- La reforma, aprobada en 2011, ha supuesto el derrumbe de la participación en las elecciones de los ciudadanos censados fuera de España
- ASÍ FUNCIONA — Historia del voto rogado, el sistema que ha hundido la participación electoral de los españoles en el extranjero
Un ciudadano deposita un voto en unas elecciones al Senado.
El inicio de la derogación del voto rogado para los españoles en el extranjero ha recibido este martes un amplio respaldo en el Congreso. Todos los grupos que han participado en el debate se han mostrado favorable a la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para acabar con una práctica que ha provocado que se haya desplomado la participación en los comicios de los migrantes desde que se pusiera en marcha, en 2011.
La defensa de la iniciativa por parte de Unida Podemos ha corrido a cargo de la diputada Lucía Muñoz, quien ha pedido el apoyo de la Cámara para «eliminar la carrera de obstáculo» que supone votar en el exterior. Un planteamiento, ha dicho, que su grupo hace «desde su nacimiento». La reforma, ha asegurado Muñoz, «va a mejorar la calidad democrática porque va a aumentar la participación» y va a «dotar de garantías al ejercicio del voto».
Muñoz ha recordado a los miles de jóvenes que, precisamente por la crisis económica que azotaba a España en 2011, tuvieron que emigrar. «Soy de una generación que tuvo que elegir entre paro y precariedad o exilio», ha dicho. Y ha añadido: «La reforma se dio casualmente con gran crisis económica, un éxodo juvenil y un nivel de indignación muy alto». Muñoz ha recordado que la reforma fue en el año del 15M, «cuando se pone en cuestión el sistema bipartidista». «No es difícil ver una intencionalidad política», ha señalado.
La diputada de Unidas Podemos ha recordado que la reforma de 2011 salió adelante con los votos de PSOE, PP, CiU y el PNV. Y precisamente desde las filas socialistas la diputada Pilar Cancela, que ha defendido la iniciativa, ha pedido perdón en nombre de su grupo. «La reforma de 2011 no solo ha impedido ejercer el derecho al sufragio activo, sino que ha instalado la sensación de que los emigrantes han sido castigados», ha dicho, para justificar la reforma en que «había sospecha de la existencia de irregularidades en la emisión y recuento del voto exterior».
Cancela ha reconocido que se debería «haber corregido la anomalía» y, a la vez, no perjudicar el ejercicio del derecho al voto. «En la práctica se ha asfixiado el derecho al voto», ha asegurado, para añadir que votar se convirtió en una «auténtica odisea».
«Quisiera en nombre del PSOE pedir perdón a los ciudadanos y ciudadanas en el exterior. Desde 2011 les hemos tratado como ciudadanos de segunda. Pedimos perdón por atenazar sus derechos y porque vamos tarde», ha dicho Cancela desde la tribuna del Congreso.
La proposición de ley que han planteado los partidos del Gobierno, y que se recogía en el acuerdo de la coalición, consiste básicamente en una reforma de la ley electoral para eliminar el voto rogado, es decir, que no habrá que solicitar el voto, previamente, sino que la oficina del censo lo remitirá de oficio a los inscritos en el CERA (Censo Electoral de los Residentes Ausentes); permitirá descargar las papeletas de forma telemática para adelantar el envío de la documentación; y ampliará el plazo para el recuento de los tres días actuales a cinco.
Apoyo unánime de los grupos
La propuesta ha sido apoyada por todos los grupos que han intervenido en el debate, aunque algunos han criticado las formas en las que se han planteado e incluso el contenido de la iniciativa. Y otros han anunciado que presentarán enmiendas para ampliar la reforma.
El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha señalado la necesidad de mejorar el propio censo de residentes en el extranjero para poner dificultades a los posibles fraudes. Su grupo apoyará la proposición porque «la reforma de 2011 supuso que votar fuera una gymkana electoral para las personas en el exterior».
