El Gobierno empieza a negociar la regulación del teletrabajo, con el apoyo de los sindicatos y los recelos de la patronal

El Ministerio de Trabajo se reunirá con patronal y sindicatos a las 10.00. Ya tiene un borrador del anteproyecto de ley con el que quiere regular el teletrabajo, y que recoge que las empresas deberán sufragar “en su totalidad” los costes que genere a los empleados, pero también que será “voluntario”.

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Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, en una imagen de archivo.

El Gobierno dará este miércoles el pistoletazo de salida a las reuniones del diálogo social para abordar la regulación del teletrabajo, una materia que ya  estaba entre las prioridades del Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero que ha cobrado aún más peso tras las restricciones a la movilidad y el cambio de escenario laboral, económico y social asociados a la pandemia del coronavirus. Tras meses recomendando el teletrabajo a todas las empresas, el Ejecutivo quiere dotarlo de un marco legal cuanto antes -aunque haya algunas normas en vigor sobre esta materia, no son suficientes-.

Las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CCOO, se reunirán a partir de las 10.00 con una representación del Ministerio que dirige Yolanda Díaz, en un primer encuentro de carácter técnico, concebido como una suerte de toma de contacto.

Garamendi advierte de que la CEOE lo concibe como “una herramienta que ayuda, pero en ningún caso como un derecho”. Trabajo defiende lo contrario

La idea es comenzar a recopilar las aportaciones de los agentes sociales -los sindicatos avanzan que presentarán un documento con sus propuestas-, si bien Trabajo habilitó en junio una consulta pública para recibir apuntes a la nueva norma.

Las organizaciones sindicales llevan meses urgiendo a regular el teletrabajo -cerca de 10 millones de personas han estado teletrabajando durante la pandemia, según sus cifras-, si bien la patronal ha dejado ver sus recelos ante la nueva norma. Este mismo martes, en una entrevista en 20Minutos, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que conciben el teletrabajo como “una herramienta que ayuda, pero en ningún caso como un derecho, porque en ese momento no se contratará”.

Garamendi incidió en que “la organización del empleo la hace la empresa”, y sólo admitió que el teletrabajo “ha llegado para quedarse”, y que supone “una herramienta muy interesante para las empresas y para la conciliación familiar”.

También afirmó que es un tema a abordar “en el marco del diálogo social y la negociación colectiva”. En que el teletrabajo “no es un derecho” y debe quedar en manos de las empresas su posición choca frontalmente con la del Ministerio de Díaz, que no obstante siempre ha insistido en afrontar cualquier reforma legal en el marco del diálogo social -sin ir más lejos, la mesa sobre igualdad volvió a reunirse el martes-.

Tras la firma del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo con los agentes sociales el pasado viernes, en La Moncloa, el Ejecutivo ha presumido del nuevo acuerdo con los agentes sociales, y tiene la voluntad de seguir alcanzando pactos, aunque en esta materia, como en la derogación de la reforma laboral, las diferencias con la patronal puedan llegar a ser insoslayables –las discrepancias de peso sobre esta última afectan incluso al Ejecutivo.

Por otra parte, los sindicatos están predispuestos a abordar esta regulación, pero en junio criticaron que el Ejecutivo no hubiera negociado con los agentes sociales antes de impulsar esta consulta pública. En mayo, este diario anticipó algunas de las reclamaciones de las organizaciones sindicales en esta materia, y parte de ellas están incluidas en el borrador de anteproyecto de ley que ya ha redactado Trabajo.

Anteproyecto de ley de trabajo a distancia

Este anteproyecto de ley de trabajo a distancia recoge que las empresas deberán sufragar “en su totalidad” el desarrollo del teletrabajo. En ningún caso podrá conllevar gastos para el empleado “relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral”.

También contempla que el trabajo a distancia será “voluntario” para el trabajador, reversible y requerirá de un acuerdo por escrito. Tendrá “carácter prioritario” para las personas que estén en situación de reducción de jornada, sea para cuidar a menores de 12 años, para ejercer el derecho a la lactancia, o para las víctimas de violencia machista o de terrorismo.

Además, está previsto que permita flexibilizar horarios, permitiendo que el trabajador pueda “alterar el horario de prestación de servicios establecido”, además de reflejar su derecho a la desconexión digital. Los dos partidos que gobiernan, PSOE y Unidas Podemos, han mantenido esta línea de actuación -pero mucho más genérica- en el marco de la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados, y desde este miércoles tendrá también líneas de conversación abiertas con los agentes sociales.

Leer: La regulación del teletrabajo que viene: respeto a la jornada laboral, desconexión, riesgos laborales y resarcir los gastos – Manuel Sánchez / Alejandro López de Miguel

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