Un entramado de organizaciones ultracatólicas protagonizará este domingo una movilización contra el derecho al aborto y la eutanasia, mientras que Hazte Oír amenaza con convertirse en la «peor pesadilla» de la «ministra comunista».
Imagen de archivo de una manifestación de la plataforma antiabortista ‘Cada Vida Importa’ en Madrid – Plataforma Cada Vida Importa
Las organizaciones ultracatólicas saldrán el domingo de manifestación. El objetivo de la protesta será nuevamente el aborto, la eutanasia y todas aquellas medidas del Gobierno que buscan garantizar estos derechos. Las banderas, las pancartas y los carteles volverán a aparecer en las calles de Madrid bajo la convocatoria de la plataforma ‘Cada Vida Importa’, una red que busca acaparar las acciones antiabortistas y que cuenta con el patrocinio del Foro de la Familia.
La aprobación de la ley que garantiza el derecho a una muerte digna y los planes del Gobierno para reformar la Ley del Aborto se han convertido en la tormenta perfecta para los grupos ultracatólicos, que han decidido lanzarse a la calle para denunciar «los continuos menosprecios a la vida humana por parte de los poderes ejecutivo y legislativo de España».
«Porque no podemos permanecer impasibles ante las nuevas imposiciones ideológicas contra la vida. Porque los niños en el vientre materno y nuestros ancianos y enfermos necesitan que alguien los defienda: nosotros somos su voz», dice parte del argumentario lanzado por la plataforma que organiza la concentración de este domingo a las 12.00 en la Puerta de Alcalá y que cuenta con el respaldo de una veintena de organizaciones.
Detrás de esta plataforma está el Foro de la Familia, una red ultracatólica compuesta por una veintena de organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Católica de Propagandistas, la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos o la Asociación Nacional de Objeción de Conciencia.
El Foro de la Familia intenta volver a encabezar las campañas de marcado corte ultraconservador en España, por lo que la movilización de este domingo tendrá un significado relevante. De hecho, tanto el número de cuenta bancaria para las posibles donaciones como el número de teléfono de contacto de ‘Cada Vida Importa’ corresponde a esa organización.
En junio pasado, el Foro de la Familia ganó una batalla en el terreno judicial: según se conoció entonces, el Tribunal Supremo estimó el recurso de este grupo contra una resolución del Gobierno, que en 2019 había decidido retirarle la subvención de 35.000 euros anuales que percibía desde 2003 como entidad del tercer sector. El Foro recurrió al TS para tratar de revertir esa medida y los jueces del alto tribunal le dieron la razón.
En cualquier caso, no se trata de la única entidad antiabortista que cuenta con apoyo del Estado. La Asociación Más Futuro-Rescatadores Juan Pablo II, otra de las organizadoras del acto de este domingo, no recibe directamente subvenciones públicas, aunque sí goza de los beneficios derivados de la declaración de «utilidad pública» que le otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2017.
En noviembre de ese mismo año, el Ejecutivo del PP respondió por escrito al diputado socialista que dicha asociación cumplía con todos los requisitos necesarios para ser considerada de utilidad pública, un estatus que la administración de Rajoy había concedido anteriormente al grupo ultraderechista Hazte Oír.
Los «rescatadores» de Más Futuro se dedican a interceptar a mujeres que se dirigen a las clínicas abortivas para tratar de convencerlas de que reviertan su decisión. También suelen participar en escraches contra esos centros.
«Aniquilar a Dios»
En el entramado antiabortista que convoca el acto del domingo aparece la Fundación Educatio Servanda, una organización ultracatólica que tiene entre sus patronos al Obispo de Getafe, Ginés García Beltrán. Este grupo cuenta con tres colegios en Madrid y cuatro en Andalucía, a los que acuden 3.800 alumnos. Sus centros educativos, al ser concertados, reciben dinero público.
«El secularismo, que ambiciona aniquilar a Dios de la vida pública y pretende la sistemática supresión de cuanto cristiano hay en ella, se halla ampliamente difundido en todas las áreas de la sociedad; las manifestaciones antirreligiosas se suceden», advierte la fundación ultracatólica en su memoria de 2020. Allí destaca además que «el católico tiene la obligación de responder con serenidad a este escenario hostil».
Presión a Irene Montero
Las campañas antiabortistas en España también cuentan con la participación de Hazte Oír. El ‘lobby’ que dirige Ignacio Arsuaga mantiene activa estos días una campaña dirigida contra Irene Montero, a quien denominan «la ministra comunista». La asociación ultraconservadora busca presionar a la responsable del Ministerio de Igualdad por su decisión de impulsar la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
«A la ministra de Igualdad ya se le atragantó el café cuando le boicoteamos su encuesta popular para respaldar esta ley proaborto. No quiere vernos ni en pintura. Pero en este proyecto tú y yo vamos a ser su peor pesadilla porque hay miles de vidas en juego. Es aquí donde empezamos a frenar el avance abortista en España para cambiar la tendencia y lograr avanzar hacia la vida», sostiene Hazte Oír.
Entre 2013 y 2019, este grupo disfrutó de los privilegios fiscales que le garantizaba la declaración de utilidad pública concedida por Rajoy. El Gobierno del PSOE, a través del ministro Fernando Grande-Marlaska, se encargó de poner fin a esos beneficios con la cancelación de dicho estatus.
Perfil bajo
Con esos privilegios ya perdidos, el ‘lobby’ asegura que sus principales fuentes de financiación siempre han sido las «donaciones» de carácter anónimo. De acuerdo a los datos extraídos de sus memorias, dichas donaciones suman más de 17 millones de euros desde 2013.
Hazte Oír suele articular sus campañas antiabortistas a través de la asociación Derecho a Vivir, que a su vez se encarga de mantener contactos y coordinar acciones con otros grupos ultracatólicos. Sin embargo, de cara a la concentración de este domingo han optado por mantener un perfil bajo, al punto de que Derecho a Vivir ni siquiera aparece entre los colectivos que apoyan la protesta.
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