Una docena de organizaciones lamenta que los bancos sigan poniendo trabas para cumplir la ley y abrir cuentas de pago básicas sin comisiones para las personas migrantes, sobre todo ahora que hacen gala de facilitárselas a los ucranianos refugiados en España.
Imagen de la campaña de varias ONG contra la exclusión financiera de migrantes y refugiados en España // CEAR
La guerra en Ucrania ha puesto sobre la mesa la diferencia de trato que reciben los refugiados según el país del que procedan. Uno de esos dobles raseros se ha visto de forma evidente en el sector bancario, que lleva más de dos años incumpliendo la ley al negarle o dificultar a personas migrantes y refugiadas la apertura de cuentas de pago básicas, según llevan tiempo denunciando una docena de ONG.
Se trata de una cuenta corriente con pocas o nulas comisiones y sirve para garantizar que las personas vulnerables no caigan en la exclusión financiera. Es decir, que no puedan realizar operaciones básicas para el día a día como pagar recibos o tener ingresos por no disponer de una cuenta bancaria.
Desde que comenzó la invasión rusa, entidades financieras como BBVA, CaixaBank, Banco Santander o su filial digital Openbank han anunciado la puesta en marcha o incluso el «lanzamiento» de cuentas básicas gratuitas destinadas a refugiados ucranianos. Para abrir algunas de ellas solo exigen presentar un documento de identidad o el resguardo de presentación de la solicitud de protección temporal para personas desplazadas.
La banca impide a personas migrantes abrir cuentas básicas sin sanción alguna a pesar de incumplir la ley – Jairo Vargas Martín
En realidad, las cuentas de pago básicas no son un gesto de compromiso o buena voluntad, sino un derecho. Los bancos están obligados por ley a facilitarlas a personas en situación de vulnerabilidad o a solicitantes de asilo. Lo recogen dos reales decretos de 2017 y 2019 con los que el Gobierno tuvo que responder a las exigencias de la Unión Europea.
Así lo han recordado este miércoles organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge, Provivienda o Cepaim, que celebran esta postura de los bancos con los desplazados ucranianos, pero exigen que estas mismas medidas se apliquen «a todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo «con independencia de su nacionalidad».
«Los bancos no están haciendo algo extraordinario, sino que están cumpliendo con la legislación vigente, y dicha legislación no discrimina por nacionalidad ni por situación administrativa», destaca la Red Acoge.
Otras miradas – Sobre la exclusión financiera de nuestros mayores – Eugenio Ribón Seisdedos
300 incumplimientos
Estas organizaciones han recopilado solo en enero casi 300 incidencias sobre incumplimiento de la banca, bien por no informar de la existencia de cuentas de pago básicas, por no reconocer como válidos documentos de identidad o por obligar a contratar otras cuentas con comisiones.
De esas incidencias, casi el 34% se han registraron en oficinas de CaixaBank, a las que hay que sumar el 10% detectado en la absorbida Bankia. El BBVA registró un 18,5% de esas incidencias y el Santander, el 12,8%. Aunque también hay casos en cajas rurales. Por el contrario, no han recibido ninguna notificación sobre problemas para la apertura de cuentas por parte de desplazados de Ucrania, subrayan.
A pesar de que las ONG han comunicado esta situación a las propias entidades bancarias, al Banco de España, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) o al Gobierno, denuncian que no ha habido cambios.
De hecho, el Defensoría del Pueblo mantiene abiertas diversas actuaciones tras recibir numerosas quejas de personas extranjeras que aseguran que se les había denegado la apertura de cuentas bancarias.
«Cuando hay voluntad se puede garantizar este derecho sin discriminaciones», insisten las ONG, que no solo apuntan al caso de los refugiados ucranianos, sino también a las medidas —o al menos las promesas— que la banca ha tomado para facilitar la inclusión financiera de personas mayores o residentes en zonas rurales. Las organizaciones han solicitado una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para reclamar que estas mismas medidas sean aplicadas sin discriminación.
