Ecologistas, sindicatos, consumidores, pymes y expertos en Derecho lamentan el contenido del decreto-ley, convalidado en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz el pasado 2 de abril, que modifica 27 normas y reduce controles en sectores tan sensibles como urbanismo, turismo, medio ambiente, comercios y medios de comunicación públicos.
Sesión de la Diputación Permanente celebrada el 2 abril // Parlamento de Andalucía
La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía aprobó el pasado 2 de abril el llamado ‘Decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva’, que por la vía de urgencia y amparándose en el ya visible impacto económico de la pandemia del coronavirus —y del Brexit— modifica 21 leyes, 6 decretos y otras 10 normas legales andaluzas, derogando total o parcialmente algunas de ellas y eliminando trámites, permisos o estudios necesarios en sector como el urbanismo, el turismo o la protección del Medio Ambiente.
La oposición de PSOE-A y Adelante Andalucía ya anunció, durante la misma celebración del pleno, que denunciaría ante el Tribunal Constitucional el decreto, por considerar que el trámite utilizado, votado de urgencia y por la diputación permanente, no se ajusta a Derecho. La portavoz de Adelante, Ángela Aguilera, también reprochó a populares y naranjas “la prisa que se han dado” cuando llevan tramitando el decreto “más de un año, por mucho que hablen del Covid-19”.
Al ser un Decreto-Ley no puede ser denunciado por asociaciones civiles u otro tipo de instituciones, sino por los grupos parlamentarios, los propios diputados —una posibilidad que se baraja, que los parlamentarios que no estuvieron presenten aleguen que sus derechos fueron vulnerados— o el Defensor del Pueblo.
Estas son las modificaciones o decisiones asociadas al decreto que se presentan como las más graves para el movimiento asociativo y la oposición, incluida la propia forma de aprobación del mismo o que choque con leyes estatales e incluso aún vigentes a nivel andaluz:
Zonas de Gran Afluencia Turística
Como denuncia la asociación de consumidores FACUA, el decreto es un paso más para acercar la legislación andaluza a la de la Comunidad de Madrid en materia de comercio con una liberalización de horarios absoluta para las grandes superficies. En este caso el decreto permite abrir a estos negocios de diez domingos al año a dieciséis, aunque escalonadamente, subiendo dos por año desde este 2020. Una medida, por cierto, que el portavoz del PSOE-A en la Cámara andaluza, Manuel Jiménez Barrios, usó para criticar el trámite parlamentario utilizado, al preguntarse “dónde está la urgencia, si son tres años para aplicarlo”.
Pero el verdadero cambio por la puerta de atrás existe en la figura de las Zonas de Gran Afluencia turística. Jordi Castilla, representante de FACUA en el Consejo Andaluz de Comercio, explicó a El Salto Andalucía que hasta ahora esta figura “se otorgaba por periodos de tiempo y espacios concretos dentro de las ciudades, por ejemplo, en la calle Larios de Málaga durante la Navidad, digamos”. Pero a partir de ahora “afecta a todo el año y, si un distrito es de Gran Afluencia, se concede al municipio entero”.
Aunque oficialmente no exista una liberalización de horarios como la de otras comunidades autónomas, se produciría a efectos prácticos con la fórmula de la Zona de Gran Afluencia Turística
Es decir, en localidades turísticas, como pueda serlo cualquiera de las capitales andaluzas o cualquier municipio costero, se beneficiarían de la liberalización de horarios todas las grandes superficies. El ejemplo que pone Castilla es que “no tiene sentido que porque en el centro de Sevilla se muevan muchos turistas el Corte Inglés de Sevilla Este pueda abrir todos los domingos de noviembre”. Es decir que, aunque oficialmente no exista una liberalización de horarios como la de otras comunidades autónomas, se produciría a efectos prácticos con la fórmula de la Zona de Gran Afluencia Turística.
Declaración de Interés Autonómico y urbanismo “supramunicipal”
Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, denuncia que las modificaciones del decreto vienen a sustituir las competencias municipales de los ayuntamientos e incluso a contradecir otras normativas de la propia Junta de Andalucía. “Se han aprobado vías para que la Junta puede obligar a cambiar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) a los ayuntamientos y forzar a que se aprueben determinados proyectos si así lo consideran”.
Para la organización ecologista no existe la reducción de trámites anunciada por el Gobierno de Juanma Moreno. “Lo único que se reduce es el plazo del informe de adecuación de la propia Junta, que pasa de 3 meses a 1 mes. En la práctica querrá decir que a la Administración no le dará tiempo a responder a todos los proyectos y muchos se aprobarán por silencio administrativo”, valora.
Dos fórmulas vienen a modificar la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA) y permiten que la Administración autonómica obligue a las municipales a modificar sus PGOU: la Declaración de Interés Autonómico, “que permite que se apruebe cualquier proyecto si lo considera la Junta, aunque sea en un terreno que un ayuntamiento tenga protegido”, y las Actuaciones Urbanísticas Supramunicipales.
