Una ajustada votación, con la ausencia de varios diputados del Partido Popular, aprueba una propuesta de En Comú Podem para facilitar que los municipios puedan gestionar y recuperar el ciclo integral del agua.
La diputada de En Comú Podem, Alicia Ramos, defendiendo la moción en el Congreso // Dani Gago
Los ayuntamientos podrán recuperar la gestión directa del agua. Ese ha sido el principal resultado de la moción presentada por En Comú Podem (ECP) y aprobada hoy con los votos a favor de todos los grupos, excepto Partido Popular y Ciudadanos —que han votado en contra— y PDeCAT —que se ha abstenido—.
El apretado resultado de la votación —167 a 165— ha sido posible gracias a que varios de los diputados del PP no estaban presentes durante la votación. Además, dos diputados del PDeCAT se han abstenido.
La iniciativa, que fue defendida en el pleno por la diputada de En Comú Podem Alicia Ramos, insta al Gobierno a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización Local, normas que dificultaban la autonomía de los municipios para poder gestionar y/o recuperar la gestión del ciclo del agua. Estos cambios propuestos por ECP apuestan por otorgar una mayor autonomía local a los ayuntamientos para que puedan gestionar de manera conjunta “todo el ciclo del agua, pero priorizando el consumo humano”, según explica la formación en un comunicado.
La aprobación de esta iniciativa es sin duda un duro golpe para las grandes empresas, como Aqualia o Grupo Agbar, que han acaparado los procesos de privatización del agua en cientos de municipios de todo el Estado y que, gracias a las leyes Montoro, han visto protegidos sus intereses frente a corporaciones locales que han intentado remuniciaplizar el servicio del agua en sus municipios. “Los ayuntamientos no pueden escoger la mejor opción de gestión porque las trabas legales dificultan el control directo de los consistorios y premian la gestión indirecta, por parte de multinacionales del sector”, explicó Ramos en el pleno.
El texto, transaccionado con el PSOE, reclama al Gobierno una Ley de Bases por la Regulación de los servicios de agua y saneamiento que reconozca el acceso al agua potable como un derecho humano y que garantice legalmente que el canon concesional que tienen que pagar las entidades suministradoras se destine a la renovación de infraestructuras y a la explotación del recurso.
“Si el agua es un bien común y un derecho básico, el modelo de gestión no puede estar subordinado a la obtención de un beneficio privado, sino que tiene que garantizar la eficiencia, la equidad social y la gestión democrática”, enfatizó Ramos en el pleno.
La moción también propone cambios en la normativa de contratación pública: por un lado, para reducir los límites de la duración de los contratos de gestión de servicios públicos y, por otro, para facilitar que los ayuntamientos y la ciudadanía puedan ejercer un control sobre el servicio.
En el caso de la gestión indirecta, la propuesta de ECP reclama revertir la concesión sin gastos abusivos e incorporar criterios sociales, de género y sostenibilidad en las subcontrataciones a través de una concesionaria o de una empresa mixta si deciden remunicipalizar el servicio.
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