El anteproyecto de la Ley General Audiovisual no convence a las centrales sindicales, que consideran que pone en peligro el modelo público de RTVE y de las radiotelevisiones autonómicas.
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La torre de comunicaciones de RTVE en Madrid, conocida como «el pirulí» // David F. Sabadell
Los sindicatos CC OO, UGT y CGT rechazan el anteproyecto de la Ley General Audiovisual que será previsiblemente aprobado el día 26 de mayo en el Congreso con el apoyo de partidos como PSOE, PNV o PDeCAT y la oposición de la mayor parte de las formaciones progresistas del Congreso de los Diputados. Las centrales sindicales alegan que tanto en la fase de consultas públicas como en la de enmiendas no se ha admitido ninguna de sus propuestas pero que los grandes grupos empresariales sí han sido escuchados.
Cristina Bermejo, secretaria general del sector de Medios de Comunicación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO), entiende que el anteproyecto de ley no soluciona los problemas del sector y lo valora negativamente, al contener “un componente aún más liberal en materia de servicio público que aquellas que le precedieron en gobiernos tanto del PP como del PSOE”.
Para los sindicatos, lo que debía ser una trasposición de la directiva comunitaria que aborde las complejidades del entramado comunicativo español ahonda, sin embargo, en un modelo mercantilista, que se encuentra al servicio de los operadores privados, en lugar de velar por la defensa de los servicios públicos de RTVE y el acceso gratuito y universal de la ciudadanía a unos sistemas de comunicación que sean garantes de los principios constitucionales básicos en materia de información.
Entre las cuestiones criticadas por los sindicatos se encuentran la omisión de la definición de misión de servicio público para todos los prestadores, tanto públicos como privados, que garantice el pluralismo, la responsabilidad editorial y la libertad de expresión y no se evita la privatización y la externalización posible del modelo de RTV. Tampoco se asegura una financiación estable y definida para la Corporación de RTVE ni para el resto de operadores del servicio público, incluida también la Agencia EFE.
Las centrales sindicales se muestran sorprendidas por la ausencia de menciones a los derechos laborales en el anteproyecto, ya que no se concretan cuestiones como el fomento del empleo de calidad, ni se garantizan materias como la conciliación y corresponsabilidad, la igualdad o la salud laboral
Las centrales sindicales también se muestran sorprendidas por la ausencia de menciones a los derechos laborales en el anteproyecto, ya que no se concretan cuestiones como el fomento del empleo de calidad, ni se garantizan materias como la conciliación y corresponsabilidad, la igualdad o la salud laboral. Acusan también la falta de concreción en la regulación de los medios de comunicación, ya que el texto deja en manos de la autorregulación lo que deberían ser las funciones de una autoridad audiovisual independiente que no existe.
La no cesión a terceros de los servicios informativos ha sido otro caballo de batalla de los sindicatos ante este proyecto de ley, que, de no modificarse, permitirá a las cadenas externalizar total o parcialmente el servicio, con el peligro, alertan los sindicatos, de la pérdida de puestos de trabajo estables y de calidad, como ya ocurriera en el pasado, así como poner en riesgo el acceso de la ciudadanía a una información veraz y objetiva.
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La semana pasada, el PSOE coló una enmienda a la ley audiovisual para entregar toda la producción de series, películas y programas a las grandes TVs del duopolio. Lo han denunciado todas las productoras del país y el PSOE debe rectificar. Obviamente, no lo verás en la TV. ⬇️ pic.twitter.com/q8yQZUzq8W
— Pablo Echenique (@PabloEchenique) May 24, 2022





