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El fantasma de la okupación, agítese antes de usar

Publicado en por tomalaprensa Publicado en Medios de Comunicación, Sociedad, Vivienda
  • Los medios y partidos de derechas encuentran un nuevo chivo expiatorio en las personas forzadas a ocupar en un mercado inaccesible para las familias vulnerables.
  • Repasamos las principales mentiras, bulos y medias verdades que utilizan para forzar la última “guerra entre pobres” y dejar intactos los intereses de la banca y los fondos buitre ante la mayor crisis económica de la historia reciente.

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Las vecinas del bloque ocupado de Callejo, 13, en Vallecas (Madrid), propiedad de la Sareb, se preparan para enfrentar las amenazas de desalojo. La siguiente, el 4 de septiembre // Sara Garchi

Los okupas están por todos lados. Se pueden quedar tu casa si te vas de vacaciones o te pueden denunciar por allanamiento si subes a regar las plantas mientras ellos están de vacaciones en Ibiza. Se pueden empadronar y, además de vivir gratis a costa de tu trabajo, enriquecerse con las ‘paguitas’ de sus amigos del Gobierno… Los bulos, mentiras, manipulaciones y, sobre todo, la utilización política del fenómeno de la ocupación han llenado telediarios y portadas de periódicos a las puertas de una crisis social y económica sin precedentes. Poco parecen importar los hechos o las cifras cuando se trata de encontrar un nuevo chivo expiatorio.

Entre las múltiples mentiras y medias verdades, un hecho aparece como incontestable: nunca desde que se tiene registro la palabra “okupas” había estado tan presente en los intereses de los internautas.

El primer pico de curiosidad por el tema se experimentó el 3 de mayo, cuando diferentes medios de derechas publicaron que el Gobierno permitiría el “empadronamiento de los okupas” para así poder cobrar la renta mínima. La supuesta noticia —que alimentaba el mito de que PSOE y Unidas Podemos legislan para sus “amigos okupas”— no tardó en ser calificada como bulo por diferentes portales de verificación, pero algo de ello debió de quedar, porque pocos meses después, la campaña contra el fantasma okupa volvió con más fuerza.

El verano trajo más titulares y programas sensacionalistas en prime time, un filón que la derecha y extrema derecha no dudaron en utilizar: “Un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque consideran que la casa está vacía, se la dan a sus amigos okupas”, decía Isabel Díaz Ayuso. “Hay que sacarles de una patada en el culo el mismo día”, Santiago Abascal iba más allá. “No puede haber un Madrid tercermundista de okupación”, había declarado Manuela Carmena, entonces alcaldesa de la ciudad, en 2017.

Para la abogada Alejandra Jacinto, la alarma social provocada es una “cortina de humo para no hablar del fondo del asunto porque el tema de la ocupación al final lo que refleja, lo que subyace, es la falta de acceso a la vivienda»

Detrás del sensacionalismo, las medias verdades y el uso interesado del problema, existe un incremento de casos, especialmente desde 2017. Para Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Barcelona, este aumento no es casual sino que corre paralelo a la escalada de los precios del alquiler en las zonas donde más ha crecido la ocupación. “Esto demuestra que la gente no ocupa porque quiere sino porque tiene que vivir en algún sitio”, dice.

El problema de acceso a la vivienda, convertido en crónico desde la crisis de 2008, “va a ir a peor”, sostiene Delgado, por la crisis del covid-19. “Ya está pasando y se va a hacer más visible. Hay ese caldo de cultivo y en vez de ver la ocupación como una consecuencia de las no políticas de vivienda, en vez de afrontar la situación y ver que es una consecuencia de no haber aplicado leyes garantistas, se criminaliza a los de siempre”.

La crisis económica que se viene hará que “mucha gente más no pueda pagar su alquiler o su hipoteca”, dice Delgado. Es en este contexto donde se enmarca la última campaña mediática y política contra la ocupación, que aviva “una lucha entre el último y el penúltimo, una lucha entre el pobre y el más pobre”.

Alejandra Jacinto lleva ocho años ejerciendo como abogada en materia de vivienda y otros tantos como militante de la PAH. La ausencia de noticias típica del verano —en un verano cargado de escándalos y de una crisis planetaria sin precedentes— no explica una “alarma social tan artificial y artificiosa” como la desplegada en torno al fenómeno de la ocupación. “Tiene que haber otra cosa”, reflexiona Jacinto en conversación con El Salto.

