Una iniciativa legislativa en el País Valencià plantea el uso de fondos públicos para sufragar el coste del programa Reciclos, rechazado por las organizaciones ecologistas por complejo, costoso e ineficiente. Las directivas europeas y la Ley de Residuos exigen que los costes de la gestión de residuos sean asumidos por las empresas productoras.
Campaña de Greenpeace informando de la gestión ineficiente de los residuos por parte de Ecoembes // David F. Sabadell
Ecoembalajes España SA, más conocida como Ecoembes, centro de la polémica por las bajas tasas de reciclaje de envases en España —de apenas el 25% según las últimas investigaciones— y ente responsable de reciclar los residuos que sus empresas adheridas ponen en el mercado, pretende que su polémico y complejo sistema de incentivo de reciclaje, Reciclos, sea sufragado con dinero público.
Así se desprende del texto planteado en la proposición de ley para la Prevención de Residuos, la Transición Ecológica y el Fomento de la Economía Circular, presentado en la mesa de las Corts valencianas el 30 de diciembre, que propone la “financiación de fondos europeos, estatales o autonómicos de hasta un máximo del 100% de las inversiones necesarias para los equipos automáticos de recogida separada”. El texto apunta directamente a los “fondos europeos o de recuperación pos-COVID” y a la ciudad de Valencia, que ya ha anunciado que promoverá esta iniciativa conjuntamente con el sistema Reciclos que impulsa Ecoembes.
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La Alianza Residuo Cero, formada por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider, califica el el procedimiento como “inaceptable” y recuerda que las directivas europeas y la ley de residuos vigente exigen que los costes de la gestión de sus residuos sean asumidos por las empresas productoras a través de la Responsabilidad Ampliada del Productor.
Para los colectivos ecologistas, con esta medida las empresas que forman Ecoembes —una red de 12.000 compañías entre las que se encuentran gigantes como Coca-Cola, Danone, El Corte Inglés o Carrefour— “trasladarían su responsabilidad legal como productores a las personas contribuyentes”.
Sistema ineficiente
Reciclos, un sistema basado en el escaneo de productos por parte del ciudadano a través del móvil para obtener “recompensas y canjearlas luego por incentivos sostenibles”, según la propia Ecoembes, está pensado, denuncian las entidades medioambientales, para “boicotear e impedir la implantación de un verdadero sistema de retorno y devolución de envases (SDDR) que funciona ya con éxito en más de 40 países y regiones del mundo”.
Valencià dista mucho de ser un SDDR, una fórmula que ha aumentado las tasas de reciclaje de envases en países como Alemania o Suecia de forma importante, con tasas de reciclaje del 90% de latas y botellas para su reutilización. Ecoembes pretende, sin embargo, instalar un centenar de máquinas de retorno de envases en la región —3.000 antes del 31 de diciembre de 2023— por las que el ciudadano recuperaría dos céntimos por envase, un dinero que no cobraría en el momento, sino que sería descontado de la tasa de residuos de cada persona participante en el programa Reciclos.
La medida es, para la Alianza Residuo Cero, “mucho más simbólica que efectiva para acabar con los millones de latas y botellas abandonadas cada día”, además de costosa. En estimaciones de la propia industria, las 3.000 máquinas de retorno automático que recoge la propuesta de ley tendrían un coste aproximado de 45 millones de euros. Sin embargo, el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor rige en la UE y, por normativa comunitaria, las empresas fabricantes tienen la responsabilidad sobre los productos que ponen en el mercado y deben asumir los costes de la gestión de los residuos que generan. “Esta obligación se lleva incumpliendo durante años ya, que las personas expertas calculan que los productores solo cubren el 30% de los costes reales de la gestión de los residuos que provocan sus productos, trasladando el 70% a las administraciones públicas y por ende a las personas contribuyentes”, denuncia la Alianza.
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“Desde la Alianza Residuo Cero se considera inadmisible que Ecoembes junto con la industria responsable de la nefasta gestión de residuos en el Estado español y de los costes ambientales, sociales y económicos que ésta supone ya ni tan siquiera trabaje para solventar esta situación, sino que pretende seguir trasladando el coste de su negligencia a las personas contribuyentes”, opinan las entidades de la Alianza Residuo Cero.
Ante las bajas tasas de reciclaje, la UE aprobó en 2019 la Directiva sobre plásticos de un solo uso, que obliga a que los productores se hagan cargo de los envases en los que comercializan sus productos, incluyendo costes de limpieza por el abandono de envases en el medio. Dicha directiva será traspuesta este año al ordenamiento español mediante la nueva Ley de Residuos.
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