- La Ley de Contratos del Sector Público es clara: “La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido”.¿Se cumple? En lo que respecta a los ministerios y, en los últimos dos años, no.
- Tanto en 2013 como en 2014, el 60% de los contratos se adjudicaron vía negociado, la gran mayoría sin publicidad.
En concreto, en el último año, de los 7.237 contratos adjudicados, solo 2.889 lo fueron vía concurso abierto y 4.301 se concedieron por negociado, 4.093 de ellos sin publicidad. El resto, un porcentaje mínimo (0,65%), se dirimió vía procedimiento restringido o normas internas.
Uno de los ministerios que cuenta con un porcentaje mayor de negociados es Defensa, con casi un 71%. También es el departamento que más contratos adjudicó en 2014, un total de 2.389, frente a los 57 de Justicia o los 88 de Asuntos Exteriores y Cooperación. Este último es el que se lleva la palma en cuanto al uso del negociado, un 82% frente a un 18% de concursos. También superan la media el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (70%) y el de Presidencia (73%).
Al otro lado, los ministerios en los que el número de adjudicaciones por concurso es mayor son Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (64,05% por concurso); Empleo y Seguridad Social (57,10%); y el Ministerio de Justicia (68,42%).
Un avance de ¿Quién cobra la obra?
Esto es solo un avance. El próximo otoño verá la luz ¿Quién cobra la obra?, el próximo proyecto de Civio, en el que vamos a analizar el uso del negociado en las administraciones públicas. Los datos de este artículo, extraídos de Contratación del Estado, son todos los contratos -a excepción de los menores- adjudicados en 2013 y 2014 por todos los ministerios. Para realizar un análisis más profundo del uso de este procedimiento, deberíamos -y lo haremos- añadir la cuantía de esas adjudicaciones y analizar, caso por caso, si se ajustan a la ley. Por desgracia, las razones que se argumentan para que un contrato específico se adjudique por negociado no son públicas, así que solo podremos escudriñar a fondo los más cuantiosos, aquellos que solo por precio no pueden entrar dentro de esta categoría.
En ¿Quién cobra la obra? vamos a sumar al análisis a las comunidades autónomas, entidades locales y otros organismos públicos, utilizando varias fuentes públicas. Además vamos a ampliar la investigación a otros años, para estudiar la diferencia entre gobiernos y, lo más importante, vamos a poner luz sobre qué empresas se han llevado los contratos de obra pública en nuestro país. Son los primeros pasos de una nueva aventura. En Civio vamos a sumergirnos, de lleno, en la contratación pública, protagonista de muchos de los casos de corrupción de los últimos años.
