Detrás de la enorme crueldad de las administraciones regionales y locales que le quitan la luz a la gente humilde en la Cañada Real se encuentran intereses económicos ingentes y pelotazos urbanísticos con millones de euros en juego.
Una vecina del asentamiento de la Cañada Real camina bajo la nieve // EFE/Mariscal
La Cañada Real Galiana es un gran asentamiento ilegal situado en el sureste de la Comunidad de Madrid. En sus más de 15 kilómetros que pasan por los municipios de Madrid, Rivas y Coslada se agolpan infraviviendas, chabolas, un supermercado de la droga, un vertedero legal, varios ilegales y una incineradora. Pero también hay casas normales, gente que tiene trabajo, chavales jugando al fútbol, mezquitas, iglesias evangélicas, una parroquia católica y personas que apoyan solidariamente a los que menos tienen. La Cañada es polvo, tierra, escombros, jeringuillas usadas, suciedad, tiendas de campaña donde «viven» los que se chutan la dosis allí mismo… Pero Cañada también son risas, dignidad, compromiso, solidaridad entre los que tienen poco pero comparten mucho, apoyo mutuo, empatía. La Cañada son contrastes. Pero hete aquí que los terrenos que circundan este arrabal de Madrid fueron adquiridos por consorcios urbanísticos donde participan las principales empresas constructoras del país. Este extracto de una noticia publicada en el portal Idealista.com el pasado 17 de diciembre creo que resume bien los intereses en disputa:
«Recordemos que el sureste de la capital es la mayor bolsa de suelo para vivienda asequible de Madrid, que su desarrollo está formado por los PAU El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales, Los Cerros y Valdecarros, y que llevan más de dos décadas proyectados, aunque los obstáculos municipales y judiciales han retrasado su puesta en marcha definitiva. En este escenario, el estudio de la consultora que actualmente hay 38 promociones en construcción. En concreto, detalla que «las principales promotoras del país están presentes en este nuevo sector desde que hace cuatro años se realizara el primer desarrollo urbanístico. En la actualidad, son 23 las promotoras que están realizando trabajos en El Cañaveral, levantando 2.227 viviendas libres como de protección oficial. A día de hoy, el 71,05% corresponden a viviendas de precio libre, mientras que el 28,95% restante es VPPL. Por otra parte, un 82,88% de la oferta son viviendas plurifamiliares y el 17,12% son unifamiliares. Teniendo en cuenta los proyectos actuales, Quabit es la promotora que tiene más unidades en desarrollo, con casi un 20% del total, seguida de Habitat Inmobiliaria. Prygesa, Neinor Homes, Aedas Homes, Aurea Homes y Nozar también están entre las compañías con más proyectos residenciales en marcha en este nuevo barrio.»
Este poder urbanístico es el verdadero poder en España y el volumen de negocio de sus inversiones en el sureste madrileño no permiten pensar que vayan a dejarse ningún resquicio que impida vender esos pisos y chalets unifamiliares en las mejores condiciones posibles, máxime en un contexto de crisis como el que afrontamos. Y la Cañada Real atraviesa a estos consorcios urbanísticos, como se puede comprobar en este mapa:
Cañada Real, en el plano de Madrid.
Los desarrollos de los Berrocales, Ahijones y el Cañaveral se sitúan en la linde con Cañada y para vender esas casas y poder construir los equipamientos necesarios para atender ese volumen de población nueva necesitan despejar de «pobres» el terreno. Yo formé parte en la pasada legislatura de la comisión que redactó el Pacto de la Cañada, como diputado responsable del área de Políticas Sociales dentro del Grupo Parlamentario de Podemos. Hubo muchas reuniones, muchas tiras y afloja, muchas presiones para que el Pacto se firmara.