Muy crítico ha sido el diputado del PNV Mikel Legarda, quien ha defendido la medida que en su día apoyó su partido. Legarda ha lamentado que PSOE y Unidas Podemos hayan presentado la iniciativa sin hablar con el resto de grupos previamente y sin recoger las medidas que ya se plantearon en la anterior legislatura útil, en la que se abordó la derogación del voto rogado como parte de una amplia revisión de la ley electoral. «El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Vuelven a incurrir sus proponentes en lo que se les afeó en la XII legislatura», ha dicho.
Legarda ha reconocido que el voto rogado tiene un «notable efecto disuasorio». Pero también que «las causas» para aprobarlo fueron «la fundada sospecha de fraude electoral, denunciadas sobre todo por partidos de la izquierda». El diputado del PNV ha reclamado «garantías de la identidad del votante por correo».
Desde Ciudadanos, Miguel Gutiérrez ha recordado que su grupo también ha propuesto iniciativas similares en el pasado. «Los datos son tozudos. El censo CERA no para de crecer, pero el número de personas que ejercen el derecho al voto se desploma», ha dicho. Y ha recordado que hasta el Parlamento Europeo mostró su preocupación al respecto en 2016.
Gutiérrez ha anunciado que enmendará la proposición para añadir otros elementos como la «introducción de listas abiertas», «la reforma del Senado como cámara territorial» o que se establezca un «nínimo del 3% nacional para tener representación» parlamentaria.
Desde el Grupo Plural, tanto el BNG como Compromís y Junts han mostrado su acuerdo con la proposición. El diputado Néstor Rego ha planteado «ampliar plazos, el acceso a las papeletas en los consulados y más puntos de votación», mientras Joan Baldoví ha recordado que desde la moción de censura de 2018 han pasado dos elecciones generales. «Ellos y ellas esperaban más de nosotros, sobre todo más prisa», ha concluido.
Mariona Illamosa ha apostado por «dar un paso más y que la introducción de facilidades electrónicas no quede solo en descargar papeletas» sino que hay que «atreverse con el voto electrónico como complemento al sistema actual».
Marta Rosique (ERC) ha lamentado que «la democracia para la comunidad exterior es casi inexistente». «Que haya que rogar, que no lleguen las papeletas, que no se hagan públicos los datos, que no puedas asegurar que tu voto sea contabilizado y que haya que pagar para votar es antidemocrático», ha dicho.
Rosique ha criticado que los grupos proponentes hayan llevado a Pleno la reforma justo cuando ERC había presentado una iniciativa similar. «Si nuestra propuesta ha servido para que espabilen, me alegro», ha dicho. Para concluir: «Espero que en el trámite podamos discutir cuestiones y puedan ser más atrevidos».
Desde Vox, el diputado Carlos José Zambrano García-Raez ha cargado contra los partidos que aprobaron la medida en 2011, algunos de cuyos diputados entonces militan hoy en el suyo y comparten escaño con él. El diputado ha reclamado «proteger al sistema de fraudes de los propios partidos» y «establecer normas que frenen prácticas indeseables» que podrían estar adulterando las elecciones.
Por último, José Antonio Bermúdez de Castro (PP) ha reclamado respeto para quienes aprobaron la reforma y ha recordado que se produjo en un contexto de «denuncias de fraude» y que «se introdujo la solicitud previa como medida de garantía de personalidad del sufragio».
El diputado del PP ha reconocido un «efecto no querido» y que es «indispensable su reforma». Pero ha advertido: «No hay que reducir las garantías en el procedimiento». Por eso, ha recordado que el voto por correo de los residentes en España exige una doble identificación personal. Y ha concluido: «Para facilitar la participación estamos dispuestos a eliminar el ruego de voto, pero debe haber al menos un trámite de identificación del elector por razones de seguridad jurídica». También ha reclamado «generalizar el voto en urna, que es transparente».
El Congreso iniciará ahora la tramitación de la reforma de la ley electoral, que debe pasar por comisión, recibir la mayoría absoluta de los apoyos de la Cámara Baja por ser orgánica y, después, ir al Senado.
