- Los parlamentarios se limitan a cubrir un cuestionario en el que cada uno justifica hasta donde quiere el nivel de intereses y posesiones que le afectan sin dar detalles y sin que ningún órgano compruebe la información facilitada
- El vicepresidente de Vox inhabilitado para gestionar empresas cambió su cargo en una compañía
Imagen de archivo del hemiciclo del Congreso de los Diputados // EFE/ Fernando Villar
El vicepresidente de asuntos económicos de Vox y diputado por Salamanca, Víctor González Coello de Portugal, estuvo entre 2018 y enero de 2021 inhabilitado para «administrar bienes ajenos» y «representar o administrar a cualquier persona», a raíz de una condena ratificada por el Tribunal Supremo. El castigo se le impuso por su participación en una “simulación de una situación patrimonial ficticia» que propició la quiebra de la histórica empresa Marmolería Leonesa, que afectó a casi un centenar de trabajadores.
Pese a dicha condena, en su primera declaración de actividades, formulario que junto al de bienes deben presentar todos los parlamentarios desde 2011 y que González registró en el Congreso al ser elegido diputado en 2019, cuando ya estaba en vigor su inhabilitación, aseguró ser director de la empresa Energreen Capital, SL. Y, apenas 15 días después, modificó su declaración y afirmó que era asesor externo de la compañía, una compatibilidad que junto a la de «socio con el 50% de Management Productive Resources, S.L», le fue aceptada por la Comisión del Estatuto de los Diputados en su reunión del 22 de julio de 2020.
El caso del diputado de la extrema derecha evidencia el descontrol que sigue existiendo sobre las declaraciones de bienes y actividades de los parlamentarios diez años después de que su presentación fuese declarada obligatoria por la Cámara Baja. Muchas de las señorías se limitan a cubrir un cuestionario en el que cada uno justifica hasta donde quiere el nivel de intereses y posesiones que le afectan, sin que ningún órgano se encargue de velar por la veracidad de la información facilitada.
El impreso oficial para presentar la declaración que los servicios internos del Congreso y el Senado proporcionan a los diputados y senadores nada más ser elegidos consta de varios apartados, en los que de desgranan rentas, salarios, deudas y propiedades inmobiliarias y de otra índole. Pero en el artículo 18 del Estatuto del Diputado no se establecen los criterios para cubrir dicho formulario, ni tampoco se hace en el mismo documento. Los diputados no tienen así la obligación de especificar la extensión de las viviendas, locales comerciales o fincas que les pertenezcan, ni tampoco el modelo de los vehículos, embarcaciones y aeronaves que posean.
Los datos que los diputados y senadores declaran al Congreso y al Senado no están contrastados con la Agencia Tributaria u otros organismos para comprobar su veracidad. Y en caso de que se descubra que estos son falsos, los diputados tampoco se enfrentarían a una acusación de delito de falsificación de documento público, pues esta declaración no tiene esa consideración.
Numerosos casos de falta de transparencia
Desde que se puso en marcha la obligación de presentar los citados impresos en aras de una supuesta mayor transparencia, se han ido conociendo muchos casos de falsedades en las declaraciones de bienes y también en las de actividades de sus señorías. En la mayoría de los casos estas ‘irregularidades’ las subsanan presentando una modificación de sus escritos iniciales ante la Comisión del Estatuto del Diputado. Pero no se les aplica ningún castigo por ocultar o engañar sobre alguno de estos datos o sobre ciertas actividades que a veces se descubren al ser incompatibles con el acta.
El Reglamento del Congreso solo recoge la posibilidad de acordar la suspensión temporal de la condición de diputado a quien persista en su actitud tras ser sancionado por dejar de asistir a la reuniones del Pleno o las comisiones o revelar información secreta, así como a quienes se nieguen a abandonar el hemiciclo tras ser expulsados, porten armas dentro del recinto o utilice su condición de parlamentario para hacer negocios. Si el asunto es de envergadura, en algunas ocasiones –aunque la Cámara no les obliga– puede desembocar en la renuncia al acta del afectado, ‘empujado’ por su partido.
En el pasado reciente fueron muy sonados los casos de los exdiputados del PP, Vicente Martínez Pujate; Gustavo de Arístegui, exembajador en India, o Pedro Gómez de la Serna por sus negocios privados un tanto dudosos y no declarados en tiempo y forma en el Congreso. También el del exdirigente madrileño del PP y exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, cabecilla de la trama Púnica, que cuando era senador no declaró el millón y medio de euros que guardaba en un banco de Suiza.
En la actual legislatura, las imprecisiones a la hora de rellenar los formularios siguen estando a la orden del día. Hay diputados que dejan casillas en blanco o no dan detalles de sus inmuebles, poniendo simplemente que tiene «casa» en donde sea. O no desgranan bien sus ingresos.
Qué declaran los dirigentes políticos
Un repaso de las declaraciones que están colgadas en la web del Congreso evidencia esa falta de concreción que sigue marcando una falta de transparencia por parte de los diputados. El líder del PP, Pablo Casado, asegura por ejemplo en su declaración –que no ha sido actualizada en toda la legislatura–, que su sueldo como presidente del partido es de 47.720 euros, el mismo que percibió en 2018, cuando la mayor parte del año fue vicesecretario de Comunicación, hasta que en julio fue elegido líder. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se limita a declarar dos viviendas y dos garajes en Madrid sin especificar su tamaño o valor catastral.
En la misma línea, el presidente de Vox, Santiago Abascal, señala que su único bien patrimonial es una «vivienda» situada en Madrid, de la que no aporta ninguna de sus características ni su valor catastral. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, únicamente declara ‘una vivienda con una plaza de garaje’ en Cádiz, sin dar más detalles. Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, solo dice tener un ‘garaje’ en el territorio de Gipuzkoa, sin ni siquiera señalar el municipio, ni los metros, ni su valor. También dice poseer solo una ‘vivienda’ en Barcelona, sin más especificaciones, la propia presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet.
Sin aportar ninguna característica, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirma tener un ‘despacho’ y una ‘vivienda’ en A Coruña, de las que no aporta tampoco su valor catastral, algo que sí hace en cambio el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que declara poseer una ‘vivienda’ en Madrid valorada en 165.448 euros y otra en Zaragoza, de 121.146 euros. Aunque en el apartado de vehículos, embarcaciones y aeronaves del formulario de la declaración de bienes se pide realizar una «descripción» de lo declarado, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, se limita a señalar que es un «vehículo GLA», sin aportar la marca o el valor. También se da el caso de parlamentarios que, en ese mismo punto, solo dicen poseer un ‘coche’, sin dar más detalles.
Los parlamentarios no tienen la obligación de presentar una nueva declaración de bienes y actividades cuando dejan el escaño, por lo que no es posible saber cómo ha aumentado o disminuido su patrimonio durante su paso por el Congreso o el Senado.
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