Los informes ‘País por País’ presentados al Ministerio de Hacienda de 112 multinacionales españolas muestran que el pago efectivo de impuestos sobre beneficios en 2017 es del 17%, menor que el que paga una pyme.
Los informes ‘País por País’ presentados al Ministerio de Hacienda de 112 multinacionales españolas muestran que el pago efectivo de impuestos sobre beneficios en 2017 es del 17%, menor que el que paga una pyme.
En el marco de un recurso presentado por Greenpeace contra la opacidad en estos negocios, la representante legal del Estado alerta que esas informaciones dañarían las “relaciones bilaterales” y perjudicarían a las empresas exportadoras.
+info relacionada, cuartopoder.es, 28-02-2021: España ha gastado en Defensa 24.000 millones de euros más de lo presupuestado desde 2002José Manuel Entrecanales recibe un bonus de 30 millones procedente de un plan de incentivos a largo plazo acumulado entre 2014 y 2019; su primo y vicepresidente ejecutivo, Juan Ignacio Entrecanales, recibió cas 20 millones en total
El accidente se produjo el viernes 12 de febrero en la localidad valenciana de Alboraia cuando el fallecido se precipitó desde una altura de seis metros y su superior optó por evitar llamar a los servicios de emergencia
Los incrementos de precio van desde los dos hasta los ocho euros mensuales, dependiendo de la compañía y el paquete de servicios.
Existen elementos que parecen distinguir a los consejeros de Inditex de los de otras sociedades englobadas en el IBEX 35. Algunos pasan por su escasa relación con el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su aparente lejanía con las tramas de poder político que se urden en la capital del reino español. A diferencia de lo que ocurre en el sector energético o bancario, apenas se vislumbra trasiego de sillones entre los altos cargos de la multinacional textil y los puestos de representación política nacional, el fenómeno conocido como puertas giratorias.
El Ministerio de Trabajo y agentes sociales convienen que los ‘riders’ son asalariados en la última reunión de la mesa que aborda la regulación de las plataformas digitales. No hay un acuerdo cerrado, pero se seguirá trabajando a nivel técnico en la legislación. UGY y CCOO lamentan que el Gobierno no reconoce esta relación a trabajadores de otras plataformas.
La compañía tecnológica se mueve desde la industria militar a los contratos sanitarios. Indra, participada por el Estado, ha obtenido un creciente número de contratos de distintas instituciones. Sus prácticas laborales, sin embargo, no han cambiado.
La investigación llevada a cabo por varios medios internacionales sobre el uso de Luxemburgo como paraíso fiscal opaco señala a uno de los mayores fabricantes de armas de España, Maxamcorp.
Un trabajador de empresas de reparto ha muerto esta noche al chocar con su motocicleta con un camión de la basura. El fallecido, que llevaba un cajetín de Glovo, venía de hacer un reparto de Deliveroo. Desde Riders x Derechos denuncian que las empresas de reparto llevan años saltándose las leyes de prevención de riesgos laborales.
Inditex negoció con CCOO y UGT unas condiciones para las recolocaciones de la plantilla de las tiendas que tiene previsto absorber. Algunas ya han echado el cierre y la alternativa que ofrece la compañía no casa con el acuerdo-marco firmado.
El nuevo récord de ventas y beneficios de la multinacional de Jeff Bezos se salda con un pago porcentual de impuesto de beneficios inferior al que pagaría cualquier pyme.
En principio, nada nuevo se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes de cara al sector turístico, ni en hostelería o comercio. Desde Economía dicen que se están estudiando, para “las próximas semanas, nuevas medidas para apoyar la solvencia de las empresas” más afectadas por la pandemia.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se compromete a buscar el acuerdo en el marco del diálogo social, pero advierte de que no puede existir un derecho a veto para ninguna de las partes. “El diálogo social es un proceso, no un resultado”, recuerda.
Un documento preliminar del Parlamento Europeo desvela cómo los principales benefactores de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) son grandes compañías del sector primario. Los pequeños campesinos y los ecologistas denuncian que el modelo de subvenciones europeas está favoreciendo a la industrialización de la tierra.
Una iniciativa legislativa en el País Valencià plantea el uso de fondos públicos para sufragar el coste del programa Reciclos, rechazado por las organizaciones ecologistas por complejo, costoso e ineficiente. Las directivas europeas y la Ley de Residuos exigen que los costes de la gestión de residuos sean asumidos por las empresas productoras.