EH Bildu ha conseguido extender el límite de aplicación hasta 1983, mientras que Unidas Podemos ha incluido la “obligatoriedad” de que los “poderes públicos” interpreten esta norma acorde a los tratados internacionales, también cuando afecte a la Ley de Amnistía de 1977.
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Concentración el día en el que la jueza Servini y victimas del franquismo declararon en la Audiencia Nacional en 2015. No CC. // Álvaro Minguito
Las negociaciones para la redacción y aprobación de la Ley de Memoria Democrática han dado hoy un paso importante: si ningún partido de los previsiblemente favorables se echa atrás, habrá mayoría suficiente para aprobarla en el Congreso tras anunciar EH Bildu que votará a favor. Entre las enmiendas que ha conseguido incluir el grupo soberanista vasco destaca extender el límite temporal de la aplicación de la ley hasta finales de 1983, lo cual permitirá “abrir vías de reconocimiento y reparación” a víctimas del postfranquismo.
De entre las enmiendas incluidas por Unidas Podemos, resalta la “obligación” de los “poderes públicos” para interpretar esta ley de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en lo relativo a los crímenes de lesa humanidad. Una interpretación que “ha de aplicarse a todas las normas vigentes, incluida la Ley 46/1977 de 15 de octubre”. Es decir, la Ley de Amnistía, “la columna vertebral que garantiza la impunidad para el franquismo del régimen del 78”, como define Iosu Ibargutxi, portavoz de la Plataforma Vasca de los Crímenes contra el Franquismo.
La Ley de Amnistía no queda derogada —“algo que jamás permitiría el PSOE”, alegan fuentes parlamentarias—, pero quizá la Ley de Memoria Democrática abra la puerta a un debate jurídico que, en su interpretación más pertinente en un estado democrático con vocación reparadora, permitiría no solo investigar y categorizar los crímenes del franquismo tardío, algo que sin duda permitirá la nueva ley, sino también juzgar dichos crímenes, según la fuentes parlamentarias más optimistas consultadas por El Salto. Crímenes como los que engloba la conocida como la Querella Argentina.
De las enmiendas aprobadas por Unidas Podemos, además de la mencionada, destacan la creación de un censo de víctimas del franquismo, una oficina de víctimas de la dictadura, garantizar el derecho a la investigación histórica de los crímenes, el reconocimiento y reparación de las víctimas de la dictadura, así como el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas, que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan solicitar la nacionalidad española, la supresión de los títulos nobiliarios concedidos a 33 personajes del régimen franquista, la introducción de estos contenidos en los libros de texto y materiales curriculares, el cambio de denominación del Valle de los Caídos a Cuelgamuros, la creación de un Centro de la Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones y el reconocimiento a las víctimas de la Transición (de 1978 a 1982).
Por su parte, la coalición EH Bildu ha acordado con el Gobierno que la ley recoja de manera “explícita” la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del golpe de estado de 1936, así como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas, extender el límete de aplicación de la ley a 1983, la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia, convertir el Fuerte de San Cristóbal de Iruñea en lugar de memoria y constituir una comisión independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
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Las reticencias del PSOE
La Ley de Memoria Histórica contará con los apoyos de PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, PNV, PDeCAT y Más País. Ante la abstención previsible de Ciudadanos, la norma podría salir adelante. ERC rechaza la ley porque reclama la nulidad de la Ley de Amnistía, una derogación que el grupo socialista parece que sigue sin estar dispuesto a asumir, y que trata de compensar “reforzando” la declaración de ilegalidad del régimen franquista, apunta Eldiario.es.
Para Iosu Ibargutxi, encarcelado durante nueve años en las prisiones franquistas y miembro de la Plataforma Vasca Contra los Crímenes contra el Franquismo, la derogación de la Ley de Amnistía es una necesidad imperiosa. “Ahora entraremos en una discusión increíble de qué son crímenes de lesa humanidad. Se podrán investigar, se podrán categorizar, pero habrá todo un debate jurídico sobre si se pueden juzgar o no. Y no estamos para debates ni florituras. Si se anula la Ley de Amnistía, se acaba con la impunidad. El hecho de que haya tanto miedo a eliminar el artículo 2 de esa norma ya nos dice la importancia que tiene para seguir perpetuando la impunidad, a pesar de las recomendaciones y exigencias de organismos internacionales como la ONU”.
El fuerte abandonado de San Cristóbal // Javier de Frutos
El Palacio de la Cumbre
El Palacio de la Cumbre de Donostia fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas de Franco en el barrio de Aiete. También fue la residencia oficial del gobernador civil de Gipuzkoa y el lugar donde torturaron a Lasa y Zabala en 1983, antes de ser asesinados y enterrados en cal viva por miembros del GAL. La cesión de este inmueble al consistorio municipal, así como de los terrenos y la documentación, deberá realizarse en un plazo máximo de un año, detalla la enmienda presentada por EH Bildu y aprobada por los demás grupos parlamentarios.
En palabras de la portavoz de la coalición soberanista vasca en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, “tanto el Palacio de la Cumbre como el Fuerte de San Cristóbal son dos sitios de gran simbolismo y significado histórico para la ciudadanía vasca, que suponen un paso adelante en el reconocimiento y la construcción de una memoria compartida, en consonancia con las peticiones de las asociaciones memorialistas”.
El Fuerte de San Cristóbal, ubicado en el monte Ezkaba, a pocos kilómetros de Irurñea, fue utilizado como cárcel en la Guerra del 36 para recluir a miles de presos políticos. El 22 de mayo de 1938 tuvo lugar la conocida como fuga masiva de San Cristóbal, que dejó a 207 personas muertas en las cunetas. Se trata de una de las fugas carcelarias “más sonadas de toda Europa”, apunta EH Bildu. “Un total de 795 presos antifascistas de diferentes lugares del Estado consiguieron huir del fuerte, de los cuales 207 murieron abatidos en el monte y, a día de hoy, 150 siguen en paradero desconocido”.
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