«El hecho de ser diputado no puede suponer tener una categoría superior a la del pueblo», afirma el parlamentario de Unidos Podemos por Jaén al realizar este gesto simbólico.
El diputado de Unidos Podemos por Jaén, Diego Cañamero, ha firmado este jueves ante notario la renuncia de su aforamiento como diputado del Congreso porque no quiere tener «ningún privilegio respecto a los demás ciudadanos».
«El hecho de ser diputado no puede suponer tener una categoría superior a la del pueblo porque el pueblo te elige como representante para defenderlo, no para defenderte tú con privilegios, sea de dinero o de posición política», ha señalado Cañamero tras firmar esta renuncia a las 10,00 horas en una notaría de Sevilla.
Ha confiado en que el Congreso admita este «gesto» y que a nivel jurídico «se pueda interpretar correctamente que no quiero tener ningún privilegio, por lo tanto renuncio al aforamiento para que cualquier tribunal me pueda llamar, me pueda imputar o procesar sin ningún problema».
A su juicio, el pueblo no vota a sus representantes para que se aíslen del pueblo y tengan unos privilegios, de manera que ha afirmado: «yo soy pueblo y quiero seguir siendo pueblo».
Con este gesto, Cañamero quiere poner su «granito de arena» para que los privilegios de la clase política «vayan cambiando» y ha afirmado que si su renuncia «le da vergüenza o le hace sentirse incómodo» a otros diputados, no le importa porque «la política es la idea noble de defender las causas justas». «Como la política se ha desvirtuado tanto, intento poner en práctica lo que entiendo de un político y de la política», ha zanjado.
Nadie puede renunciar al aforamiento
La firma de Cañamero constituye un gesto simbólico, ya que ningún diputado puede renunciar a su aforamiento, porque no puede escoger qué tribunal ha de juzgarle: cada persona es juzgada por el órgano que determine la ley, que es un principio básico del Estado de Derecho.
Los parlamentarios como Cañamero son juzgados por el Tribunal Supremo, porque así lo establece la Constitución Española para preservar la inviolabilidad de las Cortes Generales.
Por lo tanto, si se quisiera suprimir el aforamiento, las Cortes tendría que cambiar la Constitución, cuyo artículo 71 proclama que los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones; gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito; no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de su Cámara, y serán juzgados por el Tribunal Supremo.
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