La iniciativa se traslada ahora al Senado para que los cambios entren en vigor a finales de abril o principios de mayo, tal como está previsto.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el líder del PP, Pablo Casado, en el acto con motivo del 40 aniversario del 23F celebrado en el Congreso. — Eduardo Parra / Europa Press
El Congreso ha culminado este jueves la tramitación de la proposición de ley para limitar las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando está en funciones, como actualmente se encuentra desde hace más de dos años. El Pleno de la Cámara Baja ha aprobado la reforma legislativa impulsada por los partidos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, por 196 votos a favor, 150 en contra y una abstención. La iniciativa se traslada ahora al Senado para que los cambios entren en vigor a finales de abril o principios de mayo, tal como está previsto.
La reforma contempla la adición de los artículos 570 bis y 598 bis a la ley del Poder Judicial para que el gobierno de los jueces no pueda realizar nombramientos clave ni designar a una cúpula una vez expirado su mandato. De esta forma pondrá fin a la carrera emprendida por el CGPJ que, con Carlos Lesmes al frente, ha realizado al menos 72 nombramientos a lo largo de estos dos años.
Esta reforma «no acaba con el problema»
Desde que la iniciativa comenzó su andadura en sede parlamentaria, hace tres meses, la cúpula judicial ha nombrado a cinco presidentes de sala, nueve presidentes de audiencias provinciales, dos del TSJ y un miembro del Supremo. Así lo ha recordado el portavoz socialista Francisco Aranda, quien ha subrayado que esta reforma «no acaba con el problema», esto es, la renovación del Poder Judicial.
Tras las elecciones catalanas, y ante el espejismo de un panorama libre de comicios hasta 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, abordaron en una conversación telefónica la renovación de tres órganos constitucionales —el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo—, y del Consejo de RTVE. Esta aparente voluntad de entendimiento se reflejó en el acuerdo para elegir a los nuevos integrantes del Consejo de Administración del ente público. Asimismo, los partidos políticos se emplazaron a continuar negociando para alcanzar un pacto que permita el desbloqueo del resto órganos constitucionales e institucionales cuya renovación está pendiente o habrá de acometerse en las próximas fechas.
Sin embargo, las conversaciones para la renovación del CGPJ sufrieron un nuevo revés después del veto del PP a dos vocales propuestos por el Ejecutivo de coalición. El partido conservador mostró su rechazo a la designación de Victoria Rosell, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la violencia de género, y de José Ricardo de Prada, integrante del tribunal de la Audiencia Nacional que dictó sentencia sobre la primera época de la Gürtel —detonante de la moción de censura que hizo caer a Mariano Rajoy— como miembros del nuevo consejo.
La censura del PP a estas propuestas se ha mantenido intacta durante estas semanas y a ello se suma el terremoto político derivado de la moción de censura de PSOE y Cs contra el presidente conservador de Murcia, Fernando López Miras. Este movimiento sirvió de caldo de cultivo para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocara elecciones anticipadas este martes, una cita que se mantiene hasta que los tribunales decidan si se dan por válidas las dos mociones registradas tras este anuncio. Si bien, esta nueva inestabilidad política podría demorar aún más la renovación del órgano de los jueces.
Candidaturas paritarias
Por ello, Francisco Aranda ha invitado al PP a «reflexionar» y a «volver a sentarse» para acatar el mandato constitucional, que establece la duración del órgano de gobierno de los jueces (cinco años). «Ustedes están instalados en el miedo a Vox», ha añadido el diputado socialista tras tender nuevamente la mano al partido conservador para lograr un acuerdo que ataje el bloqueo, como sostiene el PSOE desde hace semanas y reiteró este miércoles el presidente del Gobierno.
El PSOE, al PP: «Ustedes están instalados en el miedo a Vox»
«El PP tiene pánico a la renovación y ese pánico es directamente proporcional a lo mucho que tienen que esconder a jueces y tribunales», ha criticado el diputado de Unidas Podemos y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, quien ha defendido a los magistrados vetados por tener «la misma legitimidad que cualquier otro colega» para ser elegidos. No obstante, ha aclarado que su grupo «no ha propuesto a ningún candidato».
Asimismo, Santiago ha propuesto reiniciar el proceso de presentación de candidaturas de jueces y magistrados, de modo que sean paritarias: «Que todos los partidos se comprometan a dotar las medidas jurídicas y políticas necesarias para que el nuevo consejo sea, por primera vez en la historia de España, paritario entre hombres y mujeres y, ojalá, presidido por una mujer», ha deseado el portavoz de IU.
El portavoz de Justicia popular, Luis Santamaría, ha criticado que el Gobierno impulse una reforma que «mercería un suspenso en primero de Derecho de cualquier facultad», que está «huérfana de informes jurídicos» y que aglutina «el rechazo unánime del mundo del derecho». «Aprobarán esta ley porque pueden y si el PP no se aviene a aceptar las trágalas, aprobarán la rebaja de las mayorías que tienen en la recámara», ha comentado acerca de la proposición registrada en en octubre para rebajar las mayorías parlamentarias, que duerme en el sueño del los justos a la espera de un acuerdo entre el Gobierno y el PP.
Por su parte, los socios del Gobierno han pedido ir más allá de la reforma. En este sentido, el diputado del PNV Mikel Legarda ha criticado el procedimiento y el contenido por entender que no ataca «el problema de raíz», es decir, «la aplicación de criterios partidistas» en la elección de los vocales. Jon Iñarritu, parlamentario de EH Bildu, ha celebrado que este jueves «se subsana una laguna jurídica», pero la modificación planteada «se queda corta, ya que habría que cesar a todos esos cargos que se han nombrado con el mandato caducado».
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