El Corte Inglés despedirá a 3.500 trabajadores pese a comprometerse con el Estado y la plantilla a conservar el empleo

Los grandes almacenes dejarán en la calle a 3.500 personas. Los ERTE firmados por la empresa para el 38% de su plantilla estaban condicionados a no realizar despidos

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Incendio que acabó con el edificio Windsor, en febrero de 2005 //Guillermo Sanz

La mayor cadena de grandes almacenes de España dejará en la calle a cerca de 3.500 personas en el primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la compañía, una medida que El Corte Inglés pretende acompañar del cierre de más centros, de una congelación salarial de la plantilla y de una ampliación de días festivos de trabajo.

Estos despidos llegan después de que la compañía haya exprimido al máximo las posibilidades de los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE), en su mayoría a cargo de las cuentas del Estado, que afectaron a 26.000 trabajadores, un 38% de la plantilla de El Corte Inglés.

A finales de marzo, El Corte Inglés pidió un ERTE para 22.000 trabajadores “por causa de fuerza mayor y con el objetivo de mantener el empleo”. Y en noviembre de 2020, lo hizo para otros 10.827 trabajadores en los centros de Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Asturias, y en el negocio hostelero de Galicia, Cantabria, Murcia y Talavera de la Reina (Toledo). Si bien, en el primer ERTE la empresa cubrió el resto del salario para que los empleados cobraran el 100%, en el ERTE de noviembre los afectados solo recibieron la parte que se cubre con dinero público, un 70% de la base de cotización de los últimos seis meses.

Los ERTE fueron utilizados por el Gobierno de coalición como una de las principales herramientas para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus e incluyen una cláusula de salvaguarda o de mantenimiento del empleo que obliga a las empresas que utilicen este mecanismo a mantener el empleo durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de la vuelta al trabajo. La violación de esta cláusula implicaría, al menos en principio, que la empresa debería devolver todas las exoneraciones a la seguridad social que hubiera disfrutado.

A finales de mayo, los sindicatos llegaban a un acuerdo con la empresa cuyo principal compromiso era, precisamente, no promover “ningún proceso colectivo de extinción de contratos”, “mantener el empleo” y “evitar el deterioro de las condiciones laborales y salariales”

Y no sería el primer incumplimiento de El Corte Inglés: a finales de mayo, los sindicatos llegaban a un acuerdo con la empresa cuyo principal compromiso era, precisamente, no promover “ningún proceso colectivo de extinción de contratos”, “mantener el empleo” y “evitar el deterioro de las condiciones laborales y salariales”.

Dos días antes de que se decidiera el ERE, la patronal de los grandes almacenes, ANGED, planteaba un nuevo modelo de convenio “basado en la congelación salarial y la desregulación de la jornada”, según denunciaba CC OO Servicios. “La patronal nos va a tener enfrente si pretende utilizar la transición digital para empeorar las condiciones de la plantilla limitando cada vez más su posibilidad de conciliar su vida personal y familiar con la laboral o congelando su ya de por sí reducido salario”, señalan desde el sindicato.

En concreto, la patronal del sector pretende ampliar a 23 los domingos y festivos en los que la plantilla debería trabajar. Un empeoramiento de las condiciones laborales que viene junto a una congelación salarial, según la propuesta de convenio colectivo que afectaría a cerca de 230.000 personas.

La destrucción de empleo no es una novedad en la empresa de Marta Álvarez, hija de Isidoro Álvarez, la 36º persona más rica de España, con 1.480 millones de patrimonio personal

Las razones de la patronal: la caída en un 40% de clientes en los grandes almacenes y “la necesidad de adaptar el sector a los cambios en los hábitos de consumo que se han consolidado durante la pandemia que ha propiciado el rápido desarrollo del comercio online”, según CCOO.

Sin embargo, la destrucción de empleo no es una novedad en la empresa de Marta Álvarez, hija de Isidoro Álvarez, la 36º persona más rica de España, con 1.480 millones de patrimonio personal. Ya en 2019, había destruido más de 1.700 puestos de trabajo a través de jubilaciones, bajas voluntarias, rescisiones de contratos y subrogaciones de personal, en una especie de “ERE encubierto” que le había permitido hasta ahora disimular la crisis del gigante de los almacenes.

A la estrategia que tenía la empresa, no cubrir las vacantes y cerrar cada vez más centros, se suma ahora la destrucción masiva de empleo pese a haberse comprometido con el Estado, con los sindicatos y su plantilla a conservarlo.

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