Colectivos sociales exigen al ministro Ábalos acabar con “la pandemia de desahucios”

Medio centenar de activistas en defensa del derecho a la vivienda se han concentrado frente al Congreso de los Diputados este miércoles para exigir “que se acabe con la pandemia de los desahucios”.

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// Christian Martínez

Medio centenar de activistas en defensa del derecho a la vivienda se han concentrado frente al Congreso de los Diputados este miércoles para exigir “que se acabe con la pandemia de los desahucios”, señalando como responsable al Gobierno y en concreto al Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y a la sazón, secretario de organización del PSOE, que la semana pasada aseguró que se habían prohibido los desahucios.

“Cuando el Ministro Ábalos asegura en sede parlamentaria que han prohibido los desahucios, miente. Es lamentable que no conozca la situación actual de la vivienda. Y siguen diciendo que el mercado se regula solo. Tienen que ordenar a los juzgados que paralicen todos los desahucios sin alternativa habitacional”, exigía Fernando Bardera, del sindicato de Inquilinas de Madrid.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Jorge Aranda, recordaba que ante una situación de colapso del sistema sanitario, las autoridades piden a los ciudadanos que se queden en casa, pero hay gente a la que no se lo permiten. “Es inadmisible que en estos momentos se niegue un derecho fundamental como es la vivienda poniendo en riesgo la vida de personas”, manifestaba Jorge Aranda.

Los colectivos aseguran que durante el pasado mes de junio, cada día, se desahuciaban 250 viviendas en España. Mientras en Cataluña la administración cifra en unos 150 desahucios semanales, afirman que en Madrid se ocultan estos datos.

Los colectivos aseguran que durante el pasado mes de junio, cada día, se desahuciaban 250 viviendas en España. Mientras en Cataluña la administración cifra en unos 150 desahucios semanales, afirman que en la Comunidad de Madrid se ocultan estos datos. Y señalan al Consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, por “ocultar en la más absoluta opacidad el número de desahucios que se producen en Madrid”. Además, alertan de que la situación en la capital es doblemente dramática, ya que la Comunidad de Madrid no cuenta con una ley de vivienda autonómica, y el parque de vivienda pública es “ínfimo y está puesto a disposición de los fondos buitres”.

Fernando Bardera criticaba que el Gobierno central asegure que el real decreto que da la posibilidad de retrasar los desahucios hasta seis meses, alegando vulnerabilidad por causa de la pandemia, no prohíbe realmente los desahucios. “Simplificaron el mensaje para colgarse una medalla, pero no han prohibido los desahucios”, aseguraba Bardera.

Más Información: Cuatro convocatorias para parar desahucios en Madrid, en pleno estado de alarma – Christian Martínez

Además han querido recordar que Naciones Unidas a través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya ha sancionado al Estado Español hasta en cuatro ocasiones por no garantizar el derecho a la vivienda. “Sanciones que pagamos todos los españoles”, asegura Bardena.

Tras la intervención de los portavoces de la PAH y del Sindicato de Inquilinas han tomado el turno de palabra algunas de las víctimas de los últimos desahucios que se han producido en la capital. “A la mitad de las personas que hay detrás de la rueda de prensa les sobrevuela un desahucio próximamente o ya han sido desahuciadas”, aseguraba Mercedes Revuelta de la Asamblea de Vivienda de Usera.

“Con un hijo pequeño, un hostal durante unas semanas no es solución. Quiero pagar un alquiler social en función de lo que gano. Arganda es un municipio rico, pero sólo tiene 3 viviendas sociales y las ocupan una asociación de vecinos y dos peñas taurinas”

Es el caso de Georgina Danciuc, celadora del hospital de la Paz, que fue desahuciada de su casa en Arganda del Rey el pasado 10 de septiembre. Era una vivienda del Plan Joven de la Comunidad de Madrid en la que llevaba viviendo 7 años de alquiler. La vivienda pasó a la Sareb y terminó en un fondo buitre. Georgina estuvo acampada 37 días frente al ayuntamiento de Arganda del Rey, hasta que consiguió un compromiso del alcalde, que denuncia, no se ha cumplido.

“Con un hijo pequeño, un hostal durante unas semanas no es solución. Quiero pagar un alquiler social en función de lo que gano. Arganda es un municipio rico, pero sólo tiene 3 viviendas sociales y las ocupan una asociación de vecinos y dos peñas taurinas”, asegura Georgina. Denuncia que el alcalde socialista no ha negociado con la SAREB, ni ha buscado ninguna vivienda social más, y asegura que si no tiene una respuesta positiva de parte del ayuntamiento volverá a acampar frente al consistorio. “La lucha es el único camino”, concluía Georgina.


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