- «Al final, nos queda esa sensación de que los ciudadanos somos los últimos, en esto y en todo», se quejan desde la Asociación por la Gestión en Residencias de Castilla y León
- El cierre de la comisión de investigación en la región se suma al experimentado en la Comunidad de Madrid y Cataluña
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco // Europa Press
Castilla y León dejará de indagar sobre la hecatombe en las residencias durante la primera ola de la pandemia. El tacticismo de Alfonso Fernández Mañueco de convocar elecciones anticipadas deja automáticamente en stand by la comisión de investigación sobre los geriátricos que tanto costó poner en marcha en la región. Era el único órgano parlamentario de estas características que quedaba en pie en todo el país casi dos años después del zarpazo más duro del coronavirus. Y estaba, por el momento, en una fase inicial. «Al final, nos queda esa sensación de que los ciudadanos somos los últimos, en esto y en todo», se lamentan desde la Asociación de Afectados por la Gestión en Residencias de la comunidad autónoma.
Casi 31.000 residentes han perdido la vida en toda España con covid-19 confirmado o síntomas compatibles con la enfermedad, según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. De ellos, un 13,45% –un total de 4.138– fallecieron en centros de Castilla y León. A pesar de ello, la resistencia del Ejecutivo autonómico a que se pusiera en marcha una investigación sobre este tema a nivel parlamentario siempre ha sido feroz. Dos intentos fueron necesarios para que se abriese en las Cortes un órgano de estas características. Y si al final se consiguió fue, principalmente, porque una exprocuradora de Ciudadanos terminó inclinando la balanza en contra del Gobierno regional.
La primera vez que se puso sobre la mesa esta propuesta fue hace justo un año. Entonces, los votos a favor de PSOE, Podemos, UPL, Por Ávila y Vox –la oposición al completo– chocaron con el no en contra en bloque de Ciudadanos y el PP, que decían querer evitar que se utilizase la Cámara para echarse «los muertos a la cara». De poco sirvieron entonces las palabras de la socialista Nuria Rubio llamando a votar por encima de las siglas de cualquier partido: «Voten en conciencia, desde el corazón. Estamos aquí para representar a las personas por encima de cualquier color político».
Aquel llamamiento se hizo a conciencia. Al fin y al cabo, era conocido que el giro de los naranjas en esta cuestión había causado discrepancias en el seno del partido. Y, al final, fue una fuga de este grupo la que terminó inclinando la balanza. A finales de marzo, la procuradora María Montero abandonó Ciudadanos pero se mantuvo como diputada no adscrita. Un mes después, los socialistas registraron nuevamente una petición para abrir el órgano que PP y Cs se habían encargado de torpedear y vetar. Entonces, Montero anunció que daría su apoyo. La ultraderecha también se mantenía por la labor. Los números daban.
Ante este cambio de aritmética parlamentaria, conservadores y naranjas poco pudieron hacer. Y la apertura de este órgano se convirtió en una realidad el pasado mes de junio. Tras el verano, la comisión de investigación quedó constituida. Y luego llegaron las peticiones de información de los grupos, que ya dejaban entrever cuál sería la estrategia de cada uno de ellos. Los socialistas centraron la mira en la gestión de la Junta, mientras que los partidos que formaban hasta este lunes parte del Gobierno buscaron situar el foco sobre el Ejecutivo central –de ahí que en su batería de preguntas incluyesen a ministerios e, incluso, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS)–.
Se esperaba que la comisión de investigación cogiese ritmo a la vuelta del parón navideño. Para enero, estaba previsto que se iniciasen las comparecencias. Sin embargo, el adelanto electoral de Mañueco ha hecho saltar todo por los aires. El órgano parlamentario quedará en stand by. Una situación idéntica a la que sucedió en la Comunidad de Madrid con los comicios del 4M. «Estamos chafados porque ahora habrá que empezar nuevamente de cero. Teníamos la confianza de que las Cortes hiciesen lo que no hace la justicia», se queja al otro lado del teléfono Ana Redondo, de la Asociación de Afectados por la Gestión en Residencias en Castilla y León, colectivo que forma parte de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias.