Para esta abogada, más allá de los intereses de los propios medios de captar audiencia, existen motivaciones políticas y económicas: “Se trata de ir preparando el terreno, de enfangar la situación y arrastrar a la opinión pública de cara a las necesarias y previsibles reformas” que el Gobierno de coalición ha anunciado para este año.

En concreto, Jacinto se refiere a la esperada Ley de Vivienda, que podría ver la luz en este curso. El contenido de esa ley está aún en disputa: “El contexto provocado por el covid-19 ha venido a avalar lo que desde los movimientos sociales llevamos demandando desde hace muchísimos años y nos viene a decir que es el momento de consolidar y avalar el derecho a la vivienda, porque es lo único que nos está protegiendo contra el coronavirus. Es una necesidad tan imperiosa como vital, tanto que si no tienes casa estás en riesgo de muerte”.

La posibilidad de que el Gobierno apruebe una nueva legislación que defienda el derecho a la vivienda “no le gusta a los poderes económicos”, dice Jacinto.

Para esta abogada, esta alarma social provocada es una “cortina de humo para no hablar del fondo del asunto porque el tema de la ocupación al final lo que refleja, lo que subyace, es la falta de acceso a la vivienda que hay en este país. Si estuviera garantizado, no haría falta ocupar inmuebles para autogarantizarse el derecho a la vivienda”.

Una pintada en un barrio de Madrid resumía la situación: “La vida es lo que pasa mientras te angustias por los okupas que se meterán en el piso que no tienes durante las vacaciones que no te puedes permitir”.

Los medios y partidos de derecha y extrema derecha han convertido en clichés y lugares comunes una serie de mentiras, generalizaciones y manipulaciones sobre el fenómeno de la ocupación.

Repasamos unas cuantas:

“Si te vas a la playa, te ocupan el piso”

Es quizá la frase o idea más repetida y más falsa sobre la ocupación de viviendas. Se escucha cada verano y mucho más en el de la segunda ola del covid-19, cuando los datos de nuevos contagios situaban a España a la cabeza de Europa y confirmaban, como la marmota de Atrapado en el tiempo, que la crisis va para largo.

En sus casi diez años de ejercicio como abogada especializada en vivienda, Alejandra Jacinto no ha visto ni un caso semejante. Algo parecido le ocurre al magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia, que en sus 16 años como juez instructor confiesa no haberse topado con ningún caso de ocupación de primera vivienda: “Todas han sido de inmuebles vacíos, sobre todo de bancos y otras entidades”.

Pese a la “experiencia y la práctica”, explica Jacinto, que dice que eso no pasa casi nunca, en el caso de que sucediera “no estaríamos hablando de un caso de ocupación, sino de un caso de allanamiento de morada para el que existe una legislación sobradamente capaz de desalojar a las personas ipso facto”.

En efecto, los medios y los partidos de derecha han estado llamando ocupación a dos delitos completamente diferentes, con tipos penales distintos, que afectan a bienes jurídicos diferentes y que comportan penas radicalmente opuestas, según explica Red Jurídica.

Si una persona ocupa la vivienda donde vive una familia: allanamiento de morada. Si una persona ocupa una segunda residencia o la casa de la playa: allanamiento de morada. Si una persona ocupa una vivienda vacía: usurpación o, como se la conoce popularmente, “okupación”.

Sin embargo, casi todos los casos que salen en los medios de comunicación, los más espectaculares y lacrimógenos —“la ancianita a la que la prensa no para de aludir pero que nadie conoce, sí, esa que se va al supermercado y cuando vuelve hay una familia viviendo en su casa”, contaba Jacinto en un artículo en eldiario.es—, pertenecen a la categoría de allanamiento de morada. Este delito se castiga con penas de seis meses a dos años y la policía puede desalojar en el momento a los ocupantes.

Pese a que la enorme mayoría de los casos señalados por la prensa, el PP, Cs y Vox, pertenece a la categoría de allanamiento de morada, las reformas propuestas siempre se refieren al delito de usurpación, que afecta en su práctica totalidad a los bancos y los fondos buitre

El populismo de derechas queda en evidencia: pese a que la enorme mayoría de los casos señalados por la prensa, el PP, Cs y Vox, pertenecen a la categoría de allanamiento de morada, las reformas legislativas propuestas por estos partidos siempre intentan endurecer los castigos y acelerar los trámites para las personas que cometen el delito de usurpación, es decir, que ocupan pisos vacíos que pertenecen en su práctica totalidad a bancos y fondos de inversión.

