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El juicio del Alvia arranca casi una década después del siniestro en el que fallecieron 80 personas y 145 resultaron heridas

Publicado en por tomalaprensa Publicado en Justicia, Política, Sociedad

[label type=»success»]+reciente, publico.es, 10-10-2022:[/label] Adif pagó 13250 euros a una consultora privada para preparar el juicio del Alvia simulando una vista oral

Sala habilitada en la Cidade da Cultura para la celebración del juicio

Sala habilitada en la Cidade da Cultura para la celebración del juicio // Europa Press/Archivo

Este miércoles 5 de octubre arranca en la Cidade da Cultura de Santiago el juicio por el accidente ferroviario más grave de la democracia española, el del tren Alvia que hace nueve años y más de dos meses provocó 80 muertos y 145 heridos en el barrio compostelano de Angrois. Casi una década después de lo ocurrido se sentarán en el banquillo de los acusados el maquinista, Francisco Garzón, y el exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, a los que la fiscalía imputa 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave.

Los familiares de las víctimas denuncian que el juicio llega mal y tarde. Atrás quedan más de ocho años de una instrucción judicial que se cerró en falso en 2015 con el maquinista como único imputado. La lucha de las familias y la insistencia de sus protestas dieron sus frutos cuando la Audiencia forzó al juez instructor a reorientar una investigación que se acabaría cerrando en 2018 con dos imputados, entre ellos el responsable de seguridad de Adif.

Polémicas maniobras de Pastor

En los días previos al inicio del juicio han salido a la luz los movimientos que la exministra de Fomento, Ana Pastor, realizó para frenar la publicación de un informe europeo que cuestionaba la investigación del accidente por parte del Gobierno español. Según desveló el periódico Praza.gal, la ministra del Partido Popular se dirigió por carta a Violeta Bulc, entonces comisaria de Transportes de la UE, para intentar frenar la publicación de ese informe que dejaba en mal lugar la investigación del Gobierno.

Y es que una de las claves del proceso pasa por aclarar el reparto de culpas entre los dos imputados, el maquinista y el responsable de seguridad de la línea. En un movimiento de última hora Abogacía del Estado, en representación de Adif, va a intentar que el tribunal admita como prueba un vídeo montaje en el que se ven imágenes del tramo grabadas con posterioridad desde otro tren, a las que han superpuesto el audio de la conversación telefónica que el maquinista mantuvo con el interventor del tren antes del accidente. El documento no aporta ningún elemento nuevo y solo pretende ahondar en la tesis de que el maquinista se despistó con la llamada telefónica y que solo eso explica que un tren cargado de pasajeros pueda entrar a 190 quilómetros por hora en una curva restringida a 80.

Cuatro años de cárcel

Fiscalía pide para el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif cuatro años de prisión, al igual que la plataforma que representa a la mayor parte de las víctimas del accidente. Además, el Ministerio Público demanda que el maquinista, Francisco Garzón, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena y que el otro acusado, Andrés Cortabitarte, sea inhabilitado, durante el mismo periodo, para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.

La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a unos 57,69 millones de euros. Las personas y entidades contra las que se dirige la acción civil dentro del proceso penal son QBE (aseguradora de Renfe), Allianz Global Corporate & Speciality (aseguradora de Adif), Renfe y Adif, el maquinista del tren y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de los hechos.

Por su parte, el abogado que defiende a Francisco Garzón, el conductor del tren aquella jornada, solicita la libre absolución, al entender que “la clave” para que se produjera el siniestro está en la “carencia de un análisis de riesgo y medidas de seguridad” en la línea entre Ourense y Santiago. Garzón estuvo de baja por accidente laboral desde que se produjo la tragedia, el 24 de julio de 2013, hasta 2015, cuando se reincorporó a Renfe en tareas de gestión en talleres de material rodante. Recientemente se ha prejubilado.

También rechaza responsabilidades la defensa del otro acusado, Andrés Cortabitarte, que estaba al frente de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif cuando se puso en servicio la línea (lo estuvo de 2006 a 2013). Después, Cortabitarte fue reubicado por la empresa pública, pero se mantuvo en puestos de dirección hasta mayo de 2021, cuando presentó su renuncia y pasó a tener la categoría de técnico especialista, con la que accedió a su plaza.

Las víctimas

Desde la plataforma que agrupa a las víctimas su portavoz, Jesús Domínguez, asegura que su objetivo es “que la gente conozca la verdad” de lo sucedido, “a mayores de depurar responsabilidades”.

Este lunes se concentraron ante el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión de la exministra de Fomento, Ana Pastor, “por sus mentiras y maniobras de ocultación”, después de que trascendiese la carta con la que la actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja advirtió en su día a la comisaria de Transportes Violeta Bulc en relación con la “gravedad” de la publicación de un informe europeo crítico con la investigación oficial del Estado español -que solo señala al maquinista-.

Más de 500 testigos

El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos (sin perjuicio de que las partes desistan de alguna testifical antes o durante el juicio). Declararán una media de 15 testigos al día y de tres testigos/peritos por sesión.

Durante los últimos meses, algunas partes como QBE y el abogado del maquinista presentaron ampliaciones, a modo de actualización, de sus informes periciales.

Hay 446 personas perjudicadas que reclaman, las cuales están agrupadas en 154 acusaciones, asistidas por 110 letrados y representadas por 47 procuradores. Además, hay 53 perjudicados que no están representados por abogado y procurador, por lo que la acusación la ejercerá el Ministerio Fiscal.

Estos datos, según precisa el TSXG, fueron recogidos cuando las partes presentaron sus escritos de calificación, es decir, antes del auto de apertura de juicio oral, sin perjuicio de que en los últimos meses se haya producido algún desistimiento.

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