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Esta última era una fórmula que existía para facilitar las obras de infraestructuras públicas que afectaban al término municipal de más de una localidad, de manera que no hiciera falta modificar uno a uno varios Planes Urbanísticos. Pero ahora puede ser aplicada a cualquier proyecto que, por las circunstancias que sea, abarque más de un municipio, pasando a ser de control autonómico sin participación de los ayuntamientos.
Minas, parques naturales y suelo no urbanizable
En el año 2014 las organizaciones ecologistas andaluzas consiguieron en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) vencer a la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE e IU, al imponerle su propia legislación: el Decreto de Parques Naturales de 2011 hacía que su condición de suelo protegido no urbanizable estuviese por encima de cualquier PGOU.
Sin embargo, con las nuevas normas aprobadas por el decreto, la Junta podrá permitir la aprobación de infraestructura de tipo turístico o industrial en suelo no urbanizable, por lo que medidas como la misma dejan de tener efecto; aunque Clavero recuerda que esto puede ser recurrible si llega a aplicarse. En la misma medida, se elimina la necesidad de un Plan Especial Medioambiental para los proyectos de minas o canteras, que pasa a ser un simple informe, requiriendo menos plazos y una evaluación menos severa.
Como le reprochó Adelante Andalucía durante el debate al gobierno, “este decreto deja la llamada revolución verde —anunciada por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla— en agua de borrajas”, ya que además “desincentiva los sistema de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables en su modalidad no retributiva”.
Radios municipales privatizables
Otro punto polémico, y que contradice la legislación aprobada por el propio gobierno de PP y Cs hace menos de un año, es la que afecta a los medios de comunicación municipales. El portavoz del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), Francisco Terrón, opina para El Salto Andalucía que “de facto lo que se hace es legalizar las hasta 29 concesiones de radio ilegales que existen ahora mismo, entregadas por ayuntamientos de todos los partidos a empresarios afines”.
Francisco Terrón (SPA): “En la práctica contribuirá a impedir que los profesionales sean independientes de los intereses del partido que gobierne y conceda la licencia”
La nueva norma permite, con el argumento de que algunos ayuntamientos no pueden mantener sus propias radios o televisiones municipales por falta de medios, licenciarlas a empresas locales, regionales o nacionales. “En la práctica contribuirá a que las licencias vayan a grandes empresas como puedan ser COPE o la SER, y acabará con la pluralidad informativa, además de impedir que los profesionales sean independientes de los intereses del partido que gobierne y conceda la licencia”, explica Terrón.
Además, libra a los concesionarios de la obligatoriedad de tener medios y personal en el municipio donde presten el servicio. Es decir, la radio local de un determinado pueblo puede emitir desde cualquier otro lugar, sin informar con los periodistas en el mismo municipio.
Posible inconstitucionalidad del trámite
Durante la propia sesión de aprobación del decreto, la portavoz de Adelante ya advirtió que la oposición recurrirá en base al artículo 23 de la Constitución, que protege el derecho a la participación, por considerar que no se ha permitido ni a los partidos ni a la sociedad civil intervenir en la elaboración del decreto. El PSOE-A argumentaba también “inseguridad jurídica” por haberle dado un uso impropio a la Diputación permanente. En cualquier caso, tienen un periodo de tres meses para presentar sus recursos y ambos se encuentran estudiándolo en estos momentos.
Joaquín Urías: “la Diputación Permanente es una figura excepcional, que se utiliza de tal manera que restringe mucho los derechos de los grupos parlamentarios”
Consultado por este medio, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y antiguo letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, explica que “la Diputación Permanente es una figura excepcional, que se utiliza de tal manera que restringe mucho los derechos de los grupos parlamentarios”. Añade que el estado de alarma “no debería suspender el funcionamiento del Parlamento. Más bien, lo contrario. Durante el estado de alarma las Cortes controlan al Gobierno central y el Parlamento de Andalucía debería estar controlando al Gobierno andaluz”. Por tanto “no tiene sentido que se haya suspendido todo el funcionamiento del Parlamento de Andalucía” utilizando para ello a la Diputación permanente.
Urías, además, opina que aunque la gran variedad de ámbitos regulados en un mismo decreto no sea una práctica ilegal —aunque sí poco usual—, “pero es una manera de ahorrarse años de legislación: en unas semanas consiguen alterar la mayor parte del ordenamiento jurídico propio de Andalucía en vigor”.
Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, añade que la posibilidad que baraja su organización si el decreto sigue adelante es denunciarlo una vez se apruebe un primer plan urbanístico bajo su paraguas. Si la Junta argumenta que se limita a aplicar la Ley, se podría llevar ante el Supremo o el TSJA y buscar el incidente de inconstitucionalidad, ya que las asociaciones consideran que contradice no ya la legislación estatal sino la actual andaluza vigente. Por lo que el recorrido de este decreto, probablemente, no ha hecho más que empezar.
+info relacionada: La Junta de Andalucía pagó a una decena de medios para que estos alabaran su gestión del coronavirus – elplural.com, 10-04-2020