En efecto. Los principales afectados por la ocupación son los bancos y los fondos buitre. No los particulares. Según un informe del Instituto Cerdà, 87.000 familias habitaban en España en pisos ocupados en 2017, un 0,34% del total de viviendas, una cifra que podría haber trepado a unas 100.000 en 2020 según declaraciones de este organismo a Verne.

No hay datos estatales, pero los de la Comunidad de Madrid (CAM) proporcionados por la Policía y la Guardia Civil pueden dar una pista. De 2,9 millones de viviendas que hay en la región, 4.717 estaban ocupadas en 2019, es decir un 0,14%. El primer puesto se lo llevan de calle los pisos que pertenecen a los bancos y a los fondos buitre. El segundo, muy de cerca, los de las agencias públicas de vivienda. Solo el 16% de los pisos ocupados en esta comunidad pertenecen a particulares. Según concluía este suplemento de El País, las viviendas ocupadas que son propiedad de particulares apenas representan un 0,02% del total de las viviendas de la CAM.

En el caso de Catalunya, siete de cada diez pisos ocupados pertenecían a la banca y apenas un 5% a pequeños propietarios, según un informe realizado por el colectivo Obra Social Barcelona en 2018.

“Lo que yo conozco son pisos vacíos que habían sido ejecutados, de familias que no habían podido pagar la hipoteca, que pasaron a bancos y esos bancos los vendieron a fondos de inversión para hacer negocio. Hay algunos de estos pisos que llevan vacíos cuatro, cinco años o más”, cuenta Lucía Delgado.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2018 se produjeron 12.214 denuncias por ocupación, unas 33 por día. Una cifra que solo refleja los trámites iniciados y no dice nada sobre si han prosperado, matiza Jacinto, y que palidece frente a los 160 desahucios que se producen cada día según datos del Consejo General del Poder Judicial. Es “muy relevante”, dice Jacinto, que ese otro dato “nunca sea noticia”.

“Las ocupaciones están impulsadas por mafias”

La campaña contra “los okupas” ha repetido los patrones de otras campañas previas de criminalización, como es el caso reciente de los menores inmigrantes no acompañados, demonizados como “los menas”. El primer paso en la búsqueda de un “chivo expiatorio” siempre es la “deshumanización”, cuenta Lucía Delgado. Los medios, los partidos de derecha y extrema derecha presentan a “los okupas” como un colectivo monolítico, “como si no vinieran de situaciones de desahucio, como si no fueran personas de carne y hueso, como si no tuvieran unas historias de vida dramáticas”.

Lucía Delgado ha conocido de cerca las historias de cientos de estas familias. Entrevistó a muchas de ellas para un informe sobre los impactos de la crisis habitacional y la pobreza energética. No niega que pueda existir “una serie de personas que se aproveche de una situación complicada”, pero no es la práctica de ocupación que ella ha conocido.

Cada persona que se ve obligada a ocupar tiene una historia y las circunstancias que le pueden llevar a vivir en un piso sin contrato son muy diversas. “Lo que veo en la PAH son familias que han sido desahuciadas, que no han recibido ayuda de las administraciones y que han decidido al final ocupar cuando ellas mismas nunca habían pensado que iban a estar en esa situación”, relata Delgado.

La mayoría, dice, no se imaginaba que su vida iba a ser así. “No puedes pagar un alquiler, no puedes acceder a un crédito porque no tienes ingresos, los precios han subido tanto que es imposible llegar, aunque trabajen los dos. Y cuando termina el contrato te desahucian. Algunas de estas familias resisten en sus viviendas para conseguir un alquiler social que pueda pagar”.

Otras familias que “no tuvieron alternativas, tienen hijos, ven pisos vacíos y entonces lo que no está ofreciendo el Estado o el mercado intentan obtenerlo de otra manera”. Entre los casos de ocupación que se acercan a la PAH Barcelona, cuenta, los de mujeres con hijos a cargo son mayoritarios: “Al final somos las peor pagadas, las más vulnerables, son las mujeres con hijos las que más ocupan”.

