La ultraderecha lanza una nueva ofensiva en Madrid y Andalucía
Concentración en Madrid contra la censura parental. –EFE
El Gobierno de España, si es necesario, como ya hizo en el caso de Murcia hace unos meses, llevará a los tribunales las regulaciones de las Comunidades Autónomas que implanten la censura parental que promueve Vox sobre contenidos educativos obligatorios. «La posición del ministerio es clarísima. Si se impide que unos menores reciban contenidos obligatorios, se vulnera el derecho a la educación. Si [el Gobierno] lo recurrió una vez, lo recurrirá otra. Si se llega a implantar, desde luego. La obligación es garantizar el derecho de los menores», indicaron a Público fuentes oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que dirige la ministra Isabel Celaá.
El asunto de la censura parental en la escuela estaba fuera del debate público después de que el curso pasado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendiese primero de manera cautelar la instrucción del Gobierno de Fernando López Miras (PP) que permitía a los padres impedir que sus hijos recibieran la misma educación que los demás, según su criterio, y, después, al finalizar el curso, lo archivase sin tomar una decisión definitiva.
Sin embargo, ahora Vox lo ha recuperado y lo ha vuelto a poner, después de los comicios en Catalunya, en primera línea del debate político en las Comunidades en las que sus gobiernos, formados por coaliciones de PP y Ciudadanos, dependen del partido de Santiago Abascal, además de Murcia, Andalucía y Madrid.
La censura parental que promueve Vox consiste en darle a una familia el poder de vetar actividades educativas complementarias en los centros educativos, como por ejemplo, charlas de sexualidad, de hábitos saludables y celebración de efemérides. La nueva Ley de Educación está basada –entre otros pilares– en la idea de que la escuela es fundamental, por ejemplo, para una buena educación afectivo-sexual y para prevenir el acoso laboral, sexual y, por tanto, promueve estos contenidos, que son precisamente los que pretende combatir Vox.
En Andalucía, la ultraderecha ha amenazado al Gobierno con retirarle el apoyo parlamentario si no se aprueba una suerte de veto. En Madrid, pretende condicionar los presupuestos, entre otros asuntos, a la censura. Y, en Murcia, el Ejecutivo ya aceptó el veto en su momento, aunque fue descafeinado por los tribunales.
De momento, Ciudadanos ha rechazado las imposiciones de Vox –»no vamos a ceder en este asunto», afirmaron fuentes de la dirección de Inés Arrimadas, informa Marta Monforte– y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), también al afirmar que la censura no es «necesaria» y que ella respeta el trabajo de los profesores.
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Por el contrario, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP), han asegurado a los ultras que van a cumplir con sus compromisos. Lo que está por ver es el cómo los cumplen y hasta donde llega Moreno, un hombre que, en su talante y discursos muestra un un perfil moderado, pero cuyo puesto depende de Vox: fue el primero en blanquear sus postulados y en firmar acuerdos con la ultraderecha.
Lo que hace unas semanas pactó el consejero Javier Imbroda, nombrado por Ciudadanos, quien ya se opuso a la censura en el anterior asalto de la ultraderecha, con el portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, para evitar que este tumbase un decreto-ley, es lo siguiente: impulsar en el sistema educativo andaluz «el establecimiento de un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse […] el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias».
Mientras Moreno ha interpretado que esto conlleva una «autorización» de la familia, es decir, una suerte de veto, y Bendodo considera que el problema es «semántico», el vicepresidente, Juan Marín, dijo lo contrario que el presidente y rechazó con claridad la censura que pretende Vox: «Está muy claro que en Andalucía no se va a implantar el pin parental porque no está en ningún acuerdo. Lo que sí va a haber es total transparencia para los padres a la hora de conocer las actividades extraescolares que sus hijos van a llevar a cabo. Eso es lo que se firmó y lo que se va a cumplir», según recoge Europa Press. Hasta donde ha podido saber Público, la decisión del vicepresidente Marín es firme: no habrá censura en Andalucía tal y como la concibe Vox.
El PSOE de Andalucía, al igual que el Gobierno de España, ya ha dicho que, si se aprueba algún tipo de censura, serán los tribunales de justicia los que decidan al respecto. Se irá al Constitucional y hasta donde se tenga que llegar, mantiene su secretaria general, Susana Díaz.
Lo que dijo el Tribunal Superior de Murcia
La regulación murciana se hizo mediante una resolución de la Consejería de Educación en la que se indicaba a los centros educativos para el curso 2020-2021 que las familias tendrían una «relación detallada» de las actividades complementarias que fueran a ser impartidas «por personas ajenas al claustro del centro educativo» para que los padres y madres «puedan manifestar su conformidad o disconformidad» sobre «la participación de sus hijos menores».
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, cuando decidió suspender de manera cautelar esa regulación, no entró en el fondo del asunto –cerró después el pleito promovido por el Gobierno cuando caducó la instrucción sin analizar la cuestión–, pero sí dijo lo siguiente.
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Por un lado, reconoció la existencia de riesgo para los alumnos que no realicen la actividad porque puedan verse perjudicados en su proceso de formación y, por tanto, en su rendimiento académico, al ser evaluables las actividades.
Por otro, sobre»el derecho de los padres a decidir si sus hijos acuden o no a esas actividades, el tribunal entendió que, aunque es «un tema que corresponde al fondo del asunto», era necesario precisar «que existen mecanismos suficientes, en principio, para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas las concretas razones de la misma, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad».
Los magistrados añadieron, además, que «también pueden los padres formular sus quejas o ejercitar las acciones que estimen pertinentes si entienden que en la impartición de una concreta actividad se ha vulnerado algún derecho del alumno. Todo ello, sin perjuicio de que el derecho de participación de los padres y su colaboración en el proyecto educativo se establece legalmente a través de distintos órganos, fundamentalmente, las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos y el Consejo Escolar». La nueva Ley de Educación, de hecho, modifica la anterior –la conocida como Ley Wert, por el ministro de Mariano Rajoy (PP) que la promovió– para devolver la voz de las madres y padres en los consejos escolares.
Para Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, la regulación de la censura parental sería posible «si se incluye en una ley». «Pero es complicado –añade el jurista– si se aplica a contenidos que son obligatorios conforme a la ley estatal. Hay que ver cómo se regula: ¿Va [el Gobierno de Moreno] a reformar la ley andaluza de educación? Si se usa para materias obligatorias puede plantear problemas. Todo depende de qué se quiera incluir. Si la ley estatal dice que cada centro decide anualmente unas actividades complementarias que cuentan a efectos de evaluación, la Junta de Andalucía no puede decir en un decreto que no cuentan para la evaluación o que la participación es voluntaria».
De momento, sin que haya llegado a regularse en más sitios que en Murcia, la reivindicación de Vox en un asunto que en Andalucía, por ejemplo, según el consejero Imbroda, solo ha provocado dos quejas entre más de un millón de alumnos, ya ha generado efectos perversos: que haya docentes y centros escolares que opten por la autocensura para evitar dolores de cabeza, como se extrae de la lectura de esta crónica de las periodistas Beatriz Asuar Gallego y Marisa Kohan.
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