- La imputación a una trabajadora de prensa de Irene Montero por el “caso niñera” es el último hito de un acoso mediático-jurídico a la formación morada que comenzó en 2014.
- Hay 25 querellas archivadas y otras en vía de serlo tras un proceso de desgaste a los dirigentes mientras se llevaba a cabo la instrucción
El equipo de Unidas Podemos valora los resultados del 10-N // David F. Sabadell
“Es extremadamente duro cuando afecta a tu familia y ves a tus adversarios que no van a parar y van a ir a por todo”, afirmaba el exvicepresidente Pablo Iglesias en la presentación en Madrid del libro Verdades a la cara —editado por Aitor Rivero y publicado por la editorial Navona—, en el que relata sus años al frente de Podemos y su participación en el Gobierno. Frente a un auditorio atiborrado en Matadero, recordaba cuando Pedro Sánchez le dijo: “Van a por ti”, y cómo su madre, ante la rabia por los escraches en la puerta de su residencia personal, llegó a “camuflarse” entre los militantes que iban a defender a los líderes de la formación morada frente a los ultras.
Se esté de acuerdo o no con lo que es Iglesias y lo que representa, hay un dato insoslayable de la realidad que para cualquier estado de derecho debería ser relevante: la operación judicial de acoso y derribo de Podemos, que comenzó a fines de 2014, ha contado con decenas de causas o líneas de investigación que han caído en saco roto. Se trata de 25 causas o investigaciones archivadas, incluyendo los casos más resonantes. Otros están al borde de serlo, como el “Caso Dina”.
El cofundador de Podemos recalcaba en la presentación del libro un hecho relevante para cualquier sociedad democrática: “Lo que buscaron es que quien se atreviera a querer cambiar la realidad tenga miedo de hacerlo”. Iglesias reiteraba así algo dicho por él y muchos otros de su formación: el objetivo de los poderes fácticos, el Estado profundo, el régimen, o la metáfora literaria que se precie, era claramente disciplinador. Hacer saber que, con errores o aciertos, estar a la izquierda del PSOE con capacidad de determinar políticas y cambiar el sistema por vías legales no podía salir gratis ni sus dirigentes indemnes.
Quizás hasta puede considerarse normal ya que en ningún país los beneficiados de un sistema quieren perder mansamente sus beneficios, pero la peculiaridad de este proceso es cómo estamentos del Estado, el profundo y el que no lo es tanto, vienen funcionando de manera articulada contra un partido político legal. Jueces, periodistas, policías, ministros y empresarios, coaligados en una cacería que puede dividirse en dos fases: la primera con la denominada “policía patriótica” y la participación del propio Ejecutivo del PP (según la comisión del Congreso ha determinado en 2017), y estos últimos tiempos con la aparente complicidad entre magistrados y la acusación popular de Vox y organizaciones de ultraderecha.
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La última embestida
Hace pocos días, la canaria Gara Santana era imputada por el juez Juan José Escalonilla, ante quien deberá declarar el próximo 10 de mayo por el “caso niñera”, o “el de las cuidadoras”, como prefieren llamarlo fuentes de Podemos. El motivo del magistrado es indagar si tanto Santana como la jefa de gabinete adjunta, la manchega Teresa Arévalo, oficiaron como niñeras de los hijos de la ministra de Igualdad mientras cobraban como trabajadoras del Ministerio. Una elucubración casi desopilante. Como comentaba un experimentado corresponsal extranjero a quien esto escribe, “sería difícil encontrar en otra democracia un caso más raro y retorcido contra un político”.
“Nadie puede ser imputado para corroborar o no un comentario que ha hecho alguien que está peleado con tu jefa”, denuncia Victoria Rosell sobre el caso de Santana
Fuentes de Igualdad expresan ante la pregunta de El Salto su indignación por la imputación de Santana, quien se acercó a Montero a través de la jueza Victoria Rosell, fichada por Podemos para liderar la papeleta en Canarias en las elecciones de 2015. La joven era la jefa de prensa de Rosell, que era candidata independiente. Ante el pedido de recomendación de la ministra, la exdiputada sugirió a Santana.
