ACS, Acciona, OHL, Ferrovial, FCC, Sacyr y otras seis empresas han sido sancionadas por la CNCM, pero las multas, en caso de que acaben pagándolas, no parecen ser disuasorias comparadas con sus beneficios.
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Quedaban “a tomar café”, dice la nota de prensa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Mientras saboreaban el café se repartían el negocio de la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. El cártel de empresas convirtió a la mano invisible de los mercados en una fórmula: cada empresa tenía un número de puntos que iban perdiendo en función de si presentaban una oferta más baja de un precio suelo que acordaban de manera conjunta. Si una de las empresas hacia una oferta por debajo de esa cifra para llevarse el contrato, perdía puntos. Cuanto más baja más puntos perdías. Si una de ellas se llevaba de este modo varios contratos, debía presentar ofertas más altas del límite en el resto de contratos para dejar que ganaran sus compañeros de café. Todos ganaban, menos las arcas públicas y los bolsillos de los contribuyentes.
Así fue cómo, entre 2014 y 2018, 12 de las mayores constructoras y empresas de gestión y mantenimiento de carreteras se repartieron 71 de las 101 licitaciones públicas que el Ministerio de Fomento del Gobierno del Partido Popular publicó en relación con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Se repartieron 530 millones de euros de dinero público, el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio. Dos de cada tres contratos públicos durante cuatro años fueron amañados.
Más información: Corrupción Acciona, Ferrovial, OHL, Sacyr y otras constructoras amañaron concursos mientras gobernaba el Partido Popular – Redacción El Salto
Los implicados: los sospechosos habituales. Acciona, de la familia Entrecanales; ACS, de Florentino Pérez; OHL, de de Juan Villar-Mir; Ferrovial, de Rafael del Pino; FCC, del mexicano Carlos Slim, o Sacyr, cuya mayor accionista es el que fuera ministro de Industria con Franco, Demetrio Carceller. Hasta 12 empresas han sido señaladas y sancionadas por la CNMC por formar el cártel y amaño de concursos.
Y lo de “sospechosos habituales” no es una metáfora cinematográfica (que también). El imperio de Florentino Pérez es la empresa española líder en sanciones por amañar contratos, tras los 51 millones de multa por amañar licitaciones de ADIF también tuvo una sanción por el denominado cártel de los barracones escolares en 2015 por más de ocho millones de euros. Además, la constructora de Florentino también participó en el denominado cártel de la basura, pero la Audiencia Nacional libró a la empresa de pagar la multa por defectos de forma.
FCC, ACS, Valoriza (Sacyr), Urbaser (ACS), Cespa (Ferrovial) también fueron sancionadas por la CNMC al descubrirse que se habían repartido contratos de limpieza urbana y gestión de residuos. La multa de casi 40 millones de euros fue repartida entre 39 empresas. La cafetería donde quedaban debió ser algo más grande de lo habitual.
¿Son disuasorias las sanciones de la CNMC?
La CNMC ha impuesto una multa total de 61 millones de euros a repartir entre las 12 empresas en proporción a su implicación en la licitación de contratos, aplicando un descuento del 50% a la empresa Aceinsa al participar en el Programa de Clemencia de la Comisión al haber aportado elementos de prueba y que han permitido a la CNMC detectar y acreditar la existencia del cártel. Si lo comparamos con el botín obtenido, 530 millones de euros en contratos, el total de las sanciones representa el 11,5% de la facturación obtenida con dichos concursos públicos. Pero para observar la magnitud y efectividad de una sanción deberíamos calcular el esfuerzo que necesitan hacer dichas empresas para hacer frente a las multas.
¿Son disuasorias las multas que ha impuesto la CNMC? ¿Cuánto suponen las multas en comparación con los beneficios obtenidos por dichas empresas? ¿Y comparado con sus ventas?
