Una de cada cinco operaciones vinculadas a los avales del ICO del ‘escudo social’ han consistido en refinanciaciones en las que los créditos dejaban de tener como aval el patrimonio del empresario para cargar a las arcas públicas hasta el 80% de esa garantía.
Autónomos y microempresas han copado más de dos tercios de las operaciones de crédito avaladas por el ICO
El Estado ha pasado con los avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) a responder ante la banca de los créditos de 160.000 autónomos y pequeñas empresas que hasta ahora tenían como garantía el patrimonio personal o familiar de esos profesionales, según los datos facilitados por el Ministerio de Economía al senador de Compromís Carles Mulet.
La cuantía de esos préstamos ronda los 20.000 millones de euros, de los que el Estado ha pasado a figurar como el primer avalista de más de 15.000, ya que, según el caso, los avales cubren hasta un máximo del 80% del valor del préstamo.
Ese volumen supone la quinta parte de las operaciones cerradas mediante los avales del ICO, una de las medidas centrales del ‘escudo social’ frente a las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus con el que el Gobierno pretendía inyectar hasta 100.000 millones de liquidez al tejido productivo ante el simultáneo estrangulamiento de la oferta y de la demanda con el confinamiento.
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«Los avales del ICO han permitido canalizar un elevado volumen de crédito hacia las pequeñas empresas y los autónomos que en muchos casos ha resultado fundamental para facilitarles una liquidez con la que mantener a flote sus negocios o su actividad«, explica Mulet, que preguntó al Gobierno «cuántos avales y con qué cuantía se han destinado a reestructurar deuda y cuantos a dar crédito nuevo».
Una garantía de cobro para la banca
La línea de avales era también, y quizás principalmente, una garantía para la banca que facilitaba a empresas y autónomos el acceso a créditos de hasta cinco años de amortización, ya que el Tesoro público se haría cargo de hasta el 80% del dinero prestado (60% en la gran empresa) si quien lo recibe no puede finalmente devolverlo.
Eso, según indica la respuesta del Gobierno a Mulet, abrió el grifo del crédito hacia las unidades de menor tamaño del sistema productivo español: «El 87% de las empresas con operaciones formalizadas están directamente gestionadas por autónomos y micropymes. Esta tipología de empresas, de menos de 10 empleados, ha solicitado el 74% del total de las operaciones».
Los datos del Ministerio de Economía indican que el 73% del valor de los avales cerrados hasta el 15 de septiembre, 55.416 millones de euros de un total de 76.002, fueran a parar a pymes y autónomos, que obtuvieron con esos documentos créditos por 69.328. Mientras tanto la gran empresa negociaba 15.276 avales por 20.586 millones con los que accedía a 30.671 en créditos.
La activación de esas líneas de financiación tuvo varios efectos. Por una parte, la languideciente banca española pasó a prestar dinero a un ritmo desconocido, con la movilización de 80.000 millones en mes y medio. Por otra, conforme el negocio iba prosperando comenzaron a subir los intereses que gravan los préstamos. Y, por una más, empezaron a menudear las operaciones de refinanciación con cargo al ICO.
¿En qué consiste eso de refinanciar con cargo al ICO? Básicamente, en agrupar los créditos vivos que empresas y autónomos tenían pendientes de amortizar antes del lanzamiento de los avales, y que normalmente tenían como garantía el patrimonio de esas sociedades y/o esos profesionales, además de sus familias, para transformarlos en un nuevo préstamo en el que el Estado pasaba a figurar como avalista de entre un 60% y un 80% del dinero: es el ICO quien tendría que devolvérselo al banco en caso de impago.
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No fue algo esporádico, sino más bien al contrario. Y, en buena parte de los casos, más sugerido por las entidades financieras que reclamado por los clientes. «El 80% de las operaciones avaladas se han destinado a garantizar nuevos préstamos», señala la respuesta del Gobierno, lo que, por pasiva, significa que el 20% de los créditos contratados con el aval del ICO fueron en realidad refinanciaciones de deudas anteriores en las que el Estado pasaba a asumir el grueso del riesgo.
Mulet: «El Gobierno debería ir preparando un plan para evitar la asfixia de pymes y autònomos»
La operativa, no obstante, no tiene solo a la banca como beneficiaria, ya que con ella el pequeño empresario y el autónomo ganan margen de maniobra para hacer frente más adelante a sus problemas de liquidez, ya que su patrimonio queda formalmente liberado. En España operan 1,1 millones de microempresas, según los datos del Ministerio de Trabajo, y 3,2 de autónomos, con lo que los 160.000 beneficiarios de esas refinanciaciones equivaldrían a algo más del 3,5% de los integrantes de esos colectivos.
«La normativa sobre este tipo de avales establece que, en caso de no poder devolver esos préstamos, será el ICO quien tenga que devolver al banco hasta un 80% del dinero que no pueda recuperar, por lo que se trata de una medida muy beneficiosa también para la banca», explica Mulet, que destaca que «lo cierto es que esa operativa tiene un aspecto bastante parecido al que tendría un rescate preventivo de la banca».
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En este sentido, el senador de Compromís apunta que «si el banco ejecuta el aval, el Estado paga por el pequeño empresario, y también por el grande, pero luego va a reclamar ese dinero a quienes no hayan podido hacer frente a sus deudas. Y eso significa que el banco tiene la seguridad de que cobrará del Tesoro público mientras su cliente sigue teniendo la misma deuda pero ahora con el Estado como acreedor».
«Una vez finalizado el periodo de tramitación de los avales y de contratación del crédito, y a la vista de cómo está evolucionando la economía», añade Mulet, «el Gobierno debería empezar a preparar un ‘plan b’ para evitar la asfixia de los cientos de miles de pequeñas empresas y autónomos que ya se han visto obligados a acudir al ICO para tratar de sobrevivir y que siguen teniendo problemas para mantener a flote sus negocios».
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