Preguntada por El Salto, Rosell afirma que le cuesta “creer” y que espera “que no sea así” el hecho que la imputación a Santana “sea porque la persona que se ocupaba del transporte, contratada por el partido, la llevaba y la traía dos veces por semana” a la residencia de la ministra. “No salgo de mi asombro. Me cuesta pensar que eso sea solo todo lo que haya, que un magistrado impute a una persona crea un daño tremendo y se hace solo si es necesario para la investigación. Pero si buscan que Gara corrobore lo que dice la exescolta [Elena González]… nadie puede ser imputado para corroborar o no un comentario que ha hecho alguien que está peleado con tu jefa”.
Rosell señala que en estos siete años se podrían distinguir dos etapas en la embestida judicial y mediática contra Podemos. La primera en la que “se pudieron relacionar los casos con las cloacas del Estado, como lo que ocurrió con el llamado informe PISA y demás, se vio el accionar de la policía de partido”, término que prefiere utilizar antes que patriótica.
Pero últimamente se puede ver que “ya no tendría que ver con las cloacas directamente, sino con la participación de la extrema derecha”. Rosell recuerda que están personados como acusación popular en el “caso niñera” y también en el “caso Dina” no solo Vox sino también la asociación de juristas conservadores Pro Lege. Esto les permite a ambas partes tener acceso al expediente judicial y a información privada de los imputados y, en caso de desearlo, estar en condiciones de filtrarlo a los medios afines.
“Esto socava las bases de derechos fundamentales y por tanto del Estado de derecho, una persona que por ser de un partido no puede ver su intimidad y seguridad jurídica y derecho de defensa volados por los aires o publicado”, señala Rosell, y añade: “No puedo decir que [Vox y Pro Lege] lo hacen para poder filtrar porque sería un delito… pero no hay más control que el autocontrol judicial en estos casos. Parece una evidencia que Vox y otras organizaciones ultraderechistas no están pidiendo justicia o intentando de verdad averiguar un tema de corrupción, sino que se personan fraudulentamente porque tienen dinero de sobra para gastar en abogados y obtienen información que lesiona los derechos fundamentales”.
Este caso mas reciente es el último episodio, con todos los titulares en los medios que sus verdugos anhelan, de una larga serie de operaciones judiciales contra Podemos que comenzó allí por 2014, con una denuncia contra Iglesias por parte del Partido Socialista de la Justicia, acusándolo de blanqueo de capitales y falseamiento de cuentas. En enero de 2015 el Supremo rechazó la querella, que fue archivada. Era la primera de más de una veintena de archivos de causas o investigaciones.
Solo en 2015 vendrían otros tres archivos de causas menores contra el partido o sus dirigentes y el éxito electoral de Podemos en las generales de diciembre de ese año asustó seguramente tanto a sectores dominantes que acabó con la causa más resonante de todas las habidas: la presunta financiación irregular de Podemos y la recepción de fondos por parte del gobierno de Venezuela e Irán.
A tan solo 23 días de obtener Podemos y sus confluencias 69 escaños (y solo 400.000 votos de diferencia con el PSOE), el portal OK Diario del polémico y denunciado Eduardo Inda comenzaba a publicar información sobre un supuesto documento policial que afirmaba que el gobierno de Irán había financiado al líder del partido y a su entorno. Un informe que no llevaba el sello de ninguna unidad de las Fuerzas de Seguridad, pero que dio lugar a numerosos titulares durante meses.
El escrito bautizado como Informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) nunca acabó teniendo un recorrido judicial y se vinculó su autoría a la policía patriótica, creada supuestamente en la Policía Nacional en tiempos del ministro Jorge Fernández Díaz para perseguir adversarios políticos, algo que la comisión del Congreso en 2017 dejó asentado como un hecho real. La Audiencia Nacional rechazó de plano la denuncia contra Podemos que vivió en carne propia durante varios meses una estrategia de lawfare de libro: una denuncia con poco asidero pero mucho rebote mediático que garantiza titulares que esmerilan la credibilidad del político, difícil de revertir a pesar del archivo posterior de las causas.
Los pleitos pendientes
En 2016 hubo seis causas contra Podemos y sus dirigentes que fueron archivadas, entre ellas la de prevaricación y cohecho contra la propia Rosell. Más tarde el Supremo convalidaría una “conspiración” para arruinar a la jueza, por la cual está preso el juez Salvador Alba. En 2017 otros dos archivos, una de ellas la querella de Vox contra Iglesias por blanqueo de capitales.