Se supone que una sanción debe ser disuasoria. Las multas deberían prevenir y evitar que las mismas empresas tengan la tentación de seguir funcionando como un cártel y violar la libre competencia y concurrencia en los concursos públicos. Pero, ¿son disuasorias las multas que ha impuesto la CNMC? ¿Cuánto suponen las multas en comparación con los beneficios obtenidos por dichas empresas? ¿Y comparado con sus ventas? ¿Cuántos días necesita Florentino para pagar la sanción? ¿Cuánto cuesta en España amañar concursos y repartirse el dinero público?
A Flourish data visualizationSi calculamos los importes de las multas en comparación con los beneficios de dichos grupos empresariales y sus ventas anuales nos podemos hacer una idea de lo barato que sale incumplir las leyes de la competencia, amañar concursos y sangrar las arcas públicas. Comparado con los beneficios de 2019, año anterior a la pandemia, observamos que el conjunto del cártel solo necesita algo más del 4% de su beneficio anual para hacer frente al conjunto de las multas.
El cártel de las constructoras que amañó los concursos de mantenimiento de las carreteras pagará la sanción con su facturación de menos de ocho horas
Si lo comparamos con las ventas totales del cártel, las 12 empresas solo necesitan un 0,3% de sus ventas de un solo año para pagar la sanción por amañar concursos durante cinco años. O lo que es lo mismo, el cártel de las constructoras pagará la sanción con su facturación de menos de ocho horas.
La multa impuesta a la empresa de Florentino Pérez ha sido la mayor, casi 12 millones de euros. Pero también es ACS la reina de las constructoras en beneficios y ventas. La empresa solo tendrá que pagar un 1,22% de su beneficio de 2019 por haber amañado contratos desde 2014 a 2018. Si lo comparamos con las ventas del grupo, ACS solo necesita el 0,03%, o lo que es lo mismo, Florentino Pérez pagará la multa por amañar contratos con lo que factura ACS en menos de tres horas.
Florentino Pérez pagará la multa por amañar contratos con lo que factura ACS en menos de tres horas
Con los otros grandes grupos pasa algo parecido. Sacyr podrá hacer frente a la sanción con el 15% de los 35,7 millones de euros que ganó en 2020 (en 2019 se anotó pérdidas). FCC pagará la multa con el 3,20% de lo que ganó en 2019, o lo que es lo mismo, podrá pagar la sanción con lo que factura en medio día. Acciona, por su parte, podrá pagar los 2,3 millones de euros que le impone Competencia con un 0,62% de su beneficio o el 0,03% de sus ventas de 2019.
Volver a contratar con la administración pública
Las conductas ilícitas en las que incurrieron estas empresas se prolongaron más allá del 22 de octubre de 2015, fecha de entrada en vigor de la ley que prohíbe que empresas que violen las leyes de competencia incurran a nuevos concursos públicos. La CNMC ha remitido a la Junta de Contratación del Estado la notificación de esta resolución a fin de que se inicie el procedimiento de determinación de la duración y alcance a las empresas sancionadas.
Pero las empresas tienen filiales, las filiales forman Uniones Temporales de Empresas (UTE) y España es España. Tal y como ya vimos con la multa a estas mismas empresas que amablemente la Audiencia Nacional canceló y con la congelación temporal de las sanciones al cártel de las basuras, entre las que se encuentran los mismos sospechosos habituales, todavía tendremos que esperar a ver si Florentino Pérez, los Entrecanales o Carlos Slim acaban pagando las sanciones con esas horas de ventas o se vuelven a librar de reírse de la mano invisible y del bolsillo del contribuyente. Todo ello en un contexto donde el PSOE ha planteado la posibilidad de imponer un peaje por el uso de todas las carreteras en 2024 porque, según el exministro Jose Luis Ábalos, el coste de mantenimiento de las carreteras es muy caro. Claro que nos sale caro, y con estas ridículas sanciones y estos cárteles no parece que la cosa vaya a cambiar mucho.
