Varias organizaciones denuncian que los bancos están aumentando las comisiones abusivas y usando la digitalización para excluir a clientes poco rentables.
Una mujer saca dinero en un cajero de la Gran Vía madrileña los primeros días del estado de alarma // Álvaro Minguito
Los bancos necesitan dinero para superar la actual crisis y para ello están usando la misma técnica que utilizaron en la anterior crisis. Según los cálculos de la Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros de España (ADICAE), durante el 2018 los bancos ingresaron 21.347 millones de euros solamente en comisiones bancarias, un 24% de los ingresos totales de las entidades. Solo el Banco Santander ingresó 11.485 millones de euros en dicho periodo. Bankia obtuvo el 23,26% de su facturación mediante esta vía.
El año pasado, el Banco Santander suprimió gran parte de las ventajas de su conocida Cuenta 1, 2, 3, dando el pistoletazo de salida a una subida de comisiones generalizada a la que le siguieron BBVA, Bankia o Banco Sabadell.
En los últimos meses, Unicaja, Abanca o CaixaBank también han endurecido sus condiciones o colocado cada vez más condicionantes o productos asociados de contratación obligatoria si se quiere gozar de cuentas con menos comisiones.
Desde Asufin denuncian que se están subiendo las comisiones a los clientes “menos vinculados”, o sea aquellos que no tienen otros productos contratados con la misma entidad
Esta nueva crisis vuelve a ser el escenario perfecto para que las entidades financieras suban esos márgenes y eso es lo que están haciendo, según varias organizaciones de defensa de los consumidores. Desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) denuncian que se están subiendo las comisiones a los clientes “menos vinculados”, o sea aquellos que no tienen otros productos contratados con la misma entidad o que no tiene nóminas o recibos domiciliados. Un perfil de cliente que siempre suele ser menos rentable en su conjunto para la entidad.
Según una comparativa de Ausfin sobre las comisiones que cobran las entidades financieras a clientes sin otro tipos de vinculaciones realizada en marzo de este año, la entidad que más cobra es el Sabadell, llegando a cobrar 200 euros al año. Por encima de los 100 euros se sitúan BBVA, Deutsche Bank, Liberbank, Banco Santander, Bankinter y Bankia. Estas dos últimas entidades, cobran una comisión anual máxima de 150 euros y 168 euros, respectivamente.
Pero además, desde Asufin critican la falta de transparencia de los costes de esos productos asociados que se deben contratar para librarnos o disminuir las comisiones. “Las entidades no informan de manera transparente de los costes de los productos vinculados, que suelen ser más caros que en el libre mercado, por lo que la vinculación no supone un ahorro real para los clientes”, denuncian.
Comisiones que rozan la ilegalidad
Hay comisiones que, directamente, han sido cuestionadas por el Tribunal Supremo y que han sido señaladas y denunciadas desde las organizaciones de consumidores.
Es el caso de la comisión por reclamación de posiciones deudoras, quedarte en números rojos, a pesar de que el alto tribunal, en su sentencia 566/2019 de 25 de octubre de 2019, anuló una cláusula de estas características por considerar que no representa un servicio real prestado al cliente, señalan desde Ausfin. Y no es el único cobro que te puede acarrear ese descubierto. Rubén Sánchez, portavoz de la organización Facua – Consumidores en Acción, denuncia que esas comisiones se tienen que dar por servicios reales, “muchos bancos están cobrando por ‘notificación de descubierto’, o sea no por estar en números rojos, que eso ya te lo cobran, sino por notificarte que lo estás”, lamenta Sánchez y añade que “hay bancos que están cobrando esa comisión sin que realmente el cliente esté enterado”.
Digitalización como excusa
Sánchez no quiere demonizar una digitalización de la banca que si que está al alcance de mucha gente, incluso remarca que dicho proceso ha conseguido abaratar algunas comisiones de transferencias, pero remarca que “la banca no puede obviar la brecha digital ni el hecho de que hay personas mayores que no tienen capacidad de acceso o uso a la banca online”.
Explica uno de los casos más típicos y que son anteriores al actual proceso de digitalización: las tarjetas de débito o crédito. “Hay gente que no tienen ni quieren tener una tarjeta porque no saben usarla y quieren sacar sus pensiones en ventanillas como lo ha hecho toda la vida”. Desde Facua denuncian que han encontrado casos en los que se les está denegando a muchas personas sacar dinero en ventanilla, obligándoles a contratar tarjetas y a utilizar los cajeros automáticos.
Desde Facua denuncian casos en los que se les está denegando sacar dinero en ventanilla, obligándoles a usar tarjetas y cajeros
Estas comisiones por operar en ventanilla suponen, según Asufin, “un paso más para alejar a los clientes de las oficinas bancarias que unido a la mayor digitalización de estos espacios, que tienen cada vez menos empleados, contribuyen a aumentar la brecha digital”. Al respecto, la presidenta de Asufin Patricia Suárez, declara que “si este proceso no se acompaña de mayores esfuerzos en educación financiera y digital, la gestión del día a día de las finanzas de los consumidores se resentirá. No sólo entre la población mayor, menos habituada al manejo de la tecnología, también entre los más jóvenes, necesitados de mayor asesoramiento financiero”.
Reclamar siempre
Tanto desde Facua como Asufin coinciden en que para que una entidad pueda cobrar una comisión nueva o aumentar el coste de una existente, el cliente debe ser informado correctamente. “Los consumidores deben saber que si les cobran comisiones nuevas y no se les ha notificado por escrito, o sea si les han cambiado sus condiciones de contrato, tiene el derecho a reclamar la devolución de todos los cargos hasta la fecha hasta que se les comunique”, explica Sánchez.
En Asufin remiten a lo que dice el regulador, el Banco de España: “Las comisiones bancarias y los gastos deben responder a servicios efectivamente prestados o gastos habidos”. Es decir, no pueden cobrar al consumidor por servicios que no haya solicitado o aceptado, ni que se hayan prestado efectivamente. En el caso de los contratos de duración indefinida, como son las cuentas corrientes o las tarjetas, el banco tiene la obligación de comunicar el cambio de condiciones con al menos con dos meses de antelación a la fecha de entrada en vigor.
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