La campaña para auditar el vaciamiento de la hucha de las pensiones, lanzada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, lleva cerca de 150.000 adhesiones.
Movilización de pensionistas en Madrid, el 15 de octubre de 2019 // Álvaro Minguito
Cuando el debate para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado parece cada vez más cerca, distintos colectivos sociales han comenzado a movilizarse para que sus reivindicaciones sean incluidas y sus derechos no sean pisoteados.
El colectivo de pensionistas ha sido uno de los que más se está moviendo desde la vuelta de vacaciones. A inicios de octubre, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, que cuenta ya con el apoyo de centenares de organizaciones, lanzó la campaña llamada “El candado de las pensiones” para que estas estén garantizadas por la Constitución.
La solicitud, que ya cuenta con casi 150.000 adhesiones, pretende presionar al Ejecutivo y a los diputados para que lancen una investigación independiente “que determine cuánto se ha saqueado a la hucha de las pensiones de la Seguridad Social”
De forma casi paralela, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) entraba en escena con una campaña de recogidas de firmas para pedir al Gobierno y al resto de partidos una auditoría de la Seguridad Social. La solicitud, que ya cuenta con casi 150.000 adhesiones en Change.org, pretende presionar al Ejecutivo y a los diputados para que lancen una investigación independiente “que determine cuánto se ha saqueado a la hucha de las pensiones de la Seguridad Social”, y que se proceda a reponerlo de cara a garantizar la sostenibilidad del sistema.
Según Coespe, entre 1989 y 2013 España dedicó al menos 103.690 millones de euros de la llamada hucha de las pensiones a otras cuestiones. “Fue una práctica aparentemente legal pero incorrecta que hizo desaparecer los excedentes de cotizaciones que hoy debían nutrir esa hucha de las pensiones tan esquilmada en épocas de paro y crisis como la que hoy vivimos”, dicen desde esta agrupación.
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Todos esos recursos que han desaparecido podrían haber servido como una reserva para “tiempos peores” y estaban protegidos, según defienden, por la Ley General de la Seguridad Social y formaban parte del patrimonio de la Seguridad Social, “que pertenece a los trabajadores y ningún gobierno, ningún partido, puede utilizarlo para lo que mejor le convenga en cada momento”, ya que su uso exclusivo es atender a las prestaciones de la Seguridad Social.
Frente a este saqueo, desde la Coespe, sostienen que la clase trabajadora y el colectivo de pensionistas necesita saber a dónde se han ido todos esos millones de euros. “A quienes ahora se nos dice que no hay dinero cuando tanto hemos cotizado durante 30 o 40 años, necesitamos saber la verdad”, defienden.
Las soluciones no van a venir, dicen, del Pacto de Toledo, sino a través de “la devolución de lo saqueado de forma indebida, y por la derogación de la reforma laboral y de las pensiones”.
Desde los colectivos de pensionistas responden que solo a través de la derogación de la reforma laboral y las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, y un blindaje de las pensiones en la Constitución se puede garantizar el futuro del sistema público de pensiones
La crisis sin precedentes del coronavirus ha sido utilizada por diversos sectores económicos y políticos para retomar el plan de ataque contra las pensiones públicas que el movimiento pensionista había conseguido paralizar con las movilización de 2018 y 2019.
Los últimos informes del Banco de España y del FMI, y las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirman los intentos de solucionar el déficit de la Seguridad Social extendiendo la edad de jubilación, recortando las prestaciones e incentivando los planes privados.
Desde los diversos colectivos de pensionistas han respondido que solo a través de la derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, llevadas a cabo por el PSOE y PP, la derogación de la reforma laboral, y a través de un blindaje de las pensiones en la Constitución se puede garantizar el futuro del sistema público de pensiones.
