- El partido de Rivera sigue la estela de PP y Vox y se dedica a presentar denuncias sobre los asuntos que han convertido en la base de su oposición
- Este miércoles, tras los ceses en la Ejecutiva, el partido intentó centrar la atención en un recurso ante el Constitucional contra la fórmula de acatamiento de los diputados independentistas de hace dos meses
- Ciudadanos ha llevado también a Fiscalía los insultos que sufrieron en actos de campaña como el de Errenteria y los incidentes en el Orgullo Gay
La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ante el Tribunal Constitucional
Los tribunales se han convertido para Ciudadanos en un arma con la que visualizar su acción política mientras echa a andar la nueva legislatura, si es que finalmente se produce un acuerdo para reelegir a Pedro Sánchez. En estos últimos meses los de Rivera han acudido en diversas ocasiones a la Fiscalía o al Tribunal Constitucional, bien para denunciar las «agresiones e insultos» que han sufrido algunos dirigentes del partido en actos de campaña o en manifestaciones, o bien para recurrir decisiones tomadas por el Govern de Quim Torra en Catalunya.
Esta estrategia, de cuyo éxito se jactan en el informe de gestión interno publicado en exclusiva por eldiario.es, busca ahora alejar de los focos la grave crisis interna que atraviesa el partido, que este mismo lunes culminaba con la decisión de Rivera de cesar a cinco miembros de su Ejecutiva –entre ellos dos críticos–, ampliar este órgano de dirección de 33 a 50 miembros y aumentar la llamada Permanente de 13 a 20, con el fin de rodearse de fieles.
De hecho, con los ecos de las últimas dimisiones aún coleando, los de Rivera decidían centrar la atención mediática en un hecho desfasado en el tiempo como es la fórmula de acatamiento a la Constitución utilizada el día de la formación del Congreso de la XIII Legislatura por los diputados independentistas. La sesión constitutiva tuvo lugar hace más de dos meses, el 21 de mayo, y entonces se produjo una gran bronca porque los parlamentario de ERC y de JxCat hicieron referencia en sus acatamientos a «la república catalana» o «a los presos políticos».
La portavoz nacional, Lorena Roldán, se estrenaba esta semana en su cargo presentando ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo al considerar contrarias a la Carta Magna esas fórmulas de acatamiento. Según sostienen en el escrito, las palabras de los diputados independentistas «no se ajustaban a lo dispuesto en el Reglamento» de la Cámara y son «notoriamente inconstitucionales».
Esta línea de oposición de denuncias ante la Justicia no es nueva y coincide, aunque en menor medida, con la que también han decidido desplegar el PP y Vox, partidos que no han dudado tampoco en acudir a los tribunales para denunciar los «abusos» del Gobierno de Sánchez o de Torra.
La estrategia de los de Rivera está, sin embargo, mucho más centrada en los «ataques» personales que algunos de sus dirigentes aseguran haber sufrido en actos públicos con acciones que consideran que han estado «perfectamente organizadas» por grupos de «exaltados» o de «radicales violentos e intolerantes».
«Delitos de odio» por los «ataques» en el Orgullo
El pasado 10 de julio presentaron una denuncia ante Fiscalía de Madrid por «delitos de odio, amenazas e injurias» presuntamente cometidos contra varios de los representantes del partido que participaron en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid, celebrada unos días antes. Según el escrito que presentaron –y que incluía incluso ‘memes’ aparecidos en las redes sociales– , los hechos estuvieron enmarcados en «una clara maniobra organizada por un grupo de radicales violentos e intolerantes».
Poco después, un informe de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid redactado tras los incidentes contradecía la versión de Ciudadanos en la manifestación asegurando que el partido «maniobró para catalizar la acción mediática y publicitaria». El mismo documento también sostenía que «no hay constancia de que se produjeran agresiones físicas», mientras recriminaba a los dirigentes de Ciudadanos «no seguir en ningún momento las instrucciones policiales».
Este informe indignó al partido de Rivera, que acusó al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, de haberlo preparado en su despacho. Exigieron, además, a Pedro Sánchez que le cesara por considerar que había «alentado» los ataques contra ellos el día del Orgullo. Tanto Ciudadanos como PP y Vox fracasaron este martes en su intento de que la Diputación Permanente del Congreso aprobase la comparecencia del presidente en funciones por este asunto.
Esta semana se ha sabido que el Ministerio Público ha decidido incoar diligencias a raíz de dicha denuncia. Se trata de un trámite al que la Fiscalía está obligada después de recibir una denuncia y no supone que la haya admitido a trámite.
Una estrategia utilizada también en Catalunya
Acudir a los tribunales ha sido bastante habitual también en Catalunya. A mediados del pasado mes de marzo, la exjefa de la oposición en el Parlament, Inés Arrimadas, denunciaba a Quim Torra ante la Fiscalía por no haber atendido la resolución de la Junta Electoral Central que le ordenaba retirar las esteladas y los lazos amarillos de los edificios públicos y de la Generalitat.
Durante la campaña y la precampaña de las recientes elecciones generales, los de Rivera fueron increpados e insultados en diversos actos, como los celebrados en Vic (Barcelona), y en Torroella de Montgrí (Girona), donde un concejal del partido resultó herido.
Pero también en el País Vasco, en Errenteria y en Ugao-Miraballes, el municipio donde nació el etarra Josu Ternera, como unos meses antes también les había ocurrido en Alsasua (Navarra) en uno de los mítines organizados por la plataforma ‘España Ciudadana’.
En el caso de Errentería fue el propio Albert Rivera el que acudió a la Fiscalía junto con la eurodiputada Maite Pagazaurtundua a presentar la denuncia que calificaron de «acción concertada muy grave». El líder del partido atribuyó a la izquierda abertzale, Sortu y Bildu, de estar detrás del «acoso» sufrido.
Ese afán de los de Rivera por defender los «derechos» de la ciudadanía les ha llevado a denunciar causas ajenas al partido. En noviembre del año pasado presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra la organización de la izquierda independentista Arran por un supuesto delito de odio tras el ataque con pintura amarilla a la casa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
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