- En septiembre, cuando comenzaba la segunda oleada de la pandemia, el Ministerio de Interior anunció su reapertura
- Según el Defensor del Pueblo, desde entonces ha recibido «quejas relacionadas con sus condiciones de vida, agravadas por la situación sanitaria”
- Mediante acuerdos con los países de origen, Exteriores e Interior han conseguido reactivar las expulsiones incluso en esta situación excepcional de pandemia mundial
Decenas de periodistas a las puertas del (CIE) de Aluche, en Madrid // EFE
El coronavirus provocó una situación que los colectivos críticos con los CIE probablemente no esperaban ver en 2020. A principios de mayo estos lugares de sufrimiento para personas extranjeras se vaciaron y sus internos fueron puestos en libertad. En septiembre, cuando comenzaba la segunda oleada de la pandemia, el Ministerio de Interior anunció su reapertura y atrás quedó la petición de que permanecieran cerrados para siempre. Debido a la crisis de la covid-19, estos encierros han generado incomprensión e indignación entre las organizaciones y miedo al contagio entre los nuevos internos.
Durante los primeros días de la pandemia, los internos de los Centros de Internamiento de Extranjeros de Aluche, Valencia, Murcia o Barcelona realizaron varias revueltas y huelgas de hambre para denunciar la falta de medidas para protegerse del coronavirus. El Defensor del Pueblo y la Asociación de Abogados Extranjeristas, entre otros, exigieron el cierre de los CIE con motivo de la pandemia. Finalmente el Ministerio de Interior decidió vaciar estos centros.
Según el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el motivo obedecía a que el cierre de fronteras por la pandemia impedía el último fin de estos centros, es decir, la expulsión de las personas migrantes a sus países de origen. Las personas que son encerradas en los CIE no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa por encontrarse en una situación irregular. El plazo máximo que pueden permanecer retenidos es de 60 días, así que fueron puestos en libertad.
Este diario preguntó sucesivamente al Gobierno y a los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, en las distintas ruedas de prensa de aquellos días, por el plan de Interior para poner en libertad a los internos de los CIE. El vaciamiento fue progresivo, como informamos entonces, y culminó a principios de mayo. Las ONG y colectivos que atienden a los migrantes celebraron que por fin estos centros fueran clausurados y exigieron que nunca volvieran a abrirse.
Reapertura de los CIE
A finales de septiembre Interior reordenó la apertura de estos centros. Un mes después, según los datos facilitados por dicho Ministerio a cuartopoder, había 186 personas internadas en los CIE de toda España, de un total de 700 plazas. En su inmensa mayoría eran personas que habían llegado hasta nuestro país a través del mar, en pateras. La pandemia y el correspondiente cierre de fronteras no cambiaron la necesidad de muchas personas de echarse al mar en busca de un futuro mejor.
Entonces resurgieron las protestas de los internos. Según indica el Defensor del Pueblo en su informe de este año, desde la reapertura de los CIE ha recibido «quejas relacionadas con sus condiciones de vida, agravadas por la situación sanitaria, así como por la prohibición de visitas de ONG y familiares en algunos de los centros”. Este diario hablaba con Ahmed (nombre ficticio), un hombre de 30 años encerrado en el centro de Aluche que comentaba desesperado su situación y la de sus compañeros. Explicaba su miedo a contagiarse de coronavirus y aseguraba que las medidas sanitarias del centro eran deficientes.
Desde la Campaña Estatal del Cierre de los CIES en un comunicado reciente han denunciado “la inexistencia de protocolos sanitarios” en estos centros, así como “varios intentos de suicidio por parte de personas internas sin la oportuna asistencia sanitaria”, abusos, agresiones o tratos vejatorios. También señalaban el caso concreto de una mujer en el CIE de Aluche que se vio obligada a cumplir un aislamiento forzado al ser la única mujer interna. Además, la ONG Irídia este año ha presentado seis denuncias contra agentes de la Policía en el CIE de Barcelona por presunta violencia institucional hacia los internos.
Vuelta de las deportaciones
El secretismo y la opacidad que habitualmente envuelve a los CIE, así como las críticas respecto a la vulneración de derechos humanos que pueden producirse, también se trasladan a las deportaciones o expulsiones de personas migrantes. Los primeros encierros, al inicio de la segunda ola del coronavirus en nuestro país, se produjeron sin certezas de que estas personas pudieran ser repatriadas a su país.
Mediante acuerdos con los países de origen, Exteriores e Interior reactivaron finalmente las expulsiones a algunos países incluso en esta situación excepcional de pandemia mundial.
A falta de conocer el número de vuelos y la cantidad de personas expulsadas, un dato que Interior no facilita, se han producido deportaciones a Marruecos, Argelia y Mauritania, según documentan las organizaciones que trabajan atendiendo a personas migrantes. Son expulsiones producidas gracias a acuerdos bilaterales con estos países. El Gobierno, a través de un viaje de la ministra de Exteriores Arancha González Laya, también llegó a un trato con Senegal, pero las fuentes consultadas desconocen si se han realizado vuelos de deportación a dicho país.
Irene Carrión, del grupo de vuelos de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, resume las expulsiones de las que tienen constancia desde que se reabrieron estos centros. Se trata de un primer vuelo a Mauritania de una veintena de personas, en su mayoría senegaleses el pasado 10 de noviembre; entre tres y cinco vuelos a la semana con personas deportadas al Sahara Occidental (ocupado por Marruecos); un ferry a Argelia con unos 30 argelinos a mediados de noviembre; un vuelo de deportación a Albania y Georgia a principios de diciembre. En los últimos días, también se refiere a un vuelo macro de expulsión a República Dominicana y Colombia. Estos vuelos suelen llevar entre unas 50 y 80 personas, aunque el colectivo desconoce cuantas personas viajaban en el mismo. Este último viaje probablemente trasladaba a personas detenidas en redadas policiales, ya que no hay constancia de que personas de este origen hayan ingresado a los CIE recientemente.
El cierre de los CIE, también de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), vuelve a convertirse en reivindicación a finales de 2020. Desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE también abogan por la expulsión de personas migrantes, sobre todo a países de los que no son nacionales -como ocurre con los vuelos a Mauritania-. Por último, piden una regularización de todos los migrantes del país, una reivindicación que resonó fuerte con motivo de la pandemia y que se acometió en países de nuestro entorno como Italia y Portugal, pero fue descartada en España.
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