Las pretensiones iniciales de la mayoría de grupos políticos y ayuntamientos consistían en derribar casi todos los sectores de la Cañada y no solo aquellas zonas que tuvieran afecciones urbanísticas incompatibles con la edificación y vivienda. La intensa labor de vecinos y entidades consiguió rebajar el plan de derribos, que quedó circunscrito al Sector VI (afectado por la cercanía a la incineradora de Valdemingómez). Pero algunos insistimos en que estos derribos solo podrían hacerse efectivos tras unos realojos previamente pactados con los habitantes de las viviendas demolidas y que respetaran su arraigo en la zona. Además, mientras se ejecutaba, se debía asfaltar este Sector y garantizar el suministro de luz y gas para toda la gente que allí vivía. Parecía que había solución a los problemas endémicos de Cañada… Y en esto, llegaron las elecciones, cambiaron el Gobierno regional y el municipal y todo lo avanzado se fue desmontando paso a paso.
El primer acto para cargarse el Pacto de la Cañada lo consumó Ayuso al principio de su mandato sacando al Comisionado dependiente de su Gobierno de la responsabilidad compartida entre la Consejería de Presidencia y la de Políticas Sociales para trasladarlo a la de Vivienda y Administración Local, donde se concentran las competencias urbanísticas. El titular de esa nueva Consejería es David Pérez, conocido por ser un utraderechista confeso, quien, tras varios intentos infructuosos, acabó nombrando como nuevo Comisionado de la Cañada a José Tortosa, que había sido presidente de la Sección Madrid de la «Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo» y fue miembro vocal de su Comité Ejecutivo Nacional. Su último cargo fue el de Director General de Vivienda y Suelo en los gobiernos de Cifuentes y Garrido, donde redactó una Ley del Suelo que liberalizaba de forma salvaje el suelo público.
Afortunadamente, fue archivada en la pasada legislatura, pero en esta la han aprobado por la vía de urgencia saltándose procedimientos básicos. Es decir, un problema que requería una salida social se convierte en otro al que solo se le aplican criterios urbanísticos.
En este contexto, es en el que se produce el corte de la luz el 2 de octubre de 2020 para los sectores V y VI de la Cañada. La Comunidad de Madrid y la empresa eléctrica Naturgy (fruto de la fusión entre Gas Natural y Unión Fenosa) rápidamente le echaron la culpa a la sobrecarga en la corriente por el uso masivo de lámparas para el cultivo de Marihuana.
El Ayuntamiento de Madrid también compró esta versión, que puede que fuera el desencadenante de alguna bajada de la tensión inicial pero que en ningún caso es el motivo de haber cortado la luz durante 3 meses a más de 4000 personas, 1800 niños y niñas incluidos.
Los motivos de la Comunidad y Ayuntamiento son, a mi juicio, evidentes: su receta para salir de la crisis (la de siempre de la derecha) es fomentar la construcción de viviendas. La Cañada estorba en estos planes. Así que cortar la luz es la forma para provocar que las familias se vayan marchando de allí y que esos terrenos se revaloricen. En el caso de Naturgy hay que recordar que no es la primera vez que acusa a un grupo de vecinos con dificultades de tener plantaciones de droga y les corta la luz. En 2015 en Coruña Naturgy cortó la corriente al poblado chabolista de A Pasaxe acusando a sus 150 habitantes de tráfico y producción de drogas (una generalización infundada). Gracias al apoyo de diversas entidades como Arquitectos Sin Fronteras consiguieron restablecer los enganches y, de igual manera que en La Cañada, Naturgy negaba haber cortado la luz. Blanco y en botella.
La respuesta del Gobierno estatal tampoco ha estado a la altura, porque a pesar de tener informes y comunicados pidiendo su intervención de organismos de la ONU, del Comité de Derechos del Niño y la Niña y del propio Defensor del Pueblo no ha usado mecanismos como la declaración de zona catastrófica u otros que le hubieran permitido intervenir en la Cañada. La propuesta de la Vicepresidencia Segunda de pedirle a Ayuso que pidiera a la UME la intervención en la Cañada se podría calificar de brindis al sol: Ayuso es la responsable máxima de la situación y es evidente que no va a hacer nada para solucionarlo.
+info relacionada: Urbán, Rodríguez Palop, Puigdemont y otros eurodiputados elevan la situación de la Cañada Real a la Comisión Europea – cuartopoder.es, 21-01-2021
