España pierde un nuevo arbitraje internacional por la reforma Soria-Nadal a las renovables. Quedan 34 casos por dictar y, por el momento, el Estado ha perdido todos. La factura en indemnizaciones podría ascender a 4.300 millones de euros.
Campo de placas solares en Son Salomó, Menorca // Gemma Andreu
Ya suman todos los dedos de ambas manos. España no para de recoger guantazos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo dedicado a la resolución de conflictos internacionales adscrito al Banco Mundial, por los recortes que se infringieron a las renovables en la era Rajoy.
El último laudo dictado por el organismo relativo a denuncias de inversores internacionales motivadas por la llamada reforma Soria-Nadal, calificada por la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) como “un recorte, drástico y retroactivo, que el Gobierno Rajoy infligió a las instalaciones renovables” —un proceso que comenzó con los recortes de Zapatero a las ayudas a la energía renovable—, supone que las indemnizaciones que deberá pagar el Estado ascienden a 800 millones de euros, a los que habrá que sumar los intereses de demora y los gastos generados en el proceso por la defensa de estos pleitos y el pago de costas.
Se trata del décimo proceso que pierde España, en el que el demandante es un fondo perteneciente a la gestora de inversiones especiales de Londres Infrared Capital Partners, propiedad del banco británico HSBC, pero con toda probabilidad no será el último. En total, son 44 los casos conocidos en los que se demanda a España, con lo que, según señala la Anpier, la factura por la modificación de las reglas del juego sobre renovables realizada con Rajoy al frente podría costar al contribuyente hasta 4.300 millones de euros por daños causados a los inversores.
Para el Ciadi, la reforma “vulnera el estándar de tratamiento justo y equitativo recogido en el artículo 10.1 de la Carta de la Energía, por cuanto los demandantes, afirman los laudos, tenían la expectativa legítima de que no se modificaría el derecho de las plantas a recibir la remuneración prevista en forma de tarifa regulada”.
Como recoge la asociación, con cinco procesos, España es el país del mundo que más denuncias ha acumulado en el primer semestre de 2019, “algo que refuerza la posición destacada de España durante los últimos años como país con más reclamaciones pendientes por quebrantar la Carta de la Energía a causa de la devastadora reforma del sector eléctrico”.
Para el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca: “Este vía crucis que está soportando el Estado español es un descrédito para nuestro país y una sucesión lacerante de noticias para los 60.000 pequeños productores fotovoltaicos españoles, que contemplamos como para una misma situación se están produciendo dos tipos de justicia: la que obliga a indemnizar el daño causado a los inversores foráneos, frente a la realidad de las familias fotovoltaicas españolas, que soportamos recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada. Resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y no evite la ruina de sus nacionales”.
La asociación, que recuerda que a este sector se le han impuesto nueve recortes retroactivos en una década, denuncia además que “no habrá transición justa si no se restituyen los derechos de aquellos que con su esfuerzo personal creyeron e hicieron posible la madurez de la generación fotovoltaica: 60.000 familias españolas que, atendiendo un llamamiento del Estado español, destinaron sus ahorros e hipotecaron sus hogares para impulsar el desarrollo de una tecnología que ahora nos permite dejar atrás la generación fósil y combatir así los escenarios más devastadores del cambio climático”.
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