- Una encuesta elaborada por Fashion Revolution en cinco países europeos concluye que casi un 40% de los consumidores se plantea las repercusiones sociales y medioambientales a la hora de adquirir ropa y complementos
- El 77% de los encuestados en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España piensa que se debería «obligar por ley» a las marcas textiles a respetar los derechos humanos de quienes elaboran sus artículos
- La mayoría de la población encuestada piensa que es importante que las marcas publiquen información detallada sobre los salarios y las condiciones de los trabajadores
Mujeres en una fábrica textil de Phnom Penh, la capital de Camboya / © Samer Muscati/Human Rights Watch
A la hora de comprar ropa, zapatos o accesorios, casi el 40% de la población española asegura tener en cuenta las repercusiones sociales y medioambientales que hay detrás de esas prendas. Sin embargo, cerca del 60% no se hace este tipo de preguntas. Es una de las conclusiones de la Encuesta europea sobre moda y consumo responsable, elaborada por Fashion Revolution y publicada este miércoles por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
El estudio revela las actitudes de la población en los cinco principales mercados europeos -Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España- hacia el impacto medioambiental o las condiciones en las que se produce la ropa que se compra. Y concluye que una gran mayoría de los encuestados, un 77%, considera que la ley debería exigir a las empresas del sector que se respeten los derechos de todos los trabajadores que intervienen en la fabricación de sus productos. En España este porcentaje supera el 80%.
¿Qué es lo que más tienen en cuenta los consumidores a la hora de decantarse por comprar o no una prenda de ropa? De acuerdo con el estudio, el 39% de las personas europeas encuestadas para el informe afirma que es importante que sea elaborada por trabajadores y trabajadoras que reciben un salario justo y digno. Esta cifra se eleva al 43% en el caso de España.
Le sigue de cerca la protección del medio ambiente, con un 37%, o las condiciones de trabajo seguras, con un 31%. Menos relevante son otros criterios como el bienestar de los animales (30%), la producción local (10%) y el uso de materiales reciclados (6%).
Según la campaña internacional Fashion Revolution, aproximadamente 75 millones de personas trabajan en la industria textil en todo el mundo, de las cuales alrededor del 80% son mujeres. La plataforma, creada tras el desastre del edificio Rana Plaza en Bangladesh para concienciar sobre las condiciones del sector, denuncia que muchos trabajadores están sujetos a explotación, abuso verbal y físico, trabajan en condiciones precarias y con un salario muy bajo.
Más transparencia y regulación de las empresas
A pesar de que no todos se plantean que esconden las etiquetas de sus prendas de ropa, la encuesta concluye que la mayoría de los consumidores pide más transparencia a las marcas de moda. El 66% de la población entrevistada considera importante que las marcas «publiquen información detallada sobre los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas en su cadena de suministro global». En España, esta exigencia la comparte el 74% de los encuestados. En total, 5.000 personas de entre 16 y 75 años participaron en el estudio.
Asimismo, la gran mayoría de la población encuestada, un 80%, piensa que las marcas de moda deberían hacer públicas las fábricas en las que se confeccionan sus prendas, así como los proveedores que les abastecen de materiales para fabricarlas.
Por otro lado, una amplia mayoría de los entrevistados cree que las empresas deben comprometerse para reducir el impacto de sus actividades en la desigualdad de género (77%), la degradación del medio ambiente (88%) y la pobreza (84%). En España, concretamente, tres de cada cuatro personas encuestadas considera que la industria de la moda debe «esforzarse más para mejorar la vida de las mujeres» que fabrican su ropa, zapatos y accesorios. Un 83% de las mujeres que respondieron a esta pregunta en España están de acuerdo con esta afirmación.
Los consumidores también ponen deberes a los representantes políticos europeos. La gran parte de la población, el 68%, piensa que los Gobiernos tienen que involucrarse en garantizar que la ropa, los zapatos y los accesorios se producen de forma sostenible. La mayoría piensa que se debería regular para proteger los derechos de los trabajadores y el medio ambiente, así como para que las marcas sean más transparentes en cuanto a sus prácticas comerciales y su impacto en todo el mundo.
Así, el 82% de los entrevistados en España piensa que se debería «obligar por ley» a las marcas textiles a respetar los derechos humanos de todas las personas que intervienen en la elaboración de sus artículos. En esta exigencia coincide la mayoría de los consumidores de los cinco países, el 77%.
El 72% está de acuerdo con que la normativa debería exigir que las marcas de ropa «declaren si están pagando un salario justo y digno» a los trabajadores de su cadena de producción. Este porcentaje se eleva a un 76% en España. Además, el 75% y el 81% de los consumidores europeos y españoles, respectivamente, concluyen que «la ley debería exigir a las marcas de ropa que adopten medidas para proteger el medio ambiente en cada una de las etapas de fabricación de sus productos».
Con esta exigencia, los autores de la encuesta se refieren a un cuerpo legislativo de ámbito internacional que se pudiera aplicar a toda la cadena de fabricación y suministro de las empresas multinacionales, según precisan desde la coordinadora. En este sentido, la plataforma española menciona la puesta en marcha de un tratado vinculante en materia de derechos humanos para regular las actividades de las compañías transnacionales y que estas puedan ser juzgadas por vulneración de derechos humanos.
En 2017, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pedía adoptar una legislación común que obligase a las empresas del sector textil a controlar el respeto de los derechos humanos a lo largo de toda su cadena de producción. Un año después, la Comisión Europea continuaba apoyando las medidas voluntarias, no vinculantes.
