Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en los tres primeros meses de 2019 hubo 15.559 desahucios, un 2,2 % menos que el año pasado. De esta cifra, el 65,9 % pertenecen a viviendas en alquiler.
Imagen de un desahucio en Tetuán // David F. Sabadell
Los datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que sigue aumentando el número de desahucios por impago de alquiler en el primer trimestre del año, frente a los motivados por ejecuciones hipotecarias, que llevan 15 meses a la baja. En total hubo 15.559 desahucios, un 2,2 % menos que el año pasado. De esta cifra, el 65,9 % pertenecen a viviendas en alquiler.
Donde más desahucios se practicaron fue en Cataluña, donde los desahucios por alquiler cuadriplican los hipotecarios. Allí el Sindicat de Llogaters mantiene su campaña Ens quedem (Nos quedamos), con la que animan a la desobediencia civil ante la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Mediante una caja de resistencia, intentan sufragar los gastos judiciales de estos desahucios a quien no puede hacer frente a los mismos.
Cuatro días antes de las elecciones del 26 de mayo, la Generalitat anunció la regulación de los precios del alquiler, pero, desde el Sindicat de Llogaters, Alexandra Francés advierte de que “solo se aplicaría a contratos nuevos, se puede eludir si se renueva el contrato del mismo piso, se evita con obras y permite una subida del 10 % sobre la media de la zona. Además, si esta ley no se cumple, el decreto no contempla sanción alguna. Lo deja en manos de las inquilinas que demanden para conseguir que prevalezca su derecho”. También denuncian que el decreto se ha hecho deprisa, en un sentido electoralista y de espaldas a las asociaciones por la vivienda.
La cronificación de la pobreza y los movimientos especulativos a través de la gentrificación urbana y la turistificación son sus principales motivos, según la APDHA
En Andalucía, la segunda comunidad autónoma por número de desahucios, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado que tres de cada cinco desahucios en Andalucía son por alquiler, lo que evidencia “ineficacia de los sucesivos gobiernos para solucionar el problema de vivienda, que afecta a numerosas familias andaluzas”, declaran, aduciendo “pasividad” en la Junta de Andalucía. Calculan que se producen 26 desahucios diarios de media. Estiman que la cronificación de la pobreza y los movimientos especulativos a través de la gentrificación urbana y la turistificación son sus principales motivos.
Madrid es la tercera de esta lista negra. Ana Sánchez Rojo, del Sindicato de Inquilinas, cree que “existe relación entre el incremento de los precios de los alquileres y el aumento de los desahucios por impago de alquiler”. “Si los precios suben por encima del precio que las familias pueden pagar, lo lógico sería que se regulara el precio de los alquileres, en función de la renta que puedan asumir estas familias. Así no habría casos de morosidad ni de impago del alquiler. Aunque la LAU [Ley de Arrendamientos Urbanos] se ha ampliado a cinco años, no se ha establecido un límite de precios”, añade.
También continúan, aunque no aparecen en esta estadística, los desahucios invisibles. “Cuando alguien abandona su casa ante una subida abusiva o porque no le renuevan el contrato de alquiler, hablamos de desahucio invisible. Es una situación a la que nos enfrentamos continuamente en nuestras ciudades y barrios”, concluye Ana Sánchez.
Se están reactivando las ejecuciones hipotecarias, culminen o no culminen con lanzamiento, que han estado paralizadas a la espera de que el Tribunal de Justicia Europeo dictase sentencia
El número de desahucios por impago hipotecario disminuye, pero según Alejandra Jacinto, de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), “se están reactivando las ejecuciones hipotecarias, culminen o no culminen con lanzamiento, que han estado paralizadas a la espera de que el Tribunal de Justicia Europeo dictase sentencia. A raíz de esa sentencia se han levantado las suspensiones y han continuado los desahucios”. Según Jacinto, “el dato que nos va a llamar la atención es el del año que viene, porque se levantará la moratoria antidesahucios hipotecarios para familias en riesgo de exclusión social, a no ser que se renueve”.
Los fondos buitre y la tolerancia que desde las instituciones se tiene con ellos son otra de las cuestiones que preocupan a los colectivos en defensa de la vivienda. “Su comportamiento es oligopolístico y no se ha puesto límite desde un control de precios. Otra cosa que hay que recordar es la cantidad de vivienda vacía, nuestros datos hablan de más de 200.000 pisos. Por eso es imprescindible que Madrid tenga una ley autonómica de vivienda, ya que es, junto con Asturias, de los pocos lugares que no cuentan con una ley propia”. La Comunidad de Madrid tampoco está ejecutando totalmente su presupuesto en vivienda. “De todo el dinero que tienen presupuestado para ello, calculamos que han ejecutado un 7 %. Es una auténtica vergüenza”, concluye Jacinto.
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