El Estado español enviará a mandos policiales para “entrenar” a las fuerzas de seguridad que están reprimiendo las protestas en Chile

La red de chilenos y chilenas residentes en Aragón ha exigido que lo que necesita Chile no es “perfeccionar la capacidad represiva de las fuerzas de seguridad, sino -como lo señala Amnistía Internacional- por un cese inmediato de la represión y la aceptación de las demandas del pueblo chileno”

El Estado español enviará a mandos policiales para “entrenar” a las fuerzas de seguridad que están reprimiendo las protestas en Chile

Concentración este pasado el pasado octubre en Zaragoza. Foto: AraInfo.

La red de chilenos y chilenas residentes en Aragón rechaza el anuncio que el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, hizo el fin de semana pasado sobre la asesoría que recibirán las fuerzas policiales del país por parte de la UIP (Unidad de Intervención Policial española), para mejorar su capacidad operativa y sus mecanismos de control del orden público.

Han pasado más de 40 días desde el comienzo del estallido social y el gobierno ha ignorado sistemáticamente las demandas y reclamos de la población, otorgando como única respuesta una política de represión, de difusión del terror y de fuertes amenazas, mediante una agenda de seguridad que solo busca garantizar impunidad a las fuerzas armadas y Carabineros además de amedrentar al pueblo.

Carabineros de Chile enfrenta graves denuncias por violaciones a los derechos humanos que se han llevado adelante en el marco de las manifestaciones de las últimas cinco semanas. A la fecha, van más de 15.000 personas detenidas, de las cuales al menos 867 son niñas, niños y adolescentes (1). Se han atendido, por lo menos, a 11.564 personas heridas, más de 1.100 con lesiones moderadas o graves (2); 232 corresponden a casos de mutilaciones oculares. Existen 499 acciones judiciales en curso (3) y denuncias por más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos (4) hacia mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes.

A esto se suman 18 casos de personas que supuestamente murieron en incendios durante saqueos, pero que, los forenses determinaron que realmente murieron atropellados por vehículos particulares o por otras causas. Algunos de estos cuerpos presentaban heridas de bala, y si bien no existen pruebas oficiales que vinculen a las fuerzas represivas del Estado con estos casos, se baraja la teoría de que dichos cuerpos han sido “plantados” por las mismas.

Cabe decir también que 341 querellas presentadas ante el INDH corresponden a torturas y trato inhumano; 74 acciones judiciales son por abusos sexuales. Otra acusación frecuente en contra de Carabineros, es que han obligado a los detenidos (incluidos niños y niñas) a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en las comisarías. Es necesario destacar que esto suele aplicarse mayormente a mujeres.

Todo lo anterior ha sido denunciado en informes emitidos, principalmente, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y organismos internacionales tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En este contexto, Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha señalado que “la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”.

A una semana de la publicación de este informe – que fue rechazado categóricamente por el gobierno de Piñera, puesto que señala responsabilidades políticas-, la directora de Amnistía Internacional para Chile ha denunciado estar bajo amenaza de muerte.

Como consecuencia, las fuerzas represivas del Estado están siendo fuertemente cuestionadas por la población, pues además de todo esto, se han visto involucradas en diversos casos de corrupción, espionaje, montajes policiales y persecución de líderes políticos y sociales. En relación a esto, podemos mencionar los casos “Paco Gate” y “Milico Gate” (5), la filtración de documentos que revelan el seguimiento policial a organizaciones y dirigentes políticos -conocido como el caso “PacoLeaks”-, la “Operación Huracán” (6), entre otros.

Por ello, desde la red de chilenos y chilenas en Aragón ven con gran preocupación la noticia presentada por la Agencia AFP (Agence France Presse) el 27 de noviembre de este año, donde se plantea la idea de que las policías de Londres, Francia y el Estado español otorguen asistencia a Carabineros de Chile, con el fin de “mantener el orden público”. Si bien Francia ha negado cualquier tipo de colaboración, el Ministerio del Interior del Estado español confirmó el envío de mandos operativos de las UIP para, “además de entrenar las actuaciones de la policía frente a un gran número de personas, también se puedan preparar las vigilancias en zonas sensibles, desde lugares estratégicos, y en revisión y detección de explosivos” (7).

Entienden que esto se trata de una maniobra política cuyo objetivo es lavar la imagen de una institución que ha violado sistemáticamente los Derechos Humanos, y asegurar la impunidad de quienes son los responsables de asesinatos, torturas y mutilaciones. Por lo tanto, la comunidad de chilenos y chilenas residentes en Aragón, exigen que se interrumpa cualquier colaboración con el gobierno de Sebastián Piñera, “pues la solución del conflicto no pasa por perfeccionar la capacidad represiva de las fuerzas de seguridad, sino -como lo señala Amnistía Internacional- por un cese inmediato de la represión y la aceptación de las demandas del pueblo chileno por parte del Gobierno actual”.

  1. Datos relevados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
  2. Recuperado de Informe de Human Right Watch.
  3. Reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 25 de noviembre de 2019.
  4. Informe de Amnistía Internacional.
  5. Ambos casos corresponden a malversación de fondos públicos.
  6. “Operación Huracán” es el nombre que recibió el montaje puesto en marcha en el año 2017 por Carabineros, con el que se buscaba incriminar a comuneros mapuches por ataques incendiarios. Información recuperada de CIPER Chile. Disponible en: https://ciperchile.cl/2019/04/16/los-chats-que-muestran-como-el-general-villalobos-dirigio-la-trama-de-la-operacion-huracan/ Consultado el: 29/11/2019
  7. Fuente: Emol. Disponible en: https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/11/28/968714/UIP-Espana-Chile-policias-crisis.htmlConsultado el: 29/11/2019.