Muchos municipios siguen cobrando un impuesto que el Tribunal Constitucional invalidó en mayo
La Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia acusando a los ayuntamientos de seguir cobrando la plusvalía, pese haber sido declarado nulo. El 11 de mayo de este año, el Tribunal Constitucional (TC) declaró que consideraba que el “Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos Urbana (plusvalía) vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”, y anuló su validez y su aplicación por parte de las administraciones locales.
Pero, según la asociación denunciante, los ayuntamientos han seguido cobrando este tributo a la plusvalía en casos en la que los propietarios no venden y por lo tanto no tienen beneficios, o venden a un valor más bajo y por lo tanto obtienen pérdidas. Por este motivo, y entender que los ayuntamientos locales conocen perfectamente que están incumpliendo la sentencia del TC, ASUFIN ha decidido denunciar a las administraciones locales por prevaricación.
El comunicado de la asociación también carga contra los responsables de las áreas de economía de los organismos autónomos de la agencia tributaria, al entender que siguen permitiendo que los ayuntamientos sigan cobrando la plusvalía, cuando las sentencias del TC son de cumplimiento automático.
El 23 de septiembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 22 de Madrid, condenó al Ayuntamiento de Leganés a devolver un impuesto de plusvalía de 4,893 euros a una propietaria que había vendido su piso en 2012 incurriendo en pérdidas. Además, este juzgado obligó al consistorio a pagar las costas del juicio.
Esto abre la vía a que todos los ciudadanos que hayan sido obligados a pagar este impuesto puedan reclamar la devolución integra. Según la asociación denunciante, “cualquier ciudadano que haya pagado este impuesto puede reclamar, pero los que lo hayan hecho después del 11 de mayo de 2017 pueden y deben defenderse de este atropello”.
Muchos ayuntamientos han declarado estar esperando a que el Gobierno legisle al respecto. Según Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, esas peticiones “ignoran que las sentencias del TC son de obligado y automático cumplimiento”.
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