Al final, las políticas para acabar con estas supuestas mafias suelen ser contraproducentes: “Si se quieren poner fin a las mafias lo que se debe hacer es garantizar el derecho a la vivienda porque justamente en otros países europeos no existe este fenómeno tan en auge, porque tienen vivienda social”.

Mientras la media europea de vivienda pública se sitúa en 15%, España tiene un parque público de un 2%. Si se mezclan estos ingredientes con 3,5 millones de viviendas vacías según el INE, la base para que crezca el fenómeno de la ocupación está servida.

El relato mediático de “las mafias” tiene mucho que ver con ese “mezclar churras con merinas” tan habitual en los medios sensacionalistas, dice Alejandra Jacinto. “Cuando hablamos de situaciones de precariedad y necesidad en algunas ocasiones te encuentras con personas que sobreviven a fuerza de mercadear con lo que sea, puede haber un menudeo de viviendas, como quien menudea con drogas, pero en ningún caso como para llamarlo ‘mafias okupas’”, sentencia.

Las generalizaciones de los grandes medios llevan también a meter en el mismo saco a las prácticas de ciertos movimientos sociales, como la propia PAH, que utilizan la ocupación como herramienta de lucha para garantizar un derecho recogido por la Constitución y que las administraciones niegan. En el marco de la campaña Obra Social de la PAH lanzada en 2013 fueron recuperados decenas de bloques propiedad de los bancos y los fondos buitre. La PAHC Bages es el colectivo que ha realizado más ocupaciones de bloques en todo el Estado dentro de esta campaña, con siete edificios recuperados, que dan techo a 200 personas vulnerables.

“No concebimos que pueda haber viviendas vacías cuando hay miles de familias que son desahuciadas de sus casas. Tampoco podemos tolerar que los bancos que han sido rescatados con dinero público sigan teniendo esas viviendas vacías a la espera de hacer un beneficio”, señala Lucía Delgado

Siete años después de su lanzamiento, la campaña conserva “total vigencia”, dice Jacinto: en enero de 2020 se ocupó el último bloque en Sant Celoni, en la provincia de Barcelona. Además, son cientos las ocasiones en que han utilizado la ocupación como arma para negociar alquileres sociales con las entidades financieras o los fondos de inversión.

“No concebimos que pueda haber viviendas vacías cuando hay miles de familias que son desahuciadas de sus casas. Tampoco podemos tolerar que los bancos que han sido rescatados con dinero público sigan teniendo esas viviendas vacías a la espera de hacer un beneficio. Nosotros reivindicamos que esas viviendas vacías pasen al parque inexistente de nuestras ciudades. Ya que los gobernantes no lo están haciendo, pues nosotras lo hacemos de esta manera, recuperando estas viviendas para la sociedad y para las familias que las necesiten”, dice Lucía Delgado.

“No vivimos en un paraíso para la okupación, sino para la especulación”, escribía Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) de Catalunya, en un reciente artículo. “Creen que les es electoralmente rentable. Azuzar el miedo de millones de propietarios hablando de ‘mafias okupas’ no soluciona nada, pero sale gratis y puede dar votos”.

“Son vividores, se aprovechan del trabajo de otros”

Otra de las ideas más repetidas y más sorprendentes para quien conoce de primera mano las historias de vida que llevan a la ocupación es la descripción de “los okupas” como “vagos” que “viven del cuento”, que se pueden permitir vacaciones, contar con la asesoría de un abogado, conocer las leyes o aprovecharse de los honrados propietarios tras años de ahorro.

“La gente no ocupa porque sí, la gente quiere pagar un alquiler, quiere pagar su luz, su agua, quiere vivir tranquilamente. Ocupar es vivir en un estado de alarma permanente, de no saber cuándo te van a venir a desahuciar, de no saber cuándo un grupo de paramilitares vendrá a tu casa a amenazarte. Realmente no es una situación cómoda como quiere alguna gente demostrar, es todo lo contrario”, dice Delgado.

Para Jacinto, esta afirmación es otra prueba del desconocimiento de los periodistas y de los políticos de los casos reales de ocupación: “A mí me gustaría que se pongan en la piel de esas personas y que vieran lo difícil que es vivir a la espera de que hoy o mañana te echen de tu casa sin ninguna alternativa para vivir y sin apenas recursos económicos para buscar otra vivienda”.

