- Califica de «arbitraria e imprevisible» la condena impuesta al exmagistrado por intervenir las conversaciones de los principales involucrados en la trama corrupta del PP
- La condena, señala el dictamen, no se basó «en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida» por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos
- El dictamen añade que no ha quedado además garantizado que el juez tuviera acceso a un tribunal independiente e imparcial y plantea que el Estado debe resarcir al exmagistrado
[label type=»info»]+reciente – infolibre, 26-08-2021:[/label] La ONU destaca que el dictamen sobre Garzón creará jurisprudencia internacional: «Los jueces deben poder aplicar la ley sin miedo»
Baltasar Garzón en una imagen de archivo // EP
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha emitido un contundente dictamen en el que avala al exjuez Baltasar Garzón en su demanda contra España por vulneración de derechos y falta de imparcialidad en el proceso judicial por el que fue inhabilitado durante 11 años en 2012. El comité califica de «arbitraria e imprevisible» la condena impuesta a Garzón por intervenir las conversaciones de los principales involucrados en la trama Gürtel. La condena, señala el dictamen, no se basó «en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida» por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, vigente desde 1976.
Es precisamente ese acuerdo internacional el que invoca el comité para concluir que España debe resarcir a Garzón por el daño infligido.»El Estado parte –dice el dictamen– tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados». Para empezar, «el Estado parte tiene la obligación, ‘inter alia’, de borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido».
Un experto ajeno a esta causa y consultado por infoLibre destacó que no está regulado cuál ha de ser el mecanismo de compensación. Y que será Garzón quien deba tomar la iniciativa para reclamar lo que considere exigible. De lo que no cabe duda, añadió la misma fuente, es de la magnitud política del golpe que el dictamen asesta al Tribunal Supremo. El comité de la ONU lanza además un aviso a España: el Estado «tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro».
El varapalo no se detiene ahí. Porque el comité pone en duda la imparcialidad del tribunal que dictó la sentencia contra Garzón. «Las dudas sobre la posible parcialidad de algunos de los jueces intervinientes», se lee en el dictamen, hacen que el comité no pueda «concluir que el autor tuvo acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquismo y Gürtel, que finalmente resultó en su condena penal y en la consiguiente pérdida definitiva de su cargo». Es por ello que el comité considera que se violaron derechos consagrados por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
El dictamen advierte «como hechos indiscutidos» que Garzón adoptó en la causa del franquismo «decisiones motivadas» y que no se observa «una mala conducta o incompetencia que pudiera justificar su incapacidad para el desempeño de sus funciones». En este sentido el Comité recuerda que el Tribunal Supremo absolvió en 2012 a Garzón de un delito de prevaricación.
En cuanto al caso Gürtel el comité destaca que, a pesar de que el entonces juez fue condenado por prevaricación por haber interceptado comunicaciones orales de los presos por esta causa, estas escuchas fueron solicitadas por la Policía y contaban con el aval del Ministerio Fiscal. El organismo de Naciones Unidas entiende que aun en el caso de que el instructor hubiese interpretado de forma errónea la jurisprudencia existente respecto a este tipo de intervenciones, su forma de actuar «no constituye una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal».
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en marzo de 1976. Garzón presentó su demanda el 31 de enero de 2016 y el dictamen es de julio de este año, aunque ha sido notificado este 25 de julio. El propio Garzón escribió sobre este asunto en mayo en infoLibre [pinchar aquí].
En su demanda ante el comité, Garzón denunciaba que, tras ocupar durante 22 años el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, fue «víctima de una persecución y represalias» por sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo y el caso Gürtel. Los tres procesos abiertos contra él por prevaricación en esas investigaciones —además de la causa por la financiación por parte del Banco Santander de unos cursos en la Universidad de Nueva York—, fueron, según el exjuez «arbitrarios y abusivos» y violaron su derecho a «un tribunal independiente e imparcial». De estas tres causas, Garzón fue absuelto en la del franquismo y los cursos de la Universidad de Nueva York, pero inhabilitado durante 11 años por las escuchas a los abogados de Gürtel.
Documento / infolibre: Dictamen Comité de Derechos Humanos de la ONU
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