La empresa líder en desahucios extrajudiciales amenaza con volver a Tenerife con 40 “efectivos” después de un primer intento de desalojo frustrado de un edificio ocupado por 48 familias en riesgo de exclusión social. El Sindicato de Inquilinos de la isla denuncia extorsión, coacciones y la connivencia de las autoridades, la Policía local y la Guardia Civil.