El Gobierno hace caso omiso del ultimátum dado la semana pasada por la Comisión Europea y elude presentar nuevos planes de calidad del aire tras ocho años de advertencias desde Bruselas por el incumplimiento de la normativa. El Estado se enfrenta a multas millonarias. La contaminación produce 25.000 muertes prematuras al año en España.
[label type=»success»]+reciente, 07-02-2018: [/label] eldiario.es
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- Todas las veces que el PP criticó las medidas contra la contaminación de Carmena que ahora tilda de insuficientes
Miguel Arias Cañete, durante la comparecencia de este lunes en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso
España lleva desde el año 2010 sin cumplir con la directiva europea de calidad del aire, una problemática que ha tardado años en estar sobre la mesa de los diferentes gobiernos —el primer protocolo contra episodios por alta contaminación de Madrid entró en vigor en 2015—, incluidos los locales de las dos zonas más afectadas y sobre las que pesa un procedimiento de sanción por parte de la administración europea: Madrid y Barcelona.
Sin embargo, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, que esta mañana ha comparecido en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso, ha puesto sobre los hombros de los actuales gobiernos municipales el problema. “Si se ejecutaran al 100% los planes puestos en marcha tanto en Madrid como en Barcelona, tendrían algún impacto, pero la Comisión Europea en este momento lo que constata es que los niveles [de díóxido de carbono, NO2] se han sobrepasado”.
Las palabras del comisario van en la misma línea que las de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien ya señaló ayer que “la gestión y el control de la calidad del aire corresponden a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas”. Tejerina ya había afirmado la semana pasada, durante su comparecencia en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso, que España no tiene un “problema generalizado” de calidad del aire, sino “problemas puntuales”.
La afirmación de Cañete ha contado con la réplica del portavoz de Unidos Podemos en la comisión del Congreso, Juan López de Uralde. “Me preocupa que se pretenda poner sobre las cabezas de las alcaldesa de Barcelona y Madrid la responsabilidad de lo que ocurre. La queja de la Comisión Europea sobre la contaminación en España tiene ochos años, que coinciden en el tiempo con cuando usted era ministro de Agricultura y Medio Ambiente y con alcaldías como la del PP en Madrid”.
Uralde ha defendido que son los actuales gobiernos de Ada Colau y Manuela Carmena “los que están poniendo en marcha medidas” con sus respectivos planes de calidad del aire y protocolos anticontaminación, “pero es imposible en dos años revertir toda una dejadez de responsabilidades en lo que se refiere a la lucha contra el problema”.
Asimismo, el portavoz de Unidos Podemos ha exigido al Gobierno que actúe a nivel estatal: “Hace falta legislación por parte del Estado para paliar el problema”.
Por su parte, Cañete ha reconocido las palabras del comisario europeo de Medio Ambiente, Karmelu Vella, quien señaló el pasado viernes que “la contaminación atmosférica mata cada año a más de 400.000 europeos y hace sufrir innecesariamente a muchos más”. A pesar de ello, el comisario de Acción por el Clima y Energía ha seguido señalando a las administraciones locales de las dos mayores ciudades españolas: “El comisario [Vella] está decido a llevar a los tribunales de justicia a los Estados miembros, porque a quien se lleva es al Estado, al margen de quién sea la administración responsable de normas de calidad del aire”.
Caso omiso al ultimátum
España se enfrenta a multas millonarias desde que en el año 2010 la Comisión Europea le diera un severo toque de atención por la calidad del aire, responsable de 25.000 muertes prematuras al año en el país, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
La pasada semana, el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmelu Vella, convocó a nueve Estados miembros –entre los que se encuentra España– y les dio un ultimátum para que adopten medidas para frenar sus reiterados problemas de polución atmosférica. En concreto, Vella señaló que si antes del 5 de febrero no presentaban planes creíbles para actuar contra el problema, los casos serían llevados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo que parece que se cumplirá en el caso de España, ya que el Ejecutivo ha hecho caso omiso al no presentar nuevos planes de calidad del aire, echando balones fuera y señalando a las administraciones locales y autonómicas como responsables.
En el caso español, los problemas principales se centran en tres zonas: dos del área metropolitana de Barcelona y Madrid, todas ellas debido al exceso de NO2, producido principalmente por la combustión de los motores diésel del tráfico rodado. Los planes de calidad del aire de las dos ciudades, aunque tildados de insuficientes por las organizaciones ecologistas, han sido aplaudidos por estas como medidas tomadas en la buena dirección.
Prioridad de Estado
A pesar del importante papel de las administraciones autonómicas y locales en lo que a competencias se refiere, para los ecologistas los efectos de la contaminación atmosférica “son tan graves que deberían ser tratados como un problema de emergencia de salud pública, una prioridad de Estado”, tal como señalaban desde Ecologistas en Acción.
Las subvenciones estatales al diésel, carburante responsable del 80 % de las emisiones más contaminantes; la falta de inversión histórica tras la llegada del AVE en los trenes de Cercanías y Regionales, que obtienen apenas el 30% de la inversión pese a tener el 96% del total de viajeros; la práctica inexistencia de carriles exclusivos para el acceso a las grandes ciudades del transporte público rodado; la falta de inversión en mejoras de transporte público en lugar de en planes PIVE para la compra de vehículos, o un Plan Aire II del Ministerio de Medio Ambiente poco ambicioso son algunas de las críticas que los ecologistas hacen a la Administración central del Estado respecto al problema de la contaminación atmosférica.
«El Gobierno debe ser contundente. Así se lo reclama la Comisión Europea, dejando abierta la vía de la justicia y de la consecuente y abultada multa. Y así lo reclama una sociedad cada vez más preocupada por la calidad del aire que respira», señalan desde el área de transporte y calidad del aire de Ecologistas en Acción.