“Los amigos okupas del Gobierno”

El 30 de octubre de 2019, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas condenó al Estado español por violar el derecho a la vivienda de una madre y sus seis hijos —cinco menores de edad— al permitir un desalojo sin garantizar una alternativa habitacional. La familia alquilaba una vivienda a una persona que resultó no ser el verdadero dueño. Técnicamente, aquella mujer pertenecía, sin saberlo, a ese colectivo fantasma de “los okupas”.

Desde que se conformó el Gobierno de coalición, relata Jacinto, el movimiento por la vivienda lleva exigiendo que se modifique la normativa para garantizar una alternativa habitacional “digna y adecuada” para todos los desahucios, incluidos los casos de ocupación, tal como exige la ONU. “Y de momento no lo hemos conseguido”, dice. “Es verdad que han hecho algunas tímidas reformas en materia de hipotecas y alquileres, pero no ha habido una sola medida para garantizar que las personas que ocupan puedan tener una alternativa habitacional… Ojalá que tengan razón esos medios y que el Gobierno defienda el derecho a la vivienda”, añade.

“No se puede echar a los okupas”

“Es una afirmación rotundamente falsa”, responde Alejandra Jacinto. “Se puede echar a los okupas, desgraciadamente hay mecanismos más que suficientes y hay diferentes vías para hacerlo, tanto por la vía penal como por la vía civil, en función del tipo de casuística. Es más, siempre se suele anteponer el derecho a la posesión o el derecho a la propiedad privada a la realidad de la persona que está ocupando. Todo funciona como funciona la justicia en este país”.

En los raros casos de allanamiento de morada, la policía puede expulsar a los ocupantes sin necesidad de un procedimiento judicial. En el caso que se produzca un delito de usurpación —solo aplicable a casas vacías o desocupadas— el propietario puede recurrir a la vía penal o civil.

Por la vía penal, cuenta esta abogada, el juez puede acordar una medida cautelar de desalojo sin esperar al juicio, tanto en los casos de propietarios particulares o de grandes tenedores. “Depende de la voluntad del juez”, explica.

En el caso de los particulares, las entidades sin fines de lucro y las empresas públicas de vivienda social pueden recurrir por la vía civil a la famosa “ley antiokupa” de 2018 que creó la polémica figura del “desahucio exprés”. Si en cinco días el ocupante no puede acreditar con títulos o con algún contrato la permanencia legal en el inmueble, “es desalojado de forma inmediata”, dice. El proceso completo, que varía según la carga de trabajo de los juzgados, suele durar 30 días.

El juez Adolfo Carretero Sánchez, titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, nada sospechoso de ser “amigo de los okupas”, declaraba en Confilegal que la legislación actual es más que suficiente para defender a los propietarios, tanto si se trata de un delito de allanamiento de morada como de usurpación.

“Lo que deberían hacer la derecha y la extrema derecha es hablar claro y decir que lo que quieren es proteger las propiedades de los grandes tenedores de vivienda y dejar de hacer circunloquios para evidenciar lo que hay, que es proteger los intereses económicos”

¿A qué vienen entonces las machaconas propuestas de endurecer aún más la normativa que se repiten año tras año? “Son cortinas de humo para no hablar del fondo del asunto, que es el derecho de la vivienda. Hay legislación suficiente que permite desalojar sin demasiada dilación. Y ahí están protegidas tanto las personas físicas como jurídicas. Otra cosa es que la vía civil, la ‘ley antiokupa’, deja fuera a los bancos, a las promotoras y los fondos de inversión… Entonces lo que deberían hacer la derecha y la extrema derecha es hablar claro y decir que lo que quieren es proteger las propiedades de los grandes tenedores de vivienda y dejar de hacer circunloquios para evidenciar lo que hay, que es proteger los intereses económicos”, dice.

Ante la ola de pánico provocada por estos grandes intereses, Emmanuel Rodríguez, integrante de la Fundación de los Comunes y del Instituto DM, propone en un artículo en Ctxt pasar a la ofensiva: “Frente al miedo a la okupación no hay que oponer ninguna medida tranquilizadora, sino todo lo contrario. La única línea de esa nueva izquierda —que apenas llega a ser de izquierdas— debería ser la de empujar la okupación, la de politizar sus razones, la de defender las okupaciones de los bloques arrebatados a los bancos y fondos de inversión, y también a los grandes propietarios. Solo así, y no por medio de buenas palabras, es esperable un cambio de las políticas públicas”.

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