De los procesos abiertos, además del “caso niñera”, Podemos aún espera que se archiven dos: el “caso Neurona” y el “caso Dina”. El primero lo instruye el juez Escalonilla (oh coincidencia, el mismo que ha imputado a Gara Santana días pasados) y el segundo lo sigue Manuel García Castellón, quien pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
En la presentación del libro antes mencionado, Pablo Iglesias dedicó un momento especial a García Castellón. Recordó que tuvo un encuentro con un periodista importante a quien no quería mencionar pero que le había comentado en privado que, en un encuentro a solas, el juez había dicho que iba a cargarse a Iglesias y que iría a por él. El exvicepresidente señaló ese mismo día que tiene previsto contar esta historia y la “presunta prevaricación” de García Castellón en un documental que será sobre la “guerra sucia contra Podemos”.
El caso Dina (llamado así por la exasesora de Iglesias cuando era eurodiputado en Bruselas, Dina Bousselham) fue uno de los más emblemáticos por haber sido parte del mismo el excomisario José Villarejo. En un registro en su casa, el juez encontró información que sería de la tarjeta de teléfono de la exasesora y allí comenzó una acusación contra Iglesias por delito de descubrimiento y revelación de secretos, otro de daños informáticos y otro de acusación y denuncia falsa. En enero de este año, el Supremo dijo que no hay indicios sólidos para sostener ninguno de ellos y devolvió la causa a la AN, además de criticar la instrucción de Castellón.
Esta causa no está archivada porque cuando tocaba decidir si la instrucción se prorrogaba, el juez decidió no hacerlo pero tampoco archivarlo porque aún restan diligencias pendientes, según informan a El Salto fuentes del equipo jurídico de Podemos. Lo que nunca se ha investigado, a pesar que Iglesias y Bousselham lo pidieron, es el robo del teléfono móvil, ya que aducen podría haber sido no un hurto simple sino un robo con la intención de montar la operación judicial y mediática que tantos titulares generó. Su pedido nunca tuvo eco.
En tanto, el caso Neurona sigue abierto tan solo porque de las siete líneas de investigación, una queda abierta, que es la que corresponde a la contratación de la consultora llamada Neurona, de asesoría y material electoral. Escalonilla dice querer investigar si el contrato fue simulado. Cabe recordar que la Fiscalía pidió al juez parar la instrucción por falta de pruebas pero el juez la prosigue.
Castellón y Escalonilla son los dos magistrados más emblemáticos de una judicatura cuestionada por su sesgo mayoritariamente conservador y partidista. Preguntada al respecto, Rosell subraya: “No voy a referirme a ningún miembro de carrera judicial en concreto, pero la ciudadanía simplemente con la información fiable que ofrecen los medios serios ya le alcanza para tener desconfianza en el Poder Judicial. Hay casos de un evidente empecinamiento voluntario con continuar con algunas instrucciones y que acaban con personas sufriendo investigaciones prospectivas aunque no se encuentren pruebas, algo que está prohibido por nuestra legislación”.
“Es un hecho que la carrera judicial ha tenido un sesgo mayoritariamente conservador y ahora tiene derivas preocupantes, auspiciadas por el CGPJ, que generan una sensación de amparo para los excesos de la ultraderecha y los jueces de derechas y de desamparo para las personas de ideología progresista”, lamenta.
Además, advierte (y destaca que “por primera vez públicamente”) que es hora que el Gobierno de coalición cumpla con la promesa que figura en el acuerdo de investidura y en los programas electorales de encarar una reforma en el proceso de selección de jueces. “Hay un hilo conductor nunca roto entre la corrupción del franquismo que se mantiene en el presente. Creo que le debemos a nuestro país una ruptura sólida y tajante con los vestigios del sistema anterior, que no son pocos. Lo debemos hacer por deber ético y democrático y ese compromiso en modificar el sistema de acceso a la carrera judicial está en el pacto de gobierno”, remarca.
El derrotero judicial contra Podemos, con sus infaltables pilares mediático, policial y político, es una llamada de atención más al déficit democrático en el Estado español, que recuerda muchas tareas de depuración pendientes, como también muestra el presunto espionaje ilegal a líderes independentistas catalanes por parte de fuerzas de seguridad, un escándalo que acaba de comenzar y con eco internacional.
La mayoría de investidura entre el PSOE, UP y los nacionalistas en todas sus variantes puede no ser eterna y está en manos de Moncloa aprovechar los meses que quedan antes de las generales (con municipales y dos veranos en medio) para encarar una reforma de la judicatura que parece todo menos postergable.
