaron los hechos. Todo fue culpa de las “circunstancias desafortunadas”.
Y “las circunstancias”, como es sabido, no pueden ser imputadas ni juzgadas. Ni en Tomelloso, ni en Leganés, ni en Barcelona, ni en tantas otras localidades de España que forman ese atlas de las víctimas de las residencias ignoradas por la Justicia.
