La menor denunciante, Teresa, asegura que se le prometió casa y trabajo y que, tras conseguir la dimisión de la exvicepresidenta valenciana, «la han dejado tirada»
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La dirigente de Compromís y exvicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, durante la rueda de prensa del pasado 21 de junio de 2022 en la que anunció su dimisión, en Valencia // Jorge Gil / Europa Press
Lawfare. Este neologismo inglés parece que ha venido para quedarse en la vida política valenciana. Un término que hasta hace poco solo se usaba con la boca pequeña o en los off the record, ahora ya forma parte de vocabulario de primeras espadas del Consell, como la mismísima vicepresidenta, Aitana Mas, quien en un tuit del 28 de agosto se refirió de esta forma al caso judicial contra Mónica Oltra. Otros dirigentes de Compromís, como el presidente de les Corts, Enric Morera, o la portavoz parlamentaria, Papi Robles, saltaron a la palestra con términos similares.
La pelea entre Teresa (la joven extutelada por la Generalitat y que denunció al entonces marido de Mónica Oltra) y sus mentores y abogados de extrema derecha, la agitadora Cristina Seguí, a través de la asociación Gobiérnate, y el dirigente del partido España 2000, José Luis Roberto, ha dejado en evidencia la conspiración para conseguir la cabeza política de la ex-vicepresidenta y ha provocado un endurecimiento de lenguaje.
El caso de Mónica Oltra es significativo porque nos enseña cómo el poder utiliza el lawfare, y herramientas que nada tienen que ver con la política para acabar con aquellos que SÍ hacen política valiente.
Es una cuestión democrática. Siempre contigo, Mónica ❤️
— Aitana Mas (@AitanaMas) August 28, 2022
La trama corrupta, amb implicacions mediátiques i polítiques contra Mónica Oltra @monicaoltra al descobert. Era i és evident: “Acusaciones cruzadas por utilizar a la víctima del ex de Oltra” https://t.co/XJ5votp2VE via @levante_emv
— Enric Morera (@enricmorera) August 27, 2022
27 d’agost i estan diguent publicament que tot ha sigut pagadet per l’extremadreta😳.
La veritat sols te un camí i es va obrint rapidament.
Seguim #ambtu @monicaoltra https://t.co/lzBgE2TWAV
— Papi Robles Galindo (@papirusa) August 28, 2022
Teresa, que ya es mayor de edad y madre de dos hijos, explicó, en una entrevista en el periódico Levante-EMV, que «sentía que la habían utilizado y luego dejado tirada», tras conseguir, Seguí y Roberto, su objetivo de obligar a dimitir a Oltra el pasado 22 de junio.
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Aunque en la entrevista, Teresa se muestra «orgullosa» de haber contado los abusos sufridos, también cuenta que «le prometieron trabajo y casa en Madrid», unas ofertas que nunca llegaron a materializarse y ahora la joven vive en la calle y con una situación muy precaria que podría provocar incluso la intervención de servicios sociales sobre sus hijos.
Batalla en redes
A esta entrevista hay que sumar la batalla en redes sociales entre una prima de Teresa, Paloma, con Seguí y Roberto, que también podría llegar a los juzgados, a tenor de los anuncios de denuncias cruzadas. En una serie de escritos y vídeos, Paloma asume la voz de su prima (a quien le cerraron la cuenta en Twitter por pedir dinero, lo que vulneraría las normas de la empresa) y denuncia los «engaños» y «falsas promesas» de Seguí y Roberto.
Ambos han saltado en redes a defenderse, asegurando haber pagado «miles de euros» y «noches de hotel» a Teresa y que fue ella la que rechazó una oferta de trabajo en Madrid en un hospital de Ribera Salud. La batalla, caracterizada por el tono bronco habitual de los ultras, con amenazas de «publicar audios», insultos y aireando información personal para desacreditar a Paloma y Teresa, incluida una denuncia por estafa, filtrada convenientemente a diferentes medios.
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Para sus antiguos protectores, Teresa ha pasado, de la noche a la mañana, de ser una «pobre víctima». «Protejamos a nuestras menores» era el título del acto que Cristina Seguí y Javier Negre organizaron en el Ateneo Mercantil de València para recaudar dinero para ella a una «estafadora», «mentirosa» y «chantajista».
Consecuencias judiciales
Pero más allá del cruce de insultos, las revelaciones de Teresa y sus antiguos aliados podrían tener consecuencias judiciales. El testimonio de Teresa es válido en tanto que no tenga un «interés espurio», en lenguaje jurídico. ¿Se podría considerar que actuaba motivada por las promesas de trabajo y vivienda?
«Durante todo el caso, el juez ha demostrado estar muy pendiente de lo que pasaba fuera de la sala, confiamos en que siga estando pendiente», aseguran desde el entorno de Oltra. La exvicepresidenta tiene fijada para el próximo 19 de septiembre la declaración ante el juez de instrucción número 15 de València, que investiga a trece funcionarios y cargos de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por haber, presuntamente, intentado exculpar al exmarido de Oltra, Luis Ramírez, de las denuncias de abusos.
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Pero no solo este caso. También está pendiente de revisión la sentencia condenatoria contra Ramírez, por abusos sexuales a una menor tutelada. Este educador, quien trabajaba en un centro de acogida concertado por la Generalitat, fue condenado a cinco años de cárcel dos veces consecutivas, ya que el juicio fue anulado y luego repetido con el mismo resultado. Ahora su defensa tiene interpuesta un recurso al Tribunal Supremo para pedir una nueva nulidad del juicio, con el argumento que fue la misma sala la que vio el caso en ambas ocasiones, una situación anómala y que a su juicio contaminaría la revisión de la sentencia. Aún siendo imposible avanzar cual será el fallo del TS, fuentes jurídicas ven probable que el alto tribunal obligue a repetir de nuevo el proceso, donde el testimonio de Teresa sería vuelto a escuchar a la luz de los nuevos acontecimientos.
De hecho, la primera condena de Ramírez fue muy polémica en los entornos profesionales de la educación social, ya que los magistrados tuvieron únicamente en cuenta la versión de la víctima, desechando todos los peritajes expertos que rechazaban su credibilidad. De hecho, estos peritajes fueron la base sobre la cual se construyó el caso de la supuesta conspiración de la conselleria para exculpar a Ramírez, aunque son habituales en este tipo de procesos.
La pista del dinero
Volviendo a las promesas de trabajo a Teresa, también es significativo que todas ellas han sido siempre en el grupo empresarial Ribera Salud, una empresa duramente enfrentada con el Gobierno valenciano por la política de reversión de las privatizaciones hospitalarias de la época PP.
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Ya en abril, Oltra denunció en sede parlamentaria una supuesta trama entre los grupos de Seguí y Roberto, con Ribera Salud y la rama judicial del PP; especialmente Fernando de Rosa, senador y exconseller del PP, además de vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2014, y presidente de la Audiencia de València entre 2015 y 2019, quien además es hermano de Alberto de Rosa, director ejecutivo europeo de Ribera Salud.
El primer trabajo de Teresa prometido conseguido por Seguí fue precisamente en el hospital de esta multinacional en Torrevieja, justo pocas semanas antes de su reversión a la red pública, lo que implicaba el cese de todos los contratos no estrictamente sanitarios. Los digitales de extrema derecha aprovecharon este dato para acusar a Oltra de «despedir a Teresa como venganza».
La segunda promesa de trabajo, también en un hospital de Ribera Salud, no llegó nunca a materializarse, a pesar de las constantes peticiones de Teresa.
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