Prorroga la rebaja de impuestos de la electricidad y el tope a la subida de la tarifa de gas de último recurso e incluye ayudas directas y otros beneficios para empresas de transportes, agricultura y pesca.
// Jonathan Petersson (Pixnio)
El BOE de hoy recoge un decreto ley que entra en vigor mañana 31 de marzo y que, entre otras muchas medidas aprobadas para, según afirma el propio texto, paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, aprueba un descuento de veinte céntimos por litro de carburante del 1 de abril al 30 de junio para todas las personas que lo compren. Además, prorroga la rebaja de impuestos de la electricidad y el tope a la subida de la tarifa de gas de último recurso e incluye ayudas directas y otros beneficios para empresas de transportes, agricultura y pesca.
El descuento de 20 céntimos por litro (o kilo, para algunos gases) se aplicará al precio final de venta con impuestos. Aunque es este viernes cuando se pone en marcha, las empresas tienen hasta el 15 de abril para incluir esa cantidad, de forma desglosada, en las facturas y tickets. Se aplicará a combustibles de vehículos como gasolina, gasóleo, gases específicos, bioetanol, biodiesel y adblue.
Las empresas que comercializan estos productos, como las gasolineras, solicitarán la devolución de los importes a la Agencia Tributaria (o las agencias forales, en su caso) de forma mensual. Además, podrán solicitar un anticipo a cuenta desde mil euros a dos millones, según el volumen, antes del 15 de abril. Las empresas de distribución al por mayor asumirán cinco de esos 20 céntimos. El resto, lo pagará el estado.
El Ministerio de Transición Ecológica también incluye en el decreto ley una actualización extraordinaria del cálculo de la retribución de renovables, cogeneración y residuos, la posibilidad de tramitar de urgencia proyectos de energía renovables y obliga a incluir en los planes de 2023 a 2025 de las distribuidoras eléctricas un mínimo de un 10% de sus inversiones para potenciar su dependencia de las energías renovables.
Además, aprueba una reducción del 80% de los peajes de acceso y distribución durante todo 2022 para las empresas grandes consumidoras de energía, los llamados consumidores electrointensivos, y aprueba un crédito extraordinario para asumirlo de 225 millones. También hay ayudas directas para consumidoras de gas intensivas: industrias de fabricación de papel y cartón, fibras artificiales y sintéticas y vidrio podrán recibir hasta 2.600 euros por empleado; mientras que los fabricantes de productos cerámicos hasta 5.000 euros. En total, se han destinado 125 millones a este apartado.
Prórroga del tope a la subida del gas y la rebaja de impuestos
La norma prorroga hasta el 30 de junio medidas puestas en marcha en septiembre para paliar la escalada de los precios de la energía. Así, se mantendrá la rebaja de impuestos: el IVA al 10% y el impuesto especial sobre la electricidad, al 0,5%. Además, se mantiene la reducción de los “beneficios extraordinarios” de algunas centrales eléctricas, principalmente hidroeléctricas y nucleares, por la escalada del precio internacional del gas.
Otra de las medidas prorrogadas es el tope a la subida del precio de gas natural para los consumidores de la Tarifa de Último Recurso (TUR), un sistema de precios regulados al que pueden optar los hogares con presiones inferiores a 4 bar y consumos anuales que no superen los 50.000 kWh. En la actualidad, un millón y medio de consumidores, según el Gobierno, están en este sistema, mientras el resto (unos seis millones y medio) están en el mercado libre.
Este sistema amortigua las subidas bruscas, similar al que existe ahora mismo con el precio de la bombona de butano: aunque las variables económicas internacionales hagan que el precio se dispare, el coste de la materia prima, que supone alrededor de un 30% de la factura final, no podrá subir en cada ronda más de un porcentaje determinado, a partir de ahora un 15%. Eso sí, esas subidas no cobradas se irán guardando para pagarse más adelante, cuando los precios bajen.
Ayudas al transporte, pesca y agricultura
Las empresas que reciban cualquiera de estas ayudas no podrán despedir por causas objetivas por la subida de los precios de la energía. Además, aquellas que se acojan a un ERTE por las consecuencias de la guerra de Ucrania tampoco podrán usar luego esta causa para despedir.
El decreto ley también incluye ayudas directas y otros beneficios para sectores afectados por la subida del precio del carburante. Las más importantes van para el sector del transporte, tras el acuerdo alcanzado hace unos días.
Las empresas y autónomos de taxis, VTC, autobuses de pasajeros, transporte de mercancías y ambulancias podrán recibir ayudas directas hasta un total de 450 millones de euros. Serán de una cantidad por vehículo, hasta 400.000 euros: 1.250 por camión, 500 por furgoneta, 950 por autobús, 300 por taxi o VTC y 500 por ambulancia. Eso sí, deberán presentar la solicitud antes del 30 de abril. Las empresas de transporte por ferrocarril, por su parte, y con un crédito de 1.815.000 euros, podrán recibir 15.000 euros por locomotora con tracción diésel hasta el mismo tope, 400.000 euros.
Además, permite que empresas y autónomos que se dediquen al transporte urbano y por carretera puedan aplazar sus cuotas de la Seguridad Social de los próximos meses a un 0,5% de interés.
En paralelo, el decreto ley incluye ayudas directas de un máximo de 169 millones para los productores de leche (de 210 euros por vaca para las primeras 40, por ejemplo), de más de 18 millones para los armadores de buques pesqueros, según capacidad, de más de 193 millones para el sector de la agricultura, y otros tantos beneficios para la pesca y la acuicultura.
Y aprueba hasta fin de año avales para necesidades de inversión o liquidez de las empresas españolas de hasta 10.000 millones de euros.
Buenos días
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