Al final, dice la portavoz de la entidad, el movimiento de Mañueco termina dejando un «poso de tristeza». «Acaba quedando esa sensación de que los ciudadanos somos los últimos, en esto y en todo», se queja Redondo, que confía en que una vez que arranque la nueva legislatura se pueda recuperar este órgano en las Cortes.
Eso sí, siempre y cuando las mayorías parlamentarias que arrojen las urnas lo permitan. La representante del colectivo es consciente de que al PP –como a Ciudadanos– nunca le ha hecho gracia que se abra este melón. «Claro que nos preocupa que según qué mayorías salgan esta comisión pueda ser lo primero que salte por los aires», reconoce. Al fin y al cabo, asevera, ya es algo que ha sucedido en otras regiones.
Cierres en Madrid y Cataluña
Madrid es un ejemplo de esto. Durante la pasada legislatura, la oposición logró activar un órgano parlamentario sobre el agujero en los geriátricos después de que Ciudadanos, uno de los dos socios del Gobierno, anunciase que daría su apoyo. Un movimiento que, junto con el de Vox, acabó arrastrando también al PP. Pero el adelanto electoral dejó en pausa el órgano, que ya había permitido confirmar que el protocolo de no derivación de residentes a hospitales era oficial o que la sanidad privada solo atendió a ancianos con seguro en plena pandemia.
Tras los comicios del 4M, la airtmética parlamentaria cambio por completo. Tanto, que el intento de la izquierda por reactivar la comisión durante la nueva legislatura fue un completo fracaso. Los conservadores se opusieron. Y la extrema derecha remató la jugada con una abstención que metía definitivamente la iniciativa en un cajón. «La investigación ya está hecha, no la necesitamos», decía hace unas semanas el diputado ultra José Ignacio Arias en la Cámara autonómica.
En Cataluña pasó algo similar, con argumentaciones parecidas pero por parte de formaciones políticas opuestas. Aquellas palabras de Arias en Madrid se pronunciaron cuarenta y ocho horas después de que su mismo partido, al igual que el PP, exigiesen con vehemencia en el Parlament la reactivación de la investigación sobre los geriátricos que, del mismo modo que en Madrid, había quedado en su día aparcada a raíz del adelanto electoral. «Nuestro deber y obligación, como representantes políticos que somos de los catalanes, es no pasar página así, sin más, sobre lo que ha sucedido en las residencias», señalaba desde la tribuna de oradores la diputada de Vox Mónica Lora.
Como los ultras, también votaron a favor de la propuesta de En Comú Podem y Ciudadanos, el PP y las CUP. Sin embargo, fue rechazada, en este caso, con los votos de PSC, Junts y ERC. «Estamos de acuerdo con el objetivo, pero no con el mecanismo», defendieron los socialistas, a pesar de que fueron ellos mismos unos de los impulsores del órgano de investigación en la anterior legislatura.
Rechazo a izquierda y derecha
Con los cierres en falso en ambas regiones, la de Castilla y León era la única comisión de investigación que quedaba en pie. Al fin y al cabo, este tipo de iniciativas ni siquiera han existido en la mayor parte de las comunidades autónomas. En algunas, como Cantabria, Navarra o Canarias, porque no se han propuesto. Y en las que sí, porque se encontraban con un rechazo frontal. En esto, poco importó el partido. La clave estuvo, más bien, en el contexto político de cada territorio. En aquellos lugares gobernados por la izquierda, fue la derecha la que intentó –sin éxito– que se depurasen responsabilidades en sede parlamentaria. Y en los que estaban en manos conservadoras, justo lo contrario.
Y así, unos y otros, han propuesto o tumbado las comisiones en función de si estaban o no en el Ejecutivo regional. En Asturias, por ejemplo, la propuesta del PP de abrir una investigación sobre esta cuestión chocaba con el rechazo de PSOE, Podemos e IU. Al mismo tiempo, los conservadores se unían a Ciudadanos y Vox en Andalucía para hacer caer una iniciativa idéntica que venía de la izquierda. Como en Galicia. Como en Murcia.
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