- El objetivo del plan es reactivar la obra pública, actualmente en mínimos históricos, sin recurrir afectar al déficit
- Las empresas aportarán recursos propios para cubrir un 20% de la inversión y obtendrán el 80% restante recurriendo a financiación con entidades financieras privadas y el BEI
- Dicen que puede generar unos 189.200 empleos
Rajoy anuncia una inversión de 5.000 millones en 2.000 kilómetros de carreteras // EFE
El Gobierno pondrá en marcha tras el verano un Plan de Inversión Extraordinaria en Carreteras que supone construir y posteriormente mantener unos 2.000 kilómetros de autovías y una inversión de 5.000 millones de euros, un importe que adelantará la iniciativa privada, esto es, las constructoras y las entidades financieras, con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El objetivo del plan es reactivar la obra pública, actualmente en mínimos históricos, sin recurrir a los presupuestos para no afectar al cumplimiento del objetivo del déficit público.
Además, pretende que el sector de la construcción se incorpore y contribuya a la actual senda de recuperación económica y generación de empleo. En este sentido, se estima que el plan suponga la creación de un total de 189.200 puestos de trabajo.
En concreto, en virtud del plan, el Ministerio de Fomento acometerá durante cuatro años (2017-2021) una veintena de «proyectos de gran envergadura» en autovías, que supondrá actuar en un total de 2.000 kilómetros, longitud equivalente al 10% de la actual red de autovías (unos 16.800 kilómetros).
Los proyectos concretos a ejecutar se definirán próximamente, si bien se prevé incluir obras de construcción para completar unos trazados, ampliar otros o suprimir ‘cuellos de botella’, pero también mejoras en la red existente, especialmente en las denominadas autovías de primera generación, las más antiguas.
Las obra se encomendarán a empresas a través de contratos de concesión que abarcan la construcción o reparación de la infraestructura y su posterior mantenimiento y explotación durante treinta años.
En virtud de estos contratos, las constructoras adelantarán el importe necesario para acometer las obras. En concreto, las empresas aportarán recursos propios para cubrir un 20% de la inversión y obtendrán el 80% restante recurriendo a financiación con entidades financieras privadas y el BEI, que podrá aportar hasta un 40%.
Posteriormente, recuperarán esta inversión una vez que pongan la autovía en explotación. A partir de ese momento, recibirán un pago anual del Estado durante cada uno de los treinta años en los que se encargarán del mantenimiento de las vías que, de esta forma, quedan libres de peaje para los usuarios finales.
Evitar casos como las radiales
El Gobierno asegura que este tipo de contrato, denominado de ‘pago por disponibilidad’, y de colaboración con la inversión privada es el que más utilizando actualmente y de forma satisfactoria otros países europeos. Además, incluye medidas para evitar que surjan de nuevo problemas como los registrados en otras infraestructuras construidas en años anteriores con capital privado, como es el de las autopistas de peaje actualmente en quiebra.
Así, el contrato no se vincula al tráfico que tenga la carretera, uno de los principales factores de la quiebra de las autopistas fallidas, dado que la constructora no recuperará la inversión cobrando un peaje sino una aportación del Estado. Asimismo, traslada todos los riesgos del proyecto (desde su financiación hasta los posibles sobrecostes) a las empresas.
Además, las obras que se incluyan en el plan tendrán que pasar un examen de viabilidad económica y el pago que la Administración dará a las constructoras estará condicionado a que la vía presente un correcto mantenimiento, que se medirá «mensualmente por unos concretos y estrictos parámetros».
Respecto al coste que este pago supondrá a las arcas públicas, será de unos 350 millones de euros al año una vez que en el horizonte de 2020 se vayan poniendo en servicio las autovías que se construyan al amparo plan. Se trata de un importe equivalente al 20% del Presupuesto anual de carreteras del Ministerio de Fomento.
El Plan de Inversión en Carreteras (PIC) es el primero en colaboración con la iniciativa privada que se pone en marcha en España desde hace más de una década, desde que el último Gobierno de José María Aznar construyó las últimas autopistas de peaje. El segundo Ejecutivo del PSOE lanzó un proyecto de este tipo, pero apenas se puso en marcha.
Se trata de un plan en el que el Gobierno lleva trabajando varios meses y que, según el sector, es el primer eslabón de un programa más amplio, que tendrá su continuación con planes específicos para el AVE y las infraestructuras de agua. Se ha comenzado por las carreteras dado que, al ser una inversión que depende en su totalidad de los Presupuestos, ha sido la más perjudicada por los ajustes de los últimos años.
