El proyecto de Presupuestos Generales del Estado consigna 11,3 millones de euros para trabajos de memoria histórica, un asunto que Mariano Rajoy dejó a cero desde 2013. Tres millones irán a las comunidades para el plan de exhumación de fosas del franquismo
Trabajos de exhumación de la fosa común de Pico Reja en el cementerio de San Fernando de Sevilla, una de las más grandes de España, con represaliados de la Guerra Civil y años siguientes de la dictadura franquista con unos 1.103 cuerpos enterrados, entre ellos podría estar los de Blas Infante, padre de la Patria Andaluza // EFE/Julio Muñoz/Archivo
El Gobierno pretende sacar del olvido económico a la memoria histórica. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, entregado este miércoles en el Congreso, destina un total de 11,3 millones de euros para esta partida que Mariano Rajoy dejó a cero desde 2013. El Ejecutivo recupera así la financiación para una de sus banderas políticas después de que el PP completara ocho años sin destinar ni un euro. La cantidad dobla lo consignado en las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, pero se recorta respecto al proyecto que el Gobierno de Pedro Sánchez planteó en 2019 y para el que no consiguió el apoyo suficiente, lo que culminó en convocatoria electoral.
La última partida para esta materia, dirigida a los trabajos de exhumación de restos, de reparación de víctimas del franquismo y de fomento de la memoria histórica, es de 2012, cuando el Ministerio de la Presidencia, dirigido por la popular Soraya Sáez de Santamaría la redujo un 60% al pasar de los 6,2 millones de 2011 a los 2,5. A partir de entonces, el Gobierno popular fue cumpliendo año tras año con la promesa que Rajoy había hecho cuando estaba en la oposición de no darle «ni un solo euro público» a este asunto, como declaró en 2008. Entonces también afirmó que eliminaría los artículos de la Ley de Memoria Histórica referidos a la financiación pública. Cuando llegó a La Moncloa no lo hizo, pero sí derogó la norma de facto al dejarla sin dinero.
Las cuentas, para las que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos dan por hecho que contarán con los apoyos suficientes, suponen un aumento del gasto social en medio de la pandemia de coronavirus y una crisis económica sin precedentes de enormes consecuencias para el país. En este contexto, aseguró la ministra Portavoz y Titular de Hacienda, María Jesús Montero, la presencia que la memoria histórica vuelve a tener en los Presupuestos demuestra el «compromiso del Gobierno» en esta materia cuando «hay revisionismo de otras fuerzas políticas», dijo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aprobó el proyecto.
El primer año que hubo financiación estatal para este fin fue en 2005, con 1,21 millones de euros. Dos años después se aprobó la Ley de Memoria Histórica y la partida fue escalando paulatinamente hasta 2011. La norma será ampliada «antes del verano de 2021», según calcula el Gobierno, por la Ley de Memoria Democrática cuyo anteproyecto el Consejo de Ministros aprobó en primera lectura hace algo más de un mes. El texto, que está ahora mismo en su fase consultiva, incorpora varias medidas pendientes exigidas a España por Naciones Unidas como la resignificación del Valle de los Caídos, la anulación de sentencias franquistas o la asunción de las exhumaciones de fosas como responsabilidad de Estado.
En este sentido, el proyecto de presupuestos consigna una transferencia de tres millones de euros a las comunidades autónomas «para gastos derivados» de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, en concreto, para el «plan de exhumación de víctimas», según se puede leer en el proyecto entregado hoy al Congreso. En el marco de la futura ley que tramita actualmente el Ejecutivo, la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ya anunció en el mes de julio este plan de exhumaciones en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Sin embargo, no hay por el momento más detalles de cómo se llevará a cabo.
Junto a esta transferencia, las cuentas para 2021 destinan 105 millones de euros en modo de «subvención excepcional al Ayuntamiento de Sevilla para actuaciones en la fosa Pico Reja» y un 1,8 millones para familias e instituciones sin ánimo de lucro: 895.000 para subvenciones a entidades para gastos derivados de la aplicación de la ley de 2007 y 1 millón de euros de subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ello se suma a la subvención otorgada el pasado mes de septiembre también a la FEMP para que los ayuntamientos localicen y exhumen fosas de víctimas desaparecidas del franquismo y la Guerra Civil y que había sido un compromiso de Calvo mientras se tramitaban los presupuestos.
A la espera de cómo se implementarán esos tres millones de euros para las comunidades autónomas, varias asociaciones memorialistas ya han mostrado su oposición a que las exhumaciones se hagan mediante subvenciones, pues piensas que en realidad le corresponde al propio Estado hacerse cargo directamente de estas intervenciones. El modelo ya fue el utilizado por Zapatero, que en las cuentas destinaba una proporción a estos trabajos vía subvención, pero algunas organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) han anunciado que declinarán participar.
En España, según el Mapa de Fosas oficial, hay más de 114.226 personas desaparecidas que yacen en fosas. Pero según una reciente investigación, la tesis doctoral titulada ‘Arqueología de la Memoria: el método arqueológico aplicado a la historia reciente’ de Lourdes Herrasti, doctora en Historia de la Universidad del País Vasco, solo 9.009 víctimas han sido recuperadas en 743 exhumaciones entre los años 2000 y 2018.
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