El Gobierno y la Generalitat pactan una inversión de 1.700 millones para ampliar el aeropuerto del Prat de Llobregat

En una situación de emergencia climática, el Gobierno de coalición y la Generalitat de ERC han sellado el pacto que anhelaba AENA para ampliar el aeropuerto de Barcelona.

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Aeropuerto de Barcelona // Angela Compagnone

El Gobierno español y la Generalitat han pactado una inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto del Prat de Llobregat. A la reunión secreta mantenida en la tarde del lunes 2 de julio han asistido el vicepresident, Jordi Puigneró (JxCat), y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, junto con el presidente de Aena, Maurici Lucena, y la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. A la ampliación la llaman hub internacional.

En rueda de prensa posterior a la reunión, que no constaba en las agendas del Gobierno y la Generalitat, la ministra de Transporte se ha mostrado satisfecha con el transcurso de esta reunión bilateral. La ha calificado de “éxito” y “fructífera”. El acuerdo incluye también una inversión para construir estaciones de AVE en los aeropuertos de Girona y Reus para conectarlos con el de Barcelona en 30 minutos. Ni la ministra ni la Generalitat han ofrecido detalles sobre cómo afectará la ampliación al espacio protegido por la Red Natura 2000 de La Ricarda, cuya intervención debe contar con la luz verde de la Comisión Europea.

La ministra ha señalado que el tono de la reunión ha sido “honesto y muy amable” y ha agradecido el trabajo previo realizado. La comisión de trabajo llevaba paralizada tres años, tanto por la pandemia pero también por las múltiples convocatorias electorales catalanas, españolas y los frecuentes desencuentros entre ambas partes.

En una situación de emergencia climática, el Gobierno de coalición y la Generalitat de ERC han sellado el pacto que anhelaba AENA para ampliar el aeropuerto de Barcelona. La ministra ha confirmado que “100 millones entrarán de manera inminente, así como otros 50 y 50”, por lo que con 200 millones se reactivará una infraestructura que se encontraba paralizada y que cuenta con un rechazo amplio entre los movimientos sociales, vecinales y ecologistas de la ciudad.


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