El partido conservador inicia los trámites de expulsión de Pablo Pardillos, teniente de alcalde de Manchones (Zaragoza) con antecedentes por proxenetismo e investigado por alteración del censo, y le exigen la entrega del acta de concejal tras imponerle la juez una pena de cárcel y desterrarlo.
El amplio historial judicial de condenas de los concejales de Manchones sigue creciendo
Catorce meses de cárcel y dos años y medio de destierro del pueblo en el que es teniente de alcalde por el PP: la magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza ha añadido otra condena al historial delictivo de los concejales que han gobernado en Manchones (Zaragoza) en las listas de los conservadores y del Par en las tres últimas legislaturas, y que incluyen un caso de prevaricación, otro de alteración del censo y uno de amenazas.
La última de esas penas ha recaído sobre Pablo Pardillos Julián, que hace tres años, pese a contar con una condena ya cumplida por proxenetismo (prostitución coactiva), superó los filtros éticos del PP zaragozano y del aragonés para formar parte de la lista que encabezaba su primo Francisco Pardillos, condenado a su vez por alterar el censo local en las elecciones de 2015, las primeras que ganó.
Ambos comparten imputación en una causa por hechos similares que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Daroca (Zaragoza) referida a la convocatoria de 2019, en la que el PP obtuvo mayoría absoluta. La jueza trata de esclarecer si, junto con otro exedil, favorecieron la inscripción en el padrón de familiares, amigos y otras personas que en realidad no residían en el pueblo para garantizarse la reelección con sus votos.
Ahora, la juez ha declarado a Pablo Pardillos autor de un delito de amenazas por haber asaltado en mayo de 2020 a un vecino (A. B. C.) cuando este circulaba por un camino de la localidad y, tras cruzar su vehículo delante del tractor de este, blandir una pistola y amenazarle de muerte por las diferencias que mantienen.
La pistola nunca apareció, aunque los cambios de versión sobre el origen de las ocho balas que la Guardia Civil le intervino en una riñonera acabaron resultando clave para su condena junto con la firmeza de la declaración de la víctima.
El PP reacciona: la expulsa y le exige el acta
La sentencia, cuyo plazo de recurso ante la Audiencia Provincial de Zaragoza sigue abierto, incluye, junto con los catorce meses de prisión y los treinta de destierro, de los que ya tiene cumplidos algo más de 23, otros catorce de inhabilitación para el sufragio pasivo que, salvo que sean revocados, evitarían que pudiera presentarse de nuevo en las elecciones de mayo de 2023.
La pena, que conlleva la paradójica situación de que alguien siga siendo concejal de un pueblo al que no puede ir desde hace dos años, en una medida ratificada por la Audienciaprovincial, no incluye la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por tratarse de un delito contra las personas pero no contra la administración pública o los tribunales.
La dirección autonómica del PP aragonés reaccionó nada más conocer la sentencia, comunicada a las partes el pasado 11 de mayo pero que todavía no había sido filtrada por ningún medio de comunicación.
«Iniciamos los trámites para la expulsión y le reclamamos la entrega del acta», señalaron a público fuentes de la cúpula del PP que dirige Jorge Azcón, que añadieron que «se trata de hechos intolerables y de un delito grave».
«Vamos a hacer todo lo posible por recuperar ese acta de concejal, y sería bueno que entendiera que no puede ocupar un cargo público» con ese historial, anotaron las mismas fuentes, que insistieron en que «si no se ha tomado antes esa decisiones porque esta dirección no tenía conocimiento de lo ocurrido».
La juez investiga un manifiesto de los conservadores
Eso, en cualquier caso, pone sobre la mesa la existencia de algún cortocircuito en las vías de comunicación de los conservadores, ya que la organización en la comarca de Daroca era más que conocedora de la situación procesal de Pablo Pardillos desde hace tiempo.
De hecho, varios alcaldes, concejales y consejeros comarcales del partido conservador firmaron hace unas semanas un manifiesto de apoyo al concejal encausado, para quien la Fiscalía pidió a mediados del año pasado año y medio de prisión y cinco de destierro por los hechos que le han acarreado la condena, y que incluye expresiones críticas con la víctima; tan críticas como para que el Juzgado de Daroca esté investigando su elaboración y la recogida de apoyos en una causa en la que ha llamado a declarar a algunos dirigentes del PP en esa zona.
Paralelamente, Pablo Pardillos ha sido citado en un par de ocasiones por el Juzgado de Daroca a raíz de algunas denuncias (al menos dos) que le señalan como presunto autor de varios supuestos quebrantamientos de la orden de alejamiento preventiva que le impuso